Bélgica, cuya capital fue convertida también en la capital de la Europa unida, es un reino sometido a enormes tensiones territoriales que obligan a sus políticos a realizar grandes ejercicios de equilibrismo desde que en el primer tercio del siglo XIX consiguió independizarse de los Países Bajos. Su papel como sede de las principales instituciones del proyecto político más ambicioso e ilusionante ocurrido nunca en la vieja Europa es, quizás, el contrapunto perfecto a un estado fragmentado con tres identidades lingüísticas muy marcadas que, no obstante, supo situarse en el grupo de los países fundadores de la Unión Europa.
Pero Bélgica, al tiempo que afronta sus propias pugnas territoriales, se ha visto -y no por casualidad- implicada en el conflicto de otro estado miembro de la UE. Su papel en la resolución del estrambótico órdago que Carles Puigdemont lanzó contra todo lo que le puso por delante cuando vio fracasado el desafío independentista determinará, en buena medida, cómo pueda afrontar posibles escaladas en su propio problema territorial. Pero también va a dar la medida de su prestigio y reconocimiento como estandarte de una Europa que aspira a consolidarse como una entidad política unida, asumiendo la diversidad cultural, lingüística, política y hasta etnográfica de sus 28 miembros (27, si Gran Bretaña consuma su particular despropósito provocado por políticos arruinados y oportunistas a los que tampoco importó las consecuencias de su huida hacia el abismo).
Una alta instancia judicial de Bélgica pasará hoy una prueba de fuego cuando decida si concede o no la extradición a España del destituido presidente catalán y los cuatro exconsejeros que se fugaron con él. La justicia belga, independiente del poder político pero que debe interpretar la normativa de un país que se entiende comprometido con sus socios, puede acabar colocándose al lado de los personajes más grotescos, como el propio Puigdemont, o el diputado Rufián.
Las explicaciones que la Fiscalía belga ha pedido a la jueza Lamela sobre el régimen penitenciario español, el trato que se dispensa a los encarcelados y hasta las garantías procesales que tienen, dejan un regusto amargo. Por momentos parece que se estuvieran escuchando las astracanadas del diputado que exhibe esposas desde su escaño. O los disparates del expresidente fugitivo que habla de estado franquista y presos políticos. Nadie lo toma en serio en Europa. ¿Y la Justicia belga?