El voto subsidiado en Andalucía se sentará en el banquillo de los acusados por decisión del magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, que ha concluido la investigación de la pieza política de los ERE relativa al procedimiento empleado por la Junta de Andalucía para pagar ayudas a empresas. Y la imagen de esa compra de votos tiene dos caras conocidas: Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos expresidentes de la Junta de Andalucía y del PSOE.
El PSOE lleva gobernando ininterrumpidamente Andalucía desde el 27 de mayo de 1978, cuando Plácido Fernández Viagas asumió la presidencia en el período preautonómico. Desde esa fecha, ocho presidentes socialistas (uno en funciones) y diez legislaturas: 38 años. En ninguna otra autonomía ha ocurrido lo mismo. En ese tiempo ha habido seis presidentes nacionales en once legislaturas: una de UCD, seis del PSOE y cuatro del PP (la última, en funciones durante cuatro meses).
A juicio del juez, que cifra en, al menos, 854,8 millones de euros los repartidos de forma «discrecional o arbitraria», el procedimiento que se aplicó entre los años 2000 y 2011 tenía por objeto «eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta de Andalucía».
Antonio Hernando, portavoz del PSOE en el Congreso y del Comité Electoral, ha señalado: «[En el PSOE] estamos absolutamente convencidos de su inocencia. Son personas que no se han llevado ni un céntimo, que no tienen cuentas en paraísos fiscales y que no han recibido sobres ni sobresueldos», añadiendo que tanto Chaves como Griñán «son personas honradas y honestas». Puede ser cierto, pero deja más claro que para el PSOE dedicar dinero del contribuyente (de todos y de todas las opciones políticas) a subsidiar a amigos y simpatizantes para comprarles el voto es un hecho sin importancia e intrascendente porque, como dijo otra celebre política del PSOE y ministra de Cultura, Carmen Calvo Poyato, «el dinero público no es de nadie».
Gaspar Zarrías, hombre que detentó con Chaves un poder omnímodo durante dos décadas, acusado también por el magistrado, junto con otros cinco exconsejeros más, entre ellos la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, declaró en su comparecencia ante el Tribunal Supremo: «Mi obsesión durante toda mi vida política es y seguirá siendo estar al lado de la gente y conocer sus problemas». En una palabra y como señala el DRAE en la segunda acepción de gente, «con respecto al que manda, conjunto de quienes dependen de él». Y eso es lo que hicieron los acusados: estar con quienes dependían de ellos para darles sustento a cambio de reclamarles el voto y atemorizarles con la pérdida del pan si llegaba otro partido a la Junta.
La alternancia en el poder es una de las claves de la buena democracia y profilaxis necesaria para su calidad. En Andalucía está ausente y en otras partes de España empieza a ser escasa.