A juicio (nunca mejor dicho) de Pedro Sánchez, Mariano Rajoy debería haber dimitido ayer mismo. Y además, por la mañana, sin esperar a la tarde. En cambio, según el tradicionalmente ponderado criterio de Pablo Iglesias, a Mariano Rajoy no hay que pedirle que dimita, hay que echarlo. A él y a todo su partido, esa panda de corruptos que contaminan las instituciones. Que sepamos, nadie ha pedido todavía la guillotina, ni la horca, ni el garrote vil para el presidente, pero tampoco hay que perder la esperanza: como la dureza de la pena depende del último que hable, quizá sea cuestión de esperar unas horas.
Esta es la «justicia política» de que hablábamos aquí hace dos días: infinitamente más dura que la Justicia de los jueces. Me estoy preguntando qué ha cambiado después de la declaración para esa contundencia en las posiciones de la izquierda, y no acabo de ver la novedad. Jurídicamente, Rajoy salió vivo de los interrogatorios, según reconocen la mayoría de los cronistas. Y políticamente salvó la situación sin más esfuerzo que el de no contradecir lo que previamente había dicho en ruedas de prensa. Se puede creer más o menos (yo no creo nada) que no hubiera oído ni rumores sobre las andanzas de Bárcenas y Correa en los despachos de Génova. Se puede desconfiar más o menos (yo desconfío todo) de que no sabía nada de pagos ni de financiación de las campañas electorales que él dirigió. Pero no hay un solo indicio de culpa que haya emergido ante el tribunal. Perdón: al lado del tribunal. Hay los mismos indicios que había antes.
Por tanto, lo que juzga la oposición no son hechos, sino prejuicios. Los delitos de Rajoy para dimitir o echarlo son dos: primero, que fue llamado a declarar, esa «vergüenza para España», según dicen los oponentes. Y segundo, que no colaboró debidamente con la Justicia. Incluso les pareció indigno que tratara de defenderse. Seguramente no colaboró porque no se inculpó a sí mismo, como le hubiera gustado a Sánchez e Iglesias, o no denunció a ninguno de sus compañeros. Es todo un poco cómico, pero así es la justicia política.
Mis criterios: 1) Rajoy hizo la declaración que haría cualquier testigo que sabe que se analizan sus palabras para ver si lo cazan en algún renuncio. 2) Si en el PP existía tal reparto de funciones que el sector político no sabía lo que hacía el sector económico o administrativo, no es extraño que Bárcenas se haya quedado con el dinero que le ha dado la real gana: la dirección del partido se lo permitió. Toda corrupción era posible por falta de control. Y 3) Aunque el testigo haya salido vivo de la sala, no cabe duda de que esa falta de control lo deja políticamente tocado. Pero no tanto como para mandarlo al paredón.