Gijón acumula centenares de denuncias desde 2014 y afronta el pago de las indemnizaciones con un fondo de cuatro millones de euros establecido en 2015
29 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Solo en el Ayuntamiento de Gijón son centenares las denuncias de beneficiarios de los planes de empleo que han obligado u obligarán a pagar indemnizaciones que en los ayuntamientos asturianos han supuesto más de 10 millones de euros. En 2015, con el presupuesto municipal prorrogado, los grupos municipales del Ayuntamiento de Gijón aprobaron un plan de choque con medidas sociales y asistenciales que reservaba cuatro millones de euros para hacer frente a las indemnizaciones por los planes de empleo. Gijón empleaba en julio a 355 personas dentro de tres planes de empleo, con un porcentaje ligeramente superior de contratos en prácticas y todos por una duración de un año.
«Ahora se denuncia todo, incluso los contratos formativos, aunque los juicios no se ganen. Desde 2014 las demandas son centenares y siguen celebrándose juicios», explica Rubén Medina, responsable de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Gijón. Los planes de empleo surgieron precisamente en Gijón en 1994, con el entonces denominado Plan Piles, que inicialmente se dedica a realizar obras en el municipio. «Nacen como un parche de redistribución a consecuencia de la reconversión industrial. Había un contrato de inserción que permitía la legalidad de las contrataciones de interés social y la finalidad que había en origen era la creación de una empresa municipal de servicios que se ocupase de las tareas de mantenimiento tanto rural como urbano, pero no se materializó», recuerda Medina. La conservación viaria en Gijón es desde más de una década objeto de un contrato público por el que se va subrogando la plantilla, que en la actualidad es de 34 trabajadores y que esta semana debería ver resueltos los inconvenientes surgidos en torno a una nueva adjudicación.
¿Cuál ha sido la razón de las demandas de los beneficiarios de los planes de empleo?
Por un lado, los beneficiarios de algunos planes de empleo ocupaban puestos estructurales con lo que pudieron justificar que realizaban tareas habituales de competencia de los ayuntamientos y así lo han reconocido los jueces. Por otro, no estaban sujetos al convenio colectivo de los ayuntamientos y tenían uno propio. En Gijón, los salarios eran entre un 40% y un 60% más bajos. «Desde el punto de vista de derecho laboral las cosas están muy claras», apunta Medina, que explica que, en la actualidad, la diferencia salarial de los beneficiarios de los planes en activo se ha rebajado hasta el 18%.
Este año, añade, son dos los ayuntamientos asturianos que se han negado a implantar planes de empleo. Por un lado, Mieres, debido a que es un ayuntamiento intervenido y que arrastra desequilibrio financiero desde hace una década, y Langreo, «por pura voluntad política».
¿Podrían los ayuntamientos igualar las condiciones de trabajo de los planes de empleo con las del personal municipal? Las restricciones presupuestarias en las administraciones, como consecuencia de la crisis, impidió que la partida destinada al capítulo de personal municipal se incrementara durante cuatro años hasta que en 2016 el Gobierno central permitió que se incrementara en un 1% en toda la administración española. Otra cosa es que se valorara a través de las partidas de inversiones.
¿Cómo utilizaron los ayuntamientos los planes de empleo?
A partir de 2011 se impuso la tasa de reposición cero en las administraciones públicas, que implica que las bajas y los fallecimientos no se cubren con oferta pública. «Los ayuntamientos aprovechan entonces al personal de los planes de empleo para cubrir esas necesidades que siguen existiendo en lugar de haber hecho un frente común contra la Administración del Estado para reclamar que se cubriesen las bajas», considera Medina. En Gijón la primera demanda llegó en 2014 y, tras interponerse un recurso, se acabó teniendo que pagar indemnización en 2015.
«Si con la solución que han buscado ahora pretendían evitar demandas no lo van a conseguir», indica Medina. Los ayuntamientos, a través de un acuerdo entre la Federación Asturiana de Concejos (FACC), la patronal, los sindicatos UGT y CCOO y el Gobierno autonómico, tienen la opción de poner este año en marcha planes de empleo en los que los siempre primeros meses del contrato se dedicarán a la ocupación ofertada y, a partir de entonces, el trabajo se compaginará con orientación laboral de técnicos del Servicio Público de Empleo (SEPEPA) que se mantendrá activa hasta que se consiga una reinserción laboral efectiva.
¿Qué problemas pueden darse? Medina apunta, primero, al marco legal sobre el tipo de contrataciones, al igual que de las subvenciones que reciben los contratos, que proceden de fondos europeos. El desencadenante de la actual situación, con centenares de demandas e indemnizaciones a las que hacer frente, fue la tasa de reposición cero. «No es la solución más satisfactoria, puesto que el problema no se soluciona si el marco legal no cambia y los ayuntamientos no interiorizan que no son plazas para cubrir puestos de plantilla».
¿Por qué sólo ha ocurrido en Asturias?
Los contratos de los planes de empleo en Asturias tienen una duración de un año como mínimo porque, desde el principio, se enfocaron a que se generase prestación y con posterioridad subsidio. En el resto de España hasta ahora se contrataba por menos tiempo y se garantizaba la rotación. Por ejemplo, en Castilla-León, se realizaban contrataciones a través de planes de empleo para trabajos forestales. Ahora, indica Medina, ya está empezando a pasar lo mismo en el resto de las comunidades autónomas.
¿Cuáles son los planes actuales y los próximos en Gijón?
En Gijón, los tres planes activos en julio estaban principalmente enfocados a dos tipos de desempleados. Por un lado, los jóvenes. La tasa de desempleo juvenil en la ciudad está muy cerca del 55% y un contrato en prácticas en la administración, siempre con la figura de un tutor, es una figura interesante para conocer otro mercado laboral que no sea el de trabajos de poca calidad, mal pagados y sin cobertura de un convenio colectivo.
Por otro lado, los contratos por obra o servicio se dirigen a desempleados no cualificados que, una vez contratados, se dedican a hacer obras de mantenimiento, por ejemplo, en la zona rural, el cementerio de Ceares o el Museo del Ferrocarril.
Las próximas convocatorias pasan por los programas de activación de empleo para jóvenes y para mayores de 45 años: Joven Ocúpate y Actívate, que incluye una carga formativa no remunerada. El SEPEPA también tiene previsto poner en marcha en otoño una nueva convocatoria a la que los ayuntamientos, en caso de participar, deben presentar proyectos singularizados de obras e itinerarios formativos para las personas beneficiarias.