Los casos de Saúl Jiménez y su familia y de Carla Trevilla, víctima de violencia de género con dos hijos, ponen rostro a la dramática situación de quienes denuncian la falta de respuesta al desahucio en las instituciones
23 ene 2018 . Actualizado a las 07:19 h.«Cobro 703 euros del salario social y tengo un alquiler de 405 euros. La ayuda al alquiler me ha venido denegada por tener deudas con el ayuntamiento. Solicité un aplazamiento y me sale a pagar 65 euros al mes. Ya me dirán, en esa situación, cómo hace una persona para mantener a dos niños: o pago el alquiler o doy de comer a mis hijos. Lógicamente, he optado por dar de comer a mis hijos».
Saúl Jiménez Salazar resumía ayer así en la sala municipal de prensa el camino que ha llevado a la situación que él, su mujer Jennifer y sus dos hijos de 6 y 9 años, tendrán que encarar el próximo jueves cuando la orden de desahucio les expulse de la casa que ocupan desde hace cinco años en El Lauredal. Lleva nueve cobrando el salario social, y todo se le complicó definitivamente con «esas multas pequeñas, por mal aparcamiento y esas cosas» que ha ido acumulando con el municipio y que supusieron finalmente la denegación de las ayudas municipales para el pago de su renta. Entre deudas privadas y públicas, carga con una pesada mochila de «unos 4.000 euros». La falta de acuerdo con el propietario y el informe negativo del ayuntamiento bloqueado en la lista de espera que provoca el nuevo protocolo de tramitación le han impedido solicitar la vivienda de emergencia al Principado.
La situación, con todo, avanzó un poco ayer a última hora de la tarde. Después de una reunión que el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) calificó como «tensa» con los responsables de Bienestar Social municipales y representantes de los grupos políticos, el ayuntamiento adquirió el compromiso de remitir su informe al Principado y también de buscar hueco a la familia en el Albergue Covadonga si no encuentran alguna alternativa familiar que les acoja tanto a ellos como a unos enseres con los que no saben qué hacer.
Para Carla Trevilla todo empezó a torcerse a raíz de una situación de violencia de género que además la abocó a vivir ya una situación de desahucio. Tiene dos hijos. Los 426 euros de la Renta Activa de Inserción (RAI) y una ayuda municipal al alquiler de vivienda -que, después de seis meses de espera, le concedieron en solo uno al conocer su situación de víctima de violencia machista- le han permitido ir tirando. Pero cuando, dos meses antes, de que la ayuda municipal expirase acudió a renovarla, se encontró con que el plazo había expirado dos meses atrás. «No lo sabía, nadie me había informado», explica. No ha caído todavía en la situación de impago, pero es inminente: «Ahora se me acaba todo, la ayuda y la RAI», asegura. Su expediente, entretanto, no podrá resolverse, según le han informado en el ayuntamiento, antes de abril. Y esos meses abren otra vez el abismo del desahucio bajo sus pies.
Miguel Ángel García añade que hay otros casos, algunos tan dolorosos como el de una familia con un menor con más del 72 por ciento de minusvalía física, a punto de entrar en situaciones similares. Tres de ellas son mujeres en situación de violencia de género y otra un trabajador y su una hija joven, con una minusvalía «de más del 72 por ciento». El activista asegura que, en contra de lo que había sucedido hasta ahora, con la nueva forma de hacer las cosas desde el Principado «se va a dejar gente en la calle» mientras sus demandas se estancan «en unas listas de espera que contravienen el decreto» para la concesión de viviendas de emergencia. García afirma que, en el encuentro que ayer mantuvieron con el teniente de alcalde, el concejal Fernando Couto, dijo estar «sorprendido» por la situación.