No está teniendo mucha suerte en esta su segunda (o tercera) vida política el ministro Montoro. Quizás porque tampoco puso mucho de su parte, con ese peculiar estilo que le imprime a sus intervenciones y, sobre todo, a sus decisiones. Lo que, en una típica pirueta eufemística, bautizó en el 2012 como regularización de activos y que todo el mundo entendió que era una amnistía fiscal de libro acaba de ser tumbada por el Tribunal Constitucional.
La abstinencia fiscal no es cosa solo de futbolistas y dirigentes deportivos. Al perdón de Cristóbal Montoro -junto a otros 30.000 españoles, según los cálculos del Gobierno,- se acogieron personajes de relumbrón, como el tesorero Luis Bárcenas, algunos miembros del clan Pujol, Francisco Granados, imputado en el caso Púnica, o el mismísimo Rodrigo Rato, exministro del milagro económico y de las tarjetas black. Pero pueden estar tranquilos porque, en aras de la seguridad jurídica, dice el Constitucional que lo hecho, hecho está. No hay marcha atrás.
La resolución del tribunal que tiene encomendada la interpretación de la Carta Magna supone un revés serio para la política fiscal de Rajoy y su ministro Montoro. Porque, además de decirle que utiliza un procedimiento incorrecto para aprobar la medida (un decreto ley), esta representa la «abdicación del Estado» en su obligación de hacer efectivo aquello de que Hacienda somos todos y cada uno en función de sus ingresos. Y desmonta el argumento, ciertamente cínico, de que la amnistía es un instrumento para luchar contra el fraude fiscal. Ni siquiera la recaudación obtenida (unos 1.200 millones) justifica los medios. Vamos, que Montoro esta vez tampoco dio una.