La Audiencia Nacional se queda con el caso porque considera que los 250 millones de euros de fondos públicos cuestionados afectan «gravemente a la economía nacional»
13 jul 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La ampliación del puerto de Gijón, una obra que finalizó en diciembre de 2010, costó 830 millones de euros, un 30% más de lo presupuestado inicialmente. Como recibió al menos 198 millones de fondos europeos, ese sobrecoste fue estudiado con detalle en la Unión Europea y, antes incluso de que finalizara la obra, detectó irregularidades administrativas cortando el grifo económico de inmediato. Hoy, el caso está en manos de la Audiencia Nacional que no sólo ha confirmado que el asunto es de interés nacional, sino que también asegura en un reciente auto que «la cuantía de los fondos públicos afectados por la defraudación excede notablemente de la fijada por la jurisprudencia para entender que afecta gravemente a la economía nacional».
De esta manera, los magistrados de la sala segunda de lo penal de la Audiencia responden a la petición de la jueza que lleva el caso, que había pedido que se trasladara a los juzgados de Gijón por considerar que el dinero presuntamente defraudado (250 millones de euros) no era una cantidad relevante en la economía nacional poniendo el ejemplo de que «un solo kilómetro de AVE entre Madrid y Barcelona ha tenido un coste de 14,4 millones».
Este asunto, que sí interesa en la Audiencia Nacional y que también está en el punto de mira del Tribunal de Cuentas, lleva años coleando en Asturias desde que la Unión Europea denegaba nuevos fondos (incluso ha llegado a exigir la devolución de los 198 millones de euros aportados en su momento) para una ampliación que se escapa del entendimiento de cualquiera ante la cantidad de informes, cifras, datos, magnitudes e irregularidades probadas y presuntas