Varios inquilinos de viviendas de la extinta Mina La Camocha exigen por carta a la administración concursal un número de cuenta ante el cierre desde enero de la que recibía los pagos
13 dic 2018 . Actualizado a las 17:11 h.«Han venido a dejar su carta a los Reyes Magos». Lo comentaba alguien, en tono un tanto liviano, a la entrada de la oficina central de Correos en Gijón a la vista del grupo de personas que, en completo silencio pero exhibiendo pancartas, acababan de entrar en las dependencias. Su intención era, en efecto, depositar una carta. Pero no precisamente dirigida a los Magos de Oriente, sino un correo certificado y con acuse de recibo dirigido a la administración que se ocupa en Oviedo del proceso concursal tras el cierre de Mina La Camocha. Su intención tampoco era la de pedir nada, salvo un número. El de una cuenta corriente para poder seguir pagando -como vienen haciendo desde hace décadas- los alquileres de las viviendas de las que temen verse desahuciados para saldar las deudas de la extinta empresa minera. La cuenta donde hasta enero de este año realizaban los ingresos fue cerrada «sin previo aviso» y los pagos se han venido devolviendo como parte de lo que Adrián Arias, vecino de La Camocha y presidente de la Federación vecinal gijonesa, considera una «argucia legal para acelerar el desahucio» de los afectados.
Acompañados también por otros vecinos del barrio, su presidente Herminio Torre y el concejal de Xixón Sí Puede Álex Zapico, los movilizados han conseguido depositar su carta sin incidentes, a pesar de que los servicios de seguridad intentaron impedirles el acceso e incluso llegaron a reclamar la presencia de agentes de la Policía Nacional, que finalmente no pusieron trabas a los movilizados seguir con sus gestiones. «Estamos visibilizando la buena fe de los inquilinos e inquilinas para pagar sus arrendamientos y la mala fe de la administración concursal para admitir los pagos. Hay un elemento pasivo, que no quiere hacer frente a su obligación del mantenimiento de las viviendas y recibir el alquiler que se había pactado, y una parte activa, los inquilinos e inquilinas y el barrio de La Camocha, que está apostando por resolver el conflicto», aseguraba antes de la entrega del correo Adrián Arias.
La movilización se repetirá a principios de enero si no hay respuesta. Por el momento, la amenaza de desahucio permanece sobe los más de 30 afectados, dos de los cuales ya han recibido dos reclamaciones judiciales. «La administración concursal tiene que entender que se van a quedar en sus casas. El trabajo durante mucho tiempo de esas personas para tener esa vivienda y quieren seguir cumpliendo sus obligaciones», ha remachado el presidente de la FAV.