El vicepresidente de Foro ha comparecido en la comisión municipal sobre el «caso Enredadera» en una sesión a puerta cerrada que no ha despejado las dudas de la oposición de izquierdas
25 oct 2018 . Actualizado a las 14:35 h.«Contesté a todas las preguntas». Es la escueta declaración que Francisco Álvarez-Cascos ha realizado al pie de las escaleras que en su día subió y bajó muchas veces como concejal, una vez concluida en el Ayuntamiento de Gijón su esperada comparecencia en la comisión municipal sobre el 'caso Enredadera'. En ella, el fundador y vicepresidente de Foro Asturias ha admitido una relación empresarial con el presunto cabecilla de la trama, Ángel Luis García, 'El Patatero', pero la ha limitado a poco más de medio año, negando cualquier mediación política ajena a ese trato. Así lo ha declarado ante los grupos municipales, según ha indicado al término de la sesión a puerta cerrada el portavoz del grupo de Xixón Sí Puede (XsP), Mario Suárez del Fueyo, que sigue «con las mismas dudas de antes» tras una comparecencia que también ha dado «poco de sí» para los otros dos grupos de la izquierda municipal. El veterano político gijonés, cuyo nombre aparece mencionado en las conversaciones que recoge el sumario sobre 'Enredadera', no ha hecho más declaraciones aunque sí ha recordado que es el cumpleaños de la alcaldesa, Carmen Moriyón, con la que se ha reunido al término de una comparecencia que ha sido descrita en términos muy gráficos por la concejala socialista Marina Pineda, quien considera que el exministro gijonés ha acudido a la comisión para «pasearse e intentar convertir esto en un circo»
Siempre según lo transmitido por el portavoz de XsP, en la sesión a puerta cerrada, Cascos ha admitido que entre marzo de 2017 y diciembre de ese mismo año, mantuvo una relación comercial a través de la empresa Arco Capital con 'El Patatero' y otros dos ingenieros relativa a la Responsabilidad Social Corporativa que se había introducido en el Código Penal. Álvarez-Cascos ha asegurado fue «poco fructífera», en palabras del portavoz de XsP. Siempre según sus palabras, el compareciente ha reconocido reuniones con 'El Patatero' pero no ninguna comida con él, tal y como se recoge em el sumario de la investigación. Ha negado del mismo modo que hubiera sido invitado al palco que 'El Patatero' tenía en El Molinón.
Concesión a Aralia
Respecto al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Gijón, adjudicado a Aralia, una de las empresas vinculadas con la trama, Álvarez-Cascos ha precisado que se reunió con unas trabajadoras a petición de miembros de Podemos pero les dijo que no era posible la remunicipalización si no figuraba en el presupuesto. Fue el primer conocimiento que tuvo de Aralia. El exministro gijonés también ha sostenido que no tuvo el teléfono de la concejala de Hacienda, Ana Braña (Foro) hasta que le llamaron para comparecer en esta comisión y que solo trata asuntos relativos al partido con la alcaldesa de Gijón.
Aurelio Martín, por su parte, ha relatado que Francisco Álvarez-Cascos ha sido rotundo a la hora de afirmar que «no mezclaba elementos de los negocios con cuestiones políticas ni menos sugería a nadie del partido para que se viera con nadie». Martín ha indicado que para IU lo importante es «determinar si los controles funcionaron para que no se produjera tráfico de influencias». De hecho, ha remarcado que esta comisión no es realmente de investigación, por lo que no tiene consecuencias lo que se diga en ella, incluso si no se dice la verdad.
En cuanto al jefe de la Policía Local de Gijón, Alejandro Martín-Gallo, ha apuntado que este habló de que tenía una relación personal con 'El Patatero', ya que se conocían del pueblo, y que tras irle a ofrecer productos para la Policía Local y «se le dijo que no había interés». De la comisión, ha manifestado que de lo declarado les preocupa ver la forma en que se calculan los contratos en el Ayuntamiento, sin tener en cuenta ciertas mejoras laborales acordadas en el caso del SAD, y que llevó a empresarios a retirar su oferta.
También ha comparecido en la comisión de este día el ex edil del PP Pablo Fernández, quien acudía en representación de una empresa inmobiliaria familiar, de la que es administrador, y que alquiló a Aralia un local del que siguen pagando el alquiler.