Solo en Gijón, una decena de familias están amenazadas por una situación agravada por escollos como la desaparición de las viviendas de urgencia del Principado, denuncia la PAH
23 ene 2018 . Actualizado a las 07:22 h.A Saúl y Jennifer se les ha acabado el tiempo. A Carla apenas le queda. Los tres están a punto de ver cómo se esfuma sobre sus cabezas y las de sus hijos el techo de alquiler bajo el que estaban viviendo hasta ahora. Si nada lo remedia, y nada parece apuntar en esa dirección, el matrimonio y sus dos pequeños de 6 y 9 años -otro viene de camino- pasarán hoy su penúltima noche en la vivienda del barrio gijonés de El Lauredal donde han habitado durante los últimos cinco años. A las 9,30 del día 25 se hará efectiva una carta de desahucio por impago de la renta al propietario. No han encontrado alternativa de acogida más o menos estable: ni por la vía municipal de las ayudas al alquiler ni por la autonómica de las viviendas de emergencia. Para Carla Trevilla y sus dos hijos, la misma pesadilla tiene otro trasfondo añadido: es víctima de violencia de género desde hace dos años. Un traspiés burocrático le ha acarreado la denegación de una prórroga de ayuda a la vivienda. Sus rostros encarnan la dureza de un drama que no remite y que, hoy por hoy y a pesar del teórico retroceso de la crisis, afecta en Gijón a más de una decena de familias amenazadas de desahucio por impago de alquiler, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Asturias.
Es una situación que parece explicarse difícilmente ante la existencia de canales como las ayudas al alquiler municipales o el programa de viviendas de emergencia del Principado, y aún peor ante la disponibilidad de un parque de viviendas que Miguel Ángel García, portavoz de la PAH, cifra en más de 90. Y lo empeora todo, según denunció ayer la Plataforma, la desaparición «sin modificación del decreto» de las viviendas de urgencia cuya concesión resolvía la consejería en un máximo de 15 días, y que habrían solucionado a corto plazo el apremio para casos como los descritos. Además, se ha generado un desvío burocrático que ralentiza la comunicación entre los ayuntamientos y la consejería. El diagnóstico transmitido por la PAH con el respaldo de los portavoces municipales de XsP e IU habla de una excesiva lentitud en los procesos de adjudicación y de la creación de unas listas de espera adonde van a parar los informes municipales negativos: un tapón en la tramitación del que responsabilizan, en cadena, a la gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa), Elena Sevilla; a la concejala de Bienestar Social, la forista Eva Illán y, en última instancia, al director general de Vivienda del Principado, Félix Bravo.
Para los tres la PAH pidió ayer la dimisión, pero la responsabilidad última la adjudican a Bravo, al que acusan de estar adoptando decisiones que vulneran el decreto de adjudicación de viviendas de emergencia social de 2013. Según recordó Miguel Ángel García, la norma fija que los ayuntamientos tendrán que tramitar en el plazo máximo de dos meses su informe -sea positivo o negativo- al Principado para que este resuelva, como mucho, en un mes. Sin embargo, una «Guía básica» remitida por el Principado a los ayuntamientos les indica que los informes negativos pasen a un registro que crea una lista de espera y que, afirma García, «relega la petición a un registro que impide que siga el procedimiento». El quid está en el hecho de que no es la primera vez que un informe negativo de un ayuntamiento es revocado por los técnicos de la consejería, y la vivienda de emergencia es finalmente, por tanto, concedida.
Vulneración de normas y prevaricación
La PAH ve en ello una vulneración del «principio de jerarquía normativa» al dar la última palabra a la norma municipal por encima de la autonómica, del Procedimiento común de las administraciones públicas e incluso de la Constitución, al vulnerar la tutela judicial efectiva por impedir el seguimiento del proceso y la potestad de recurso de los solicitantes. Miguel Ángel García afirma que el procedimiento obliga incluso a «prevaricar» a las trabajadoras sociales que tramitan las solicitudes desde instancias como Emvisa. Elena Sevilla, su gerente -ha añadido el portavoz- es consciente de que «está incumpliendo» la norma, «pero dice que mienrtas que nadie se lo diga va a seguir incumpliéndola». De resultas, «lo que antes se resolvía en 20 días» ahora se resuelve «entre cuatro y seis meses». Todo ello dará lugar, según el portavoz de la PAH, «a todas las denuncias que haga falta» y a sendas cartas al Defensor del Pueblo y al Defensor del Menor.
La Plataforma insiste en que este estado de cosas está favoreciendo que «haya cada vez más familias en infraviviendas, en coches o de casa en casa» mientras esperan que se desbloqueen sus ayudas al alquiler. Además, cuando finalmente se reciben, o se conceden de forma retroactiva, lo que engorda los impagos y favorece la aplicación de desahucios. «Y encima se culpabiliza a las familias de esta situación»,, añade Miguel Ángel García. Entretanto, y además de la vuelta al cumplimiento del decreto, la PAH demanda que se cree un censo auditado de las Viviendas del Principado de Asturias (Vipasa) disponibles que clarifique unas estimaciones que la Plataforma cifra -según datos de marzo de 2017- en «27 viviendas públicas del Principado pendientes de reparar en Gijón; 14 pendientes de adjudicación, diez en reparación y 66 para reparar por el ayuntamiento». En ese escenario solo se han tramitado en los últimos seis meses tres solicitudes de viviendas de emergencia, según la PAH.