Mientras continua el culebrón y se clarifican aspectos de la trama social mediática y virtual, de lo mucho dicho y de lo poco hecho por parte del nacionalismo catalán y del vacío político dejado por la visión ya forzada del subjetivismo romántico radical y revisionista de un sector de la izquierda, lleno de prisas y soluciones rápidas de atajo político, se visualiza socialmente en la escena de la trama a estas alturas, de dos contrarios en el mismo polo clasista oligárquico, con el añadido de un pueblo fácil: dominante y neoliberal uno, el otro que no acaba de salir del armario, conservador y fascista, unidos por el pánico de la ruptura del bipartidismo por Unidos Podemos y las confluencias en las europeas del 2014. En el parlamento español lo representan el PP-PSOE-Cs-PDeCAT-PNV-FORO-CC y PNN.
Una clarificación se genera con la visualización pública, de que la proclamación de la independencia conllevaba entre los convocantes, el conocimiento del ritual 155 constitucional y sus consecuencias (aunque no todo es previsible) lo que permitió jugar más con la virtualidad mediática, que ambos contendientes poseen, que con los mecanismos políticos y legales democráticos. La otra se lanza desde el gobierno de España con la publicitación televisiva para el vulgo de la imagen del patriarca usando al gusto su legalidad democrática. Lanza la regañina al hijo díscolo, ante un pueblo con cultura televisiva de fútbol y toros, deseoso incluso de superiores castigos. Conscientes los contendientes, de que los comportamientos mediáticos que publicitan, construyen una posverdad que los potencia socialmente en su ámbito de influencia, con una disminución proporcional en el campo social contrario.
A estas alturas, parte del gobierno catalán está en el exilio dorado de la derecha extrema europea, el resto rinde pleitesía en la cárcel monárquica, que no bolivariana ¿qué queda de la DUI revolucionaria que iba a liquidar el régimen del 78? Pues queda algo que no es coincidencia, si no pura planificación. Ejemplo, la aprobación por todos ellos en el parlamento español en junio del 2017 y ratificado este octubre pasado por el senado, del tratado de libre comercio CETA, entre la Unión Europea y Canadá, que abre la puerta a las multinacionales yanquis, poniendo en peligro toda la red de empresas privadas y públicas, precarizando más el empleo y provocando la privatización de los servicios públicos por ley, especialmente en el ámbito de la salud, la alimentación y el medioambiente. Otro, el tapado mediático de la corrupción saltada estos meses, justo cuando la fiscalía declaraba demostrado el atentado al estado de derecho por el PP en el caso Gürtel, es el mismo momento político que el Presidente del gobierno Mariano Rajoy, con nombre y apellido en los papeles de la Gürtel, acusaba al nacionalismo catalán por la DUI, de atentar al estado de derecho y por terminar, el que relacionaban a la casa real con el caso de la fortuna de la familia Ferrusola, es decir de Jordi Pujol Ferrusola.
¿Pero de todo esto, qué es lo que nos queda a la clase obrera española? Pues queda lo real, lo legislado durante todos estos meses para reprimir la revuelta virtual del nacionalismo burgués, que no es poco, en el ámbito de la libertad de movimiento de las empresas y lo experimentado en el campo de la capacidad de intervención de los poderes fácticos, ejército, policía y poder judicial, sustituyendo al sujeto político y sus instituciones democráticas, por las leyes emanadas del estado. La experiencia nos dice, que igual que a los huelguistas del 14 N les aplicaron la legislación desarrollada en la lucha antiterrorista, con cientos de detenidos, cárcel y multas, en el futuro, la represión no la ejercerá el poder político en el gobierno, sino directamente desde el poder judicial, la policía o el ejército, en aplicación de las leyes de las que «democráticamente» nos hemos dotado, para defender la unidad de España.
