Más que un documento político, la carta con la que Carles Puigdemont respondió ayer al requerimiento del Gobierno para que precise si ha declarado o no la independencia de Cataluña es la obra de un chiflado. Una pieza ignominiosa que no solo demuestra que Cataluña está en manos de unos facinerosos a los que hay que inhabilitar sin demora para que dejen de hacer daño, sino que, al margen de su sintaxis atroz, retrata a quien la ha escrito cuando pide a Rajoy que paralice las actuaciones judiciales contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y contra los líderes de las revueltas sediciosas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Al parecer, Puigdemont desconoce que en un Estado de derecho el poder judicial no está sometido al poder ejecutivo, al contrario de lo que ocurriría en esa fantasmal república catalana que propugna.
Esa independencia judicial es precisamente la que ha permitido que una magistrada enviara ayer a prisión a Sánchez y Cuixart, dos matones dignos de una peli de mafiosos, sin esperar al final del sainete epistolar entre Rajoy y Puigdemont. Pero también que en lugar de encarcelar a Trapero, como parecería razonable tras su traición al Estado de derecho, se conformara con retirarle el pasaporte que acredita su condición de español. Si a este proceso demencial le faltaba algún componente surrealista, resulta que un imputado por sedición va a seguir siendo el jefe de la policía autonómica en Cataluña. Y que, por tanto, un comisario que ha participado presuntamente en un golpe de Estado, y sobre el que pesan gravísimas acusaciones, sigue teniendo bajo su mando a 17.000 agentes armados. Una situación ciertamente inquietante a tres días de que el Estado vaya a tener que reinstaurar el orden en una Cataluña en la que reina el caos total porque es un territorio sin ley, sin un Gobierno legítimo y en el que las turbas se han adueñado de las calles.
En todo caso, la obligación de un demócrata es respetar las decisiones judiciales, cosa que los independentistas llevan mucho tiempo sin hacer. Algunos parecen haber olvidado que ese Puigdemont que se permite la chulería de emplazar al presidente del Gobierno a una reunión de igual a igual es un presunto delincuente imputado por los delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y desobediencia. Y que como España es un Estado de derecho, Puigdemont tendrá que responder ante la Justicia incluso en el caso nada probable de que este jueves niegue haber proclamado la independencia. Resulta inaudito que haya quien sostenga que si «vuelve a la ley» sería posible negociar con él una salida política a esta crisis. A la ley no se va ni se vuelve. La ley se cumple. Y cuando se viola, se asumen las consecuencias judiciales. Sánchez y Cuixart, que esta noche duermen a la sombra, empezaron a comprobarlo ayer. Puigdemont y Oriol Junqueras no deberían tardar mucho en constatarlo también, incluso en el muy probable caso de que traten de salvar el pellejo convocando unas elecciones autonómicas antes del jueves.