La reforma electoral asturiana está en el filo de la navaja. En todo caso esto no es algo nuevo. Desde que comenzó la crisis económica y política en España se han abierto debates para reformas en diversas comunidades autónomas (Como Madrid o Cataluña) y, tras la llegada de los nuevos partidos a casi todas las asambleas, tenemos comisiones de estudio o proyectos a tramitar en casi todas ellas. Hubo un intento en Asturias la anterior legislatura que no fructificó, pero recientemente hemos visto una reforma exprés en la Región de Murcia la cual pasó a un distrito uniprovincial y redujo su barrera electoral al 3%. Reforma, por cierto, pactada entre PSOE, Cs y Podemos a la cual, a regañadientes, se tuvo que sumar el PP desde el gobierno. Una reforma orientada a mayor proporcionalidad y pluralidad en la Asamblea, justamente el camino contrario que transitó De Cospedal la anterior legislatura.
Esta fiebre reformadora de las instituciones no debería sorprendernos demasiado; cuando hay situaciones de crisis los partidos suelen recurrir a estas reformas con la esperanza de mejorar la política del país y el apego de su ciudadanía. Ahora bien, conviene no poner muchas expectativas en que una reforma electoral sea una varita mágica que solucione todos nuestros problemas. No es el caso. Sin embargo, ello no significa que una reforma electoral sea irrelevante. Los partidos sí que adaptan su comportamiento a los incentivos que generan las nuevas reglas, aunque no siempre sea de modo unívoco ni inmediato. Por lo tanto, una buena reforma debe buscar preservar aquello que funciona bien del sistema pero, de manera incremental y orientada a objetivos, que sea factible y con acuerdos amplios a poder ser.
Probablemente la más interesante de cuantas reformas electorales están hoy encima de la mesa es la del Principado de Asturias, esencialmente por lo ambicioso de las dimensiones que aborda. Básicamente, puede sintetizarse en tres.
En primer lugar, la reforma electoral asturiana propone mejorar la proporcionalidad mediante un distrito compensatorio de 10 escaños que recoja los restos no empleados en el reparto de las tres circunscripciones asturianas. Esta solución, fruto de un compromiso entre UPyD e IU (que querían un solo distrito) y la FSA (que quería mantenerlos), no es ni mucho menos una anomalía en nuestro entorno. Hay sistemas semejantes en países tan dispares como Grecia, Suecia, Dinamarca o Bélgica, con dos niveles de reparto, y en países como Austria que llegan hasta los tres. Este sistema lo que implica es una mejora de la proporcionalidad en el margen, con una pequeña variación que genera mejor correspondencia entre votos y escaños.
Algunos críticos con este modelo han alegado que se trata de un modelo complejo, pero lo cierto es que sólo lo es en el reparto. A nivel de mesa, los votantes siguen teniendo una papeleta (no como el conocido modelo alemán) y el recuento se realiza de la misma manera. La única diferencia es que sobre el total de la cámara habrá una decena de escaños netamente provinciales, los cuales obtendrán los candidatos de las circunscripciones que se hayan quedado más cerca de entrar en la Junta General. Es, por tanto, un compromiso entre una mejora de la proporcionalidad y una garantía de la gobernabilidad.
La segunda variación clave es el diseño de la papeleta electoral. El modelo asturiano, pionero en el conjunto de España, sería el primero en tener listas desbloqueadas. Con este modelo los ciudadanos asturianos podrían asignar de manera opcional un máximo de nueve cruces a los integrantes de la lista (a excepción del cabeza de lista, que entraría por defecto) para modificar la papeleta presentada por los partidos. Para evitar que los partidos pierdan totalmente el control, sólo aquellos candidatos que obtuvieran un umbral del 5% promocionarían. Esta cifra es intermedia entre el 3% de Eslovaquia y el 8% de Suecia pero incluso cuando se tramitase la enmienda de los partidos asturianos de subirlo al 10%, sería un cambio importante.
Este modelo, mezcla de la papeleta sueca y belga, tiene como principales ventajas permitir marcar a los candidatos preferidos y generar tanto buena información a los partidos (saben los candidatos más populares) como empoderar a los candidatos (tienen una legitimidad directa del ciudadano internamente). Además, los cambios en la lista no son importantes, pero sí genera una revolución dentro de los partidos y de cómo hacen la campaña, mucho más personalizada. De hecho estos sistemas están presentes en la mayoría de sistemas proporcionales (Portugal, Italia, Serbia y nosotros como excepciones en el entorno) y no generan trastorno ninguno.
Finalmente, la ley asturiana también incorpora importantes mejoras en la participación. Incluye que los partidos asturianos deben hacer primarias para elegir a sus cabezas de lista, un debate obligatorio entre los candidatos en la RTPA, incorporar papeletas en braille para ejercer el sufragio o crear una Junta Electoral propia para supervisar el proceso. En este sentido, otras de las cuestiones que se podrían incorporar durante la tramitación de la ley es experimentar con sistemas de voto electrónico, algo que quedó arrinconado en el intento fallido de reforma la legislatura precedente.
¿Es posible aprobar la reforma electoral asturiana esta vez? PSOE, IU y Cs ya se han manifestado a favor y, en esta ocasión, todo está en manos del Podemos. Es cierto que las relaciones entre el partido morado y los que dan apoyo al gobierno no son las mejores, pero lo cierto es que de sumarse cumpliría con creces el requisito de aprobarse por una mayoría muy por encima del requisito legal. Cuatro grupos parlamentarios de seis y una mayoría cualificada cumple requisitos tanto legítimos como formales.
Creo que en esta ocasión, a diferencia de la anterior, existe un margen más que suficiente para el acuerdo. En el borrador inicial de la ley el voto anticipado, que permite emitir sufragio desde dos semanas antes de la elección, ha levantado las suspicacias de Podemos por el riesgo que señalan de clientelismo y poco secreto en el voto. Además, el (anómalo) informe que llegó sobre la constitucionalidad de la ley desde Hacienda apuntaba que podría invadir competencias. Durante la tramitación es posible que decaiga y esto podría allanar el acuerdo. Ciertamente, el voto anticipado no es lo más relevante de la reforma y bien podría abandonarse en favor de las otras mejoras.
Por su parte, Podemos también señala una limitación de mandatos de los diputados, algo que es más complicado de ser aceptado por los grupos pero que en todo caso siempre podría adoptarse de manera voluntaria por su formación. Lo cierto es que no hay precedentes en democracia parlamentaria de limitar mandatos a diputados ni tampoco de sustituciones obligatorias en caso de imputación, es posible que sea inconstitucional. Sin embargo, Podemos sí que ha apostado por reforzar la dimensión de género con la incorporación de listas cremallera en línea con Euskadi, Castilla La Mancha, Andalucía o Baleares, una posibilidad que bien podría incorporarse para permitir que los morados también hicieran su contribución.
Hasta donde llega mi conocimiento, si finalmente hay un punto de acuerdo, se puede señalar que la asturiana se trataría de una reforma incremental muy razonable. Sin embargo eso no le quita un solo ápice de ambición. Es más, supondría una innovación sin precedentes en el panorama institucional español y, sin duda, un modelo que no tardaría en ser imitado por otras Comunidades Autónomas que también están en discusión. Y sí, es verdad que esta reforma no solucionará los problemas de los asturianos por arte de magia, pero también es cierto que en el margen, les ayudará a tener una mejor política. Los asturianos no merecen menos.