Desde el 20 de diciembre de 2015 (el 20D), el Estado español se encuentra atrapado en una convulsión que no vivíamos desde la etapa de los años 70 del siglo pasado, etapa que ya se está denominando en muchos foros la Primera Transición. Y es que, más allá de lo que dure esta legislatura, la Segunda Transición ya se está abriendo paso.
En este panorama, las y los pensionistas de Asturias, que sumamos cerca del 30% (unas 301.000 personas) del total de población, debemos ser conscientes de la fuerza, es decir, del poder político, que tenemos si nos unimos y luchamos en torno a una idea muy sencilla: que los poderes públicos cumplan la Constitución, en especial, los Artículos 43.1 (Derecho a la salud), 47 (Derecho a una vivienda digna y adecuada) y 50 (Derecho a unas pensiones dignas y periódicamente actualizadas), artículos que, aunque fueron insertados en la Constitución con carácter programático como Principios (sólo) Rectores --no normativos, de obligado cumplimiento--, nada ha impedido cumplirlos a los distintos gobiernos que hemos padecido; ocurre simplemente que no han tenido voluntad política. A este respecto, y para no marear con cifras, digamos sólo que, según el informe de la Red Europea Contra la Pobreza y Exclusión Social, más de 25.000 hogares asturianos y 126.00 pensionistas (41,6% de las pensiones en Asturias) viven por debajo del umbral de la pobreza, y muchas de aquellas que aún reciben una pensión digna la tienen que compartir con sus hijos o nietos, debido a la precariedad laboral.
Por otra parte, a las personas en activo se las está presionando para que se olviden de disfrutar en su día de una pensión pública y abran un plan de pensiones privado. Y para que eso cale, personajes de renombre, bien engrasados y con un impostado aplomo, sueltan mensajes como «el aumento de la esperanza de vida hace inviables las futuras pensiones públicas»; «la actual ratio trabajadores vs. pensionistas de 2,3/1 hace inviable el sistema de pensiones públicas»; «...en el año 2050 las pensiones públicas serán raquíticas». A todas estas monsergas, más propias de brujería que de ciencia, hay que contestar con lo evidente: la Humanidad ha sabido avanzar incluso en condiciones más adversas que las actuales, y la degradación del bienestar no va implícita en lo natural, pues las políticas públicas las hacen los políticos en función de la correlación de fuerzas representadas en las instituciones y de la movilización de los ciudadanos.
De los problemas que hoy más inquietan a jubilados y trabajadores en general, destacan las dos leyes emanadas de las 15 recomendaciones del difunto Pacto de Toledo. Por una parte, la Ley 24/1997, de 15 de julio: Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social, que, en esencia, contiene la separación de las fuentes de la Seguridad Social; por otra, la Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social o (hucha de las pensiones) y desarrollada por el Real Decreto 337/204, de 27 de febrero. Pues bien, la idea del mencionado Pacto de Toledo partió de CiU, pues fue su entonces diputado a Cortes Francesc Homs quien con fecha 2/3/1994, presentó en la Comisión de Economía del Congreso la Ponencia 154/4, con la cual, mediante los posteriores trámites parlamentarios y subsiguientes negociaciones con los agentes sociales (en Toledo), se convirtió en el documento Pacto de Toledo. Hoy sabemos que ese partido que tuvo tan genial idea, no era otro que el de las presuntas mordidas del 3%, cuyo presidente en esas fechas, Jordi Pujol, se encuentra hoy imputado por diversos delitos de corrupción. Viendo eso ahora con perspectiva, podemos consignar que esa idea y leyes derivadas de la misma no eran todo bondad: perseguían, por un lado, poner una barrera entre los jubilados las pensiones contributivas y los Presupuestos Generales del Estado, con el fin de mantener raquíticas las pensiones en tiempos de vacas gordas y, por otro, tenernos callados a los pensionistas en tiempos de vacas flacas, todo ello gracias a la «hucha».
Pero todo hace pensar que esa treta está llegando a su fin: a la hucha sólo le quedan 24.207 millones, o sea, menos de un año, y, como no se vislumbra un final del periodo de vacas flacas, el Gobierno sea el que sea tendrá que optar por un camino distinto para complementar el déficit de ingresos. En este sentido, la propuesta que viene haciendo para ello determinado partido político consiste en cubrir dicho déficit con un «impuesto especial a las grandes fortunas». Esto, que a simple vista parecería justo, es lógico que los jubilados y pensionistas lo rechacemos de plano para no caer en el pozo de la dependencia y caridad de nadie. No existe ninguna razón para que se nos siga excluyendo del acceso directo a los Presupuestos Generales del Estado, como ocurre con otros estamentos de nuestro país bien conocidos, entre otros, el Ejército y la Casa Real. Asimismo, los derechos sociales, como son los mencionados al inicio de estas líneas, en la inaplazable reforma de la Constitución deben quedar blindados, es decir, con carácter normativo, no programático como Principios Rectores.