Mariano Navas, expresidente de Puertos del Estado, también rechaza haber mediado para sacar adelante el proyecto
18 ene 2023 . Actualizado a las 18:54 h.El exsecretario general de Transportes del Ministerio de Fomento Fernando Palao ha asegurado este miércoles en la Audiencia Nacional que carecía de competencias para adoptar resoluciones o depurar responsabilidades por la ejecución de las obras de ampliación del puerto de El Musel y ha negado tajantemente que hubiera hablado de sobrecostes con los contratistas de la obra.
La Fiscalía solicita una pena de tres años de cárcel y nueve años de inhabilitación para Fernando Palao como presunto autor de un delito de fraude en el denominado caso Musel por el que, desde el pasado lunes, se juzga en la Audiencia Nacional a una veintena de acusados por las presuntas irregularidades en las obras de ampliación del puerto gijonés, cuyo coste pasó de los 499 millones iniciales a unos 800 millones.
Palao, que ejerció como secretario general de Transportes en el Ministerio de Fomento entre 2004 y 2008, ha explicado que convocó una reunión en 2006 a la que asistieron representantes de la Autoridad Portuaria de Gijón y la UTE Dique Torres, adjudicataria de la obra, para tener información «en detalle» sobre los problemas que había suscitado la obra para su posterior traslado a la entonces ministra, Magdalena Álvarez.
Ha indicado que su interés se limitaba a que la ministra pudiera tener la información «de primera mano» ante el «debate vivo» que estaba planteado en los medios de comunicación sobre los retrasos en la obra ante los problemas en la explotación de las canteras previstas y al no poder la UTE desarrollarla en función de su oferta.
No obstante, en varias ocasiones ha llegado a matizar que él no tenía competencias sobre las autoridades portuarias y la reunión era «meramente informal, sin un orden del día previo y sin que se levantara acta». Según su versión, en esa reunión, la UTE puso de manifiesto que se había visto obligada a acudir a otras canteras más alejadas de Gijón, lo que encarecería su coste, pero ha insistido en que «no se habló de ninguna propuesta de incremento de precios», ya que únicamente «se planteó el problema, pero no la solución».
Palao ha recordado al fiscal anticorrupción que a sus 80 años no puede recordar todos los detalles sobre una reunión celebrada hace 17 años, cuando su único objetivo al convocarla era «crear un clima adecuado» para que la Autoridad Portuaria de Gijón y la UTE «llegaran a un acuerdo» y la obra no se viera amenazada por problemas de plazos en el caso de perder los fondos europeos para su financiación.
El exsecretario general ha reiterado que carecía de competencias también sobre los fondos europeos ya que el Ministerio de Hacienda era el competente en la distribución del dinero. A preguntas del tribunal, Palao ha precisado que no dictó ningún acuerdo, ni resolución porque su papel se limitó a convocar la reunión para escuchar a todas las partes, «para ser capaz de dar respuestas a las preguntas que le pudiera pedir la ministra», y ha descartado cualquier intervención en las actas de modificación de precios.
Necesidad «evidente» de ampliar el puerto
Asimismo, ha ratificado que la necesidad de ampliar el puerto era «evidente» porque los buques tenían esperas de varios días para su acceso que eran «intolerables» y ha resaltado que, en su opinión, desde su entrada en funcionamiento la obra ha empezado a ser «operativa y necesaria para los tráficos marítimos».
La obra era «inabordable» con los recursos propios, ha añadido, por lo que «era indispensable» contar con la financiación de los Fondos de Cohesión Europeos a los que Asturias aspiraba como Objetivo prioritario 1 y que terminaban en 2008, informa Efe.
También el expresidente de Puertos del Estado Mariano Navas ha negado este miércoles en la Audiencia Nacional que hubiera ejercido una labor de mediación entre la Autoridad Portuaria de Gijón y la UTE Dique Torres para llevar adelante el proyecto de ampliación del puerto de El Musel. La Fiscalía Anticorrupción pide para él una pena de tres años de cárcel y nueve años de inhabilitación para desempeñar un cargo o empleo público, aunque en la actualidad ya está jubilado, por lo que en caso de condena ésta última no tendría efecto alguno.
Navas, que ejerció como presidente de Puertos del Estado desde marzo de 2004 a abril de 2009, ha insistido en que nunca proyectó, ni dirigió, una obra marítima, por lo que nunca fue «un ingeniero de hormigón, sino de gestión». En su declaración, ha destacado que hay 28 autoridades portuarias que gestionan hasta un total de 44 puertos españoles y todos ellos desarrollan un «alto nivel de gestión y autonomía».
Cuando él accedió al cargo, en 2004, pensó que «el tema» de la obra de ampliación de El Musel «estaba ya saneado» y ha reconocido que ha sido ahora, cuando ha sido procesado y ha tenido acceso al sumario, cuando se ha enterado «más de los problemas del puerto de Gijón» porque lo que en aquella época no tenía conocimiento de los «hitos de la ejecución de la obra».
A preguntas del fiscal sobre su papel en esta actuación, ha insistido en que la Autoridad Portuaria era «muy celosa en sus competencias», al igual que lo fue él en las suyas, por lo que se ha desvinculado de cualquier intervención en este caso porque él, ha dicho, «no tenía criterio técnico».
Navas ha admitido que acudió a una reunión convocada por Palao en 2006, a la que asistieron representantes de la Autoridad Portuaria de Gijón y la UTE Dique Torres donde se abordó los problemas que provocaban el retraso de la obra. Sin embargo, ha afirmado que se presentó a la reunión in albis porque «si el legislador no me quiere dar las competencias, no las tengo» y no intervino porque «no tenía nada que decir», ya que se trataban temas de «fondo de cajones y necesidad de piedras y de que se requería mucho material pétreo», y donde no se habló «de su coste».
Navas ha dejado claro que esa fue la única reunión a la que asistió y no participó en “ninguna otra”, ni tampoco habló «de precios o de modificaciones». También ha rechazado que tuviera una «intervención decisiva» para poner de acuerdo a la Autoridad Portuaria a los contratistas ni exigió tampoco a la UTE Dique Torres que la obra continuase, ni patrocinó un acuerdo inmediato entre las partes.
En la sesión de hoy también han declarado los acusados A.I.D. y J.M.P.R., de la UTE, para quienes la Fiscalía interesa sendas penas de dos años de cárcel y nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como presuntos cooperadores necesarios en un delito de fraude. Ambos han reconocido que la oferta inicial tenía unos precios «muy ajustados» dada la envergadura de la obra de ampliación. Mañana seguirá el interrogatorio al resto de acusados de la UTE que afrontan la misma petición de pena. El tribunal ha señalado otras 20 sesiones y está previsto que el juicio se prolongue hasta el mes de junio, informa Efe.