En un reciente informe de referencia mundial sobre el bienestar de la población infantil (Equidad para los niños, Unicef, 2016) se analiza la evolución durante los años de la crisis (2008-2013) de la desigualdad de ingresos de la población infantil en más de cuarenta países ricos.
Para ello, se toma como termómetro lo que sucede con el diez por ciento de la población más pobre, que se evalúa en relación al ingreso mediano de toda la población (que es el que divide a esta en dos mitades idénticas).
Dicho informe sitúa a España en el peor de los grupos considerados, ya que «el mayor aumento en la desigualdad, de al menos un 5 %, se registró en cuatro países del sur de Europa (España, Grecia, Italia y Portugal) y en 3 países del este europeo (Eslovaquia, Eslovenia y Hungría). En todos estos países, con la excepción de Eslovaquia, los ingresos de las familias con niños situadas en la mediana descendieron, pero los ingresos del percentil diez cayeron todavía más deprisa, dejando aún más atrás a los niños más pobres». Solo en Italia y en Grecia la situación de la desigualdad infantil empeoró durante esos años más que en España.
Lo que quiere decir que no solo disminuyó el ingreso mediano de las familias españolas entre el 2008 y el 2013, sino que el de los hogares donde viven los niños más pobres disminuyó con mayor intensidad en España.
El informe también cuantifica el esfuerzo realizado por las Administraciones públicas para reducir esa desigualdad. Entre los que más redujeron por esa vía dicha desigualdad destacan el Reino Unido o Irlanda, que lo hacen en más de cuarenta y cinco puntos porcentuales. Entre los que menos la reducen se encuentran Portugal o Grecia, que apenas lo hacen en menos de cinco puntos. En España la reducción fue de apenas diecisiete puntos.
Como contraste digno de encomio debe señalarse que cuando el informe cuantifica, en vez de la desigualdad en los ingresos, la desigualdad educativa o sanitaria que afecta a nuestra población infantil, España asciende más de veinte posiciones en el ránking de esos mismos países (del 36.º al 11.º). No podría visualizarse de mejor forma el virtuoso y crucial papel que cumple el acceso universal a nuestra educación y sanidad pública.
Dado el agravamiento y nivel de desigualdad social que castiga a los hogares donde viven niños españoles con menos recursos, se hace necesario un esfuerzo muy superior al realizado por nuestro sector público. Que no debiera ser inferior al que sí hacen el Reino Unido o Irlanda.
Por eso, me parece más que razonable suscribir el apoyo al Pacto por la Infancia que ya casi ciento cincuenta mil personas han respaldado, a iniciativa de Unicef, para que el Gobierno español, ahora que ya producimos la misma riqueza que antes de la crisis, refuerce sus esfuerzos contra la pobreza infantil. Para no dejar este asunto en manos de la filantropía o de formas vejatorias de caridad.