Gijón pide al Ministerio no condicionar las ayudas al transporte a las multas en la zona de bajas emisiones
GIJÓN
El pleno aprueba una iniciativa de Foro que denuncia el «chantaje» del Gobierno central y exige que se respete la autonomía local en la implementación de las ZBE
09 abr 2025 . Actualizado a las 12:57 h.El pleno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado este miércoles una proposición de Foro para instar al Gobierno de España a que dé marcha atrás en su iniciativa de bonificar el transporte público con 878 millones de euros a partir de julio de 2025, pero solo en ciudades que tengan una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con sistema de multas vigente.
La Secretaría General de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicó el mes pasado dos resoluciones convocando la concesión de ayudas directas al transporte terrestre de viajeros y el fomento de servicios públicos de préstamo de bicicletas.
En estas resoluciones, se establece que para considerar efectiva la implantación de las zonas de bajas emisiones será necesaria la existencia de normativa municipal vigente y de aplicación donde se establece la delimitación legal de ZBE y su regulación, así como que haya medidas de prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos. También se pide que haya un sistema de control de accesos, monitorización y seguimiento, así como un régimen sancionador activo, quedando excluido para esta consideración el sistema de avisos que pudiera haberse contemplado previamente.
La iniciativa plantea reclamar al Gobierno que dé marcha atrás en la mencionada iniciativa y que la nueva redacción considere efectiva la implantación de las ZBE cuando exista normativa municipal vigente y de aplicación donde se establezca la delimitación legal y regulatoria sobre dichas zonas, pudiendo incluirse disposiciones transitorias que retrasen las restricciones.
Asimismo, insta al Ministerio de Transportes a que «respete la autonomía local de los municipios» y, en concreto, «no ponga condicionantes», más allá de los estrictamente legales, al desarrollo de las ZBE dentro de dicha autonomía y recuerda «la vinculación existente» entre la zonas de bajas emisiones y la eliminación del tráfico pesado por la Avenida Príncipe de Asturias.
Barcia denuncia un chantaje
El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público de Gijón, Pelayo Barcia, ha remarcado que las ayudas al transporte terrestre de viajeros «no tenían ningún condicionante» hasta la fecha, por lo que ha calificado este cambio como «incoherente», porque «utiliza» el transporte público para «imponer» las ZBE.
Barcia ha acusado al Ministerio de Transportes de ejercer un «chantaje», al tiempo que no propone «ninguna alternativa» al paso del tráfico pesado por La Calzada. El edil de Tráfico ha aprovechado para recordar que, desde 2006, las emisiones contaminantes del tráfico en la ciudad «están bajando».
Por su parte, el edil de Deportes y Educación, Jorge Pañeda, ha llamado la atención sobre el «sinsentido» de sancionar a los vecinos, cuando «la verdadera» zona de bajas emisiones de La Calzada pasa por «ejecutar el vial de Jove» y sacar el tráfico pesado de la avenida Príncipe de Asturias.
En este sentido, ha recalcado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comete «un grave error» legislando «grosso modo», sin tener en cuenta las particularidades de cada ciudad. Durante su intervención, el concejal socialista Tino Vaquero ha acusado a Barcia de participar en un «fraude de ley» con una zona de bajas emisiones «falsa» y ha llamado la atención del riesgo de una pérdida de ayudas que el equipo de Gobierno «se ha ganado por incompetentes».
En esta línea, el portavoz municipal de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, ha lamentado el «populismo» de Pelayo Barcia, el cual sale «caro» en términos económicos, pero también «de salud». Asimismo, ha insistido en que ya se conocía que la zona de bajas emisiones «fake» de La Calzada iba a tener consecuencias, por la falta de sanciones e «intermitencia» de las actuaciones.
La portavoz municipal de Podemos, Olaya Suárez, ha recalcado que, con esta zona de bajas emisiones, está ocurriendo «una sucesión de despropósitos», al tiempo que ha acusado a Pelayo Barcia de estar «arrastrando a este Gobierno a una posición negacionista», fuera de «la ley y la responsabilidad», por su «mala praxis». Por su parte, la portavoz municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha calificado esta iniciativa como un «brindis al sol» que va a «caer en saco roto», al depender del Gobierno central, informa Efe.