Asus 71 años de edad, la inhabilitación para cargo público le importa poco a don Manuel Chaves. Lo único que le importa, con toda seguridad, es no ser condenado a la cárcel, y esa fue su buena noticia de ayer: el fiscal solo le atribuye un delito de prevaricación, que no está castigado con prisión. Si al final fuese condenado, lo peor que le pasaría sería retirarse con esa mancha en su brillante currículo de ministro, presidente de Andalucía y presidente del Partido Socialista. No se le conocen grandes aportaciones ideológicas a la socialdemocracia, pero sí un notable arte para mantenerse en el poder. La penosa historia de los ERE lo cortó cuando le obligó a dimitir como senador, no como Rita Barberá, y darse de baja como militante del PSOE.
Mucho peor es el panorama que espera a José Antonio Griñán, vida política paralela y con parecido poder: el fiscal le atribuye, además de prevaricación, malversación de caudales públicos y pide para él seis años de cárcel. Me apresuro a decir que no es una condena; solo es el informe del Ministerio Público. No lo hace responsable total del gran escándalo, pero sí lo sitúa a la cabeza de unas acciones administrativas que modificaron los presupuestos de la Junta y permitieron el uso de fondos públicos sin control ni publicidad.
Da vértigo leer los nombres de los encausados: personalidades tan conocidas como Viera, Zarrías o Magdalena Álvarez; un total de 26 políticos y técnicos que van a ser juzgados en el que promete ser, con la Gürtel y otros escándalos, el gran juicio de la corrupción en España. Y hay algo que no se puede medir en números: el «proceso a un régimen», como se ha escrito; el proceso a todo un período de gobierno, toda una forma de hacer política, toda una historia de desprecio del dinero público, sintetizada en el funcionario que compraba droga con esos fondos y el deslenguado que confesó tener billetes «para asar una vaca».
¿Afectará esto al PSOE en las elecciones del día 25? ¿Le perjudicará ante las generales de diciembre? Por una parte, la petición de cárcel y la concreción de delitos en personas de tanto relieve debería tener algún efecto electoral. Por otra, el latrocinio de los ERE lleva tanto tiempo en el debate político y en las crónicas judiciales, que el precio electoral tiene que estar pagado ya, tanto en Andalucía como en el resto de España. Yo me conformo con otros efectos: el primero, que sirva de ejemplo de que en España se puede robar y consentir el robo, pero se paga; el segundo, que los políticos no se echen tanto en cara la corrupción ajena. El PP tiene su Bárcenas, sus Púnicas, su Taula, su financiación oscura. El PSOE tiene a dos expresidentes, que no son una mercancía menor.