La actuación llevaba desde noviembre en suspenso
14 may 2024 . Actualizado a las 13:48 h.El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público de Gijón, Pelayo Barcia, ha anunciado este martes la reactivación de la zona de bajas emisiones (ZBE) de La Calzada, actuación que llevaba desde noviembre en suspenso.
El Ayuntamiento ha tomado esta decisión acerca de los tres contratos que integran el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que están financiados por fondos europeos, pese a no disponer aún de una resolución favorable del Ministerio de Transportes a la petición de prorrogar la ejecución del proyecto hasta final de año.
Barcia, que ha hecho este anuncio en rueda de prensa tras la reunión semanal de la Junta de Gobierno, ha explicado que estos tres lotes se refieren al control de la ZBE, la sensórica de ruido y calidad del aire y al asesoramiento para elaborar la ordenanza de la zona. El edil ha adelantado que «antes del verano» se convocará el Consejo Sectorial de Movilidad, en el que se creará un grupo de trabajo que se ocupará de la difusión y análisis de este proyecto.
El concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público ha recordado que el primero de los requisitos de la ZBE de La Calzada será el rigor científico, en el sentido de que las restricciones de tráfico y acceso se vincularán a los protocolos anticontaminación oficiales. También ha insistido en que esta zona será «informativa» hasta que el vial de Jove esté operativo y «no será recaudatoria», ya que los niveles de acceso se determinarán por aspectos relacionados con la actividad empresarial, el empleo o la residencia, entre otros, y no por el tipo de vehículos.
«Será una ordenanza muy laxa» ha avanzado Barcia, quien ha insistido en que no tiene sentido establecer sanciones en esta ZBE cuando se está permitiendo que circulen por la avenida Príncipe de Asturias «miles de camiones».
El concejal ha resaltado que desde el Gobierno local están «pendientes» de una prórroga de los fondos europeos y ha insistido en que desde el Ayuntamiento se trabaja «con la mayor lealtad», en el sentido de que se llevó a cabo la suspensión «para no perder los contratos» y «ganar tiempo» con el objeto de seguir ejecutando los proyectos de movilidad.
Barcia ha recordado que «todos estos fondos» tienen una obligación de ejecución y de mantenimiento durante 5 años y es el Ministerio de Transportes «el que tiene que conceder esta prórroga», informa Efe.