La oligarquía neoliberal ha construido una realidad virtual con el apoyo de una parte de la izquierda, de una confrontación entre pueblos de España tipo naranja, donde incluso se arriesgan convertir a España en un estado fallido, antes que nazca una nueva Grecia, que impida acabar el objetivo de apropiación radical de todos los bienes y propiedades públicas de la clase obrera y el pueblo, iniciado cuando las hipotecas basura del 2008 explosionaron, por la crisis global que arrastra el sistema desde los años setenta, de reducción inexorable de los beneficios empresariales, justificando los tremendos recortes del gobierno socialista de Zapatero del 2011 y acusándonos al pueblo la oligarquía, de vivir por encima de nuestras posibilidades. Paralizado por las movilizaciones espontáneas de empleados públicos, las mareas, el 15M, la marcha por la dignidad y políticamente, por los resultados de las elecciones europeas del 2014, con la derrota por primera vez, del bipartidismo inaugurado a inicios de los ochenta entre el PSOE y PP. Los buenos resultados de Podemos e Izquierda Unida desde entonces han bloqueado en gran parte, las políticas austericidas de la troika europea de recortes a todos los niveles y de la privatización de los servicios públicos, que puedan dar beneficio a la empresa privada, dentro del libre mercado.
Con esta trama que ha ocultado la otra, de apropiación ilegal de fondos y empresas públicas, han mejorado el sistema de represión y del sometimiento social mediático. Han delegado en el poder judicial y fácticos, la capacidad de represión mediante la aplicación directa del estado de derecho, por encima del estado democrático y esto es sencillo de entender en su sentido final, si nos situamos en un mañana, donde una mayoría parlamentaria en el congreso, toma la decisión política de la elección del presidente del estado, mediante unas elecciones democráticas y pretende reformar la constitución. Entonces, el poder judicial en sus estructuras superiores, está facultada para enjuiciar al órgano y personas por sedición desde su particular forma de entenderla la Ley y la Constitución. Han conseguido también otra cuestión política fundamental, posiblemente el objetivo principal de esta trama, el debilitamiento orgánico y electoral de Podemos, Unidos Podemos y las confluencias, por el conocimiento sociológico e histórico que tienen, de los puntos fuertes y debilidades de la izquierda reformista española.
Seamos conscientes, el desarrollo de las políticas de recortes, privatizaciones y austeridad de los neoliberales, necesitan de una mayoría parlamentaria que Unidos Podemos y las confluencias tenían en jaque, agravado por la victoria de Pedro Sánchez en el PSOE para revitalizarlo por la izquierda. Con este sarao catalán, la derecha neoliberal y conservadora, que incluye a la mayoría parlamentaria del PSOE, contrarios a Pedro Sánchez pero integrados en las políticas neoliberales y la corrupción, no solo revitalizaron la parte reaccionaria de los victoriosos del golpe de estado de 1936, sino que también los situaron al frente de la movilización de masas dándoles legalidad democrática, ante una falta de iniciativa de la izquierda popular, por la división surgida en Unidos Podemos y las confluencias, especialmente en la plaza fuerte catalana, abrazando una parte de su fuerza, el discurso liquidacionista del nacionalismo burgués, como de izquierda.
Si esto continúa así, que las tiene todas dadas si Unidos Podemos y las confluencias no enderezan el vuelo, independientemente de lo bueno y lo malo del resultado electoral del 21 D catalán para los neoliberales y el pueblo. La Comisión Europea, el Banco Central, con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y bajo las órdenes del gobierno alemán lo tienen decidido; ante el elevado déficit público español, de paro y precarización masiva del empleo, de huida de capital foráneo y propio por falta de inversiones públicas y beneficios y ante la falta de iniciativa del gobierno de la nación, en tomar medidas que den confianza al mercado y posibilite el pago de la deuda y reduzca el déficit, han decidido eliminar la compra del 50% de los bonos de deuda emitidos por los gobiernos, entre ellos el del español.
Esto quiere decir, que dentro de los presupuestos generales del estado para el 2018, actualmente en suspenso, cargarán todas las culpas al pueblo catalán de las responsabilidades del tremendo déficit de la hacienda española, acrecentado por la desconfianza del mercado por la aventura independentista en un momento crucial, de la moto que nos vendían de crecimiento económico. Cargando con todas sus fuerzas, incluidas las del grueso del grupo parlamentario del PSOE, con una ofensiva mediática y real desde la cínica defensa de un mínimo estado de bienestar, de la necesidad de aprobar los recortes de las pensiones, salarios y de empleo público, continuando con las privatizaciones de las empresas y servicios públicos que quedan, situándolas en manos del libre mercado inaugurado del CETA y la deuda sin pagar.