Aunque afirmar que «nadie sabe cómo terminará la crisis catalana» ha acabado por ser un lugar común en las últimas semanas, tal duda resulta en realidad un recurso retórico para no tener que enfrentarse a la verdad. Pues la verdad, ¡dejémonos de coñas!, es transparente como el agua.
La crisis catalana, que no es otra que la rebelión de la Generalitat contra el Estado, solo puede finalizar de dos maneras: o con la renuncia de los secesionistas, por las buenas o las malas, a consumar el delito de sedición que preparan desde hace varios meses: o con el triunfo de los rebeldes, que acabarían celebrando el referendo y, por supuesto, ganándolo con toda claridad. El Roto lo expresaba muy bien en una de sus últimas viñetas: «Ya está todo preparado: el censo, lo colegios, las urnas y los resultados», decía un personaje, adornado con una barretina.
Después vendría, claro, la declaración de independencia y la proclamación de la república. Y, con todo ello, la pura y simple desaparición del Estado español, que aparte de un ridículo internacional insuperable, carecería de cualquier legitimidad en el futuro para imponer la ley a nadie: desde multar hasta condenar a un asesino.
Por eso, para evitar un desastre de inmensas proporciones y previsibles consecuencias, los poderes del Estado no pueden ya seguir sin cumplir con su deber, actuando como si los rebeldes fueran solo unos payasos que ensayan un número circense y no unos peligrosos delincuentes que tratan de consumar un gravísimo delito de sedición contra el Estado. Algunos de ellos han declarado que ya tienen las urnas para el referendo que pretenden, urnas sin la cuales no podrá aquel llevarse a cabo. Pues bien, ¿a qué espera la fiscalía para investigar con todo su poder dónde están esas urnas y para solicitar al juez que las incaute de inmediato como lo que son en realidad: instrumentos para la comisión de un delito? ¿A qué espera el juez competente para imputar por desobediencia, prevaricación y malversación a todos los responsables de la compra de las urnas? ¿Piensan jueces y fiscales seguir como meros espectadores de la sedición que se prepara, como si no fuera con ellos la persecución de los delitos?
Ante la situación extrema a la que nos enfrentamos, todos los poderes del Estado tienen que cumplir con su deber. Pero esa obligación, cuando la legalidad está siendo vulnerada de un modo tan grave, evidente y contumaz corresponde de un modo muy especial a la fiscalía (que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, según la Constitución) y a los jueces, que administran en exclusiva la justicia. Con que unos y otros pongan tanto celo en perseguir la sedición como los regalos que perciben los políticos, el país se habrá salvado de su peor crisis desde la sufrida aquel 23 de febrero de infaustísima memoria.