O de cómo pagar la clase obrera española, el déficit a priori de 13.000 millones de euros, que anuncia el gobierno de PP que tiene de coste el asunto catalán a las arcas del estado, una amenaza que conlleva estrategia para las futuras elecciones, responsabilizando ante el pueblo español al pueblo catalán de los recortes futuros en salarios y pensiones, con el objetivo de que paguemos la crisis. La burguesía catalana aplaude con las orejas, porque también participa del postín, dentro de la propiedad y acciones de las empresas y sociedades financieras que comparten con la española, la europea y del resto del planeta.
Resulta irritante la pretensión de dar como cierta por histórica, una explicación de confrontación entre élites burguesas por revisionista, dando igualdad a todas las personas desde conceptos abstractos como pueblo y ciudadanía, con una burguesía vendepatrias, sin fronteras financieras y de paraísos fiscales como las del PP y PDeCAT, que autoproclamada como pueblo por el constitucionalismo del 78, situó la contradicción en la recuperación de «sus» derechos históricos como pueblo catalán dentro del estado español, cuando es un problema sin solución entre burgueses, como propietarios de la industria, el comercio, entidades financieras y desde siglos, de la tierra, de sus poderes fácticos y del gobierno.
Esta posverdad de hacer para la clase obrera como pueblo el problema de los propietarios burgueses, además de manida en la historia de la lucha de clases, nos viene dada por el abandono del marxismo del PCE y el PSOE en los años setenta, posibilitando que la izquierda que representaba a la clase obrera y al pueblo ( que engloba a todas las clases sociales menos a la oligarquía dominante) acordara en la constitución del 78, darnos unos derechos genéricos (dentro del pacto social de estado de bienestar que se nos ofertaba) en trabajo, sanidad, enseñanza, servicios sociales, dependencia y de libertades en la calle y el trabajo y para ellos que no olvidan la lucha de clases, firmeza en los derechos fundamentales que salvaguardan la propiedad privada y el libre mercado, bajo una monarquía parlamentaria como estado de derecho, todo ello sobre la base del mantenimiento del aparato fascista del estado franquista, lo cual explica el poder y corrupción de los poderes facticos y la escasa independencia del poder judicial.
Este acuerdo que también era entre oligarquías, encubierto como derechos históricos, es el que salta fruto de la presión que ejerce la competencia por el control del libre mercado y de los instrumentos del estado burgués de apropiación de los ahorros, salarios, pensiones y propiedades de la clase trabajadora, especialmente los de la clase media, que abarca desde la clase obrera con trabajo fijo, al profesional, autónomos y pequeños empresarios, que inexorablemente ven avanzar su proceso de proletarización con sus hijos y nietos en trabajos precarios, sin salario estable y con sus propiedades y la de los avalistas hipotecadas, cuando no embargadas por las entidades financieras, por un extractivismo salvaje de los bienes y propiedades, amasadas durante los treinta años de pacto social de estado de bienestar.
La crisis global del sistema capitalista y de la hegemonía occidental, conlleva la confrontación entre oligarquías por el control del libre mercado y el monopolio, donde el beneficio es el objetivo final y el extractivismo a las clases populares de ahorros, salarios, pensiones, propiedades y servicios públicos como sanidad, enseñanza o dependencia, base de una sociedad desarrollada como Cataluña, el objetivo del capital financiarizado en la apropiación de bienes para su beneficio. En EEUU la derecha reaccionaria confronta con la neoliberal y la vence electoralmente, combatiéndose en el gobierno, en organismos económicos, militares y en la calle, desde el carácter imperialista de ambas por mantener su poder. En Gran Bretaña, el brexit triunfa en una pacífica lid entre oligarquías, para independizarse del brazo alemán bajo el apoyo del poder financiero de la City, con el objetivo de liderar en Europa y occidente la penetración de un yuan chino, dentro de la canasta de monedas del FMI y como referente del nuevo poder económico que se vislumbra desde Eurasia con la Banca Asiática china, los BRICS y su Banco de Desarrollo, en la apuesta de la nueva Ruta de la Seda China. En Francia, todo el neoliberalismo desde el progresista hasta el más conservador, se unen para vencer y polarizar la sociedad entre la «democracia» representada por ellos contra el «fascismo», que supuestamente simboliza la derecha oligárquica de Le Pen, como táctica para derrotar a la izquierda radical reformista de Mélenchon. Lo cual lograron.
En España, después de más de cuatro años de ruptura del bipartidismo, con el acoso mediático de los neoliberales construyendo fracturas internas a Podemos, poniendo gestoras a los partidarios del NO al gobierno de Rajoy, para que no confluyan con Unidos Podemos y formen gobierno, pero aún así con todo, fueron incapaces de hundirlo en las encuestas, hasta ahora, que un partido en el gobierno español y otro en el catalán, con docenas de dirigentes, diputados y senadores encausados por delitos contra los bienes públicos, con un déficit público que llega al 100% del PIB según sus cuentas, con un nivel de desempleo y precariedad del más del 50% de la población activa, que si no aumenta, es por la jubilación anticipada a la que obligan, a miles de personas que pierden su puesto de trabajo y subsidios al superar los sesenta años, perdiendo de media del 30 al 40 por ciento de su pensión y por la migración de miles de jóvenes anualmente, en busca de un empleo que les garanticen una vida digna con derechos. Y con todo este lío, topan con el filón de la falta de identidad de clase como pueblo, por el revisionismo del 78.
Superado el conflicto vasco con la derrota del independentismo, nace el conflicto entre oligarquías en Cataluña, con la utilidad de tapar trapos sucios y de paso dirimir diferencias por la caída de beneficios y por la acaparación de nuevos negocios dentro de la crisis global. El interés de la oligarquía catalana pasa entre otros, por el control de la Hacienda Pública en línea con la de Euskadi y Navarra, insolidaria con el resto de comunidades. De quién controla y gestiona en España las inversiones y contrataciones en la configuración de las rutas de comunicación con la Europa Central y África, dentro de la ruta de la seda terrestre y marítima china. De a quien revierten los beneficios y corruptelas de los fondos de inversión que gestionan el parque de viviendas e inmuebles barcelonés, limitado por las trabas municipales del gobierno de Ada Colau y principal enemiga de la oligarquía a batir en Cataluña. Por estas y por las que saldrán, es por lo que han creado el problema catalán, como estrategia válida para derrotar a la única opción capaz de derrotarles hasta hoy, Podemos y sus confluencias en Unidos Podemos.
Y esto es lo que nos estamos jugando la clase obrera en estos momentos, que en vez de alegrarnos de la división entre oligarquías, la convertimos en una jornada de luto, ante el seguidismo de amplios sectores de la izquierda del supuesto derecho histórico de la burguesía oligárquica catalana, a gestionar política, económica y culturalmente el erario público, los servicios públicos y la empresa pública, dentro de una economía de libre mercado sin control público, con el objetivo de obtener más beneficios y romper así la unión política de la clase obrera española, en torno a unos derechos iguales para todos en el conjunto del estado, igual que lo pedimos para el conjunto de la clase obrera europea. Es decir, que para las próximas elecciones catalanas y españolas, los reformistas de Unidos Podemos, no solo son el enemigo a batir, lo son a desaparecer por una oligarquía que no es vasca, catalana o española, es neoliberal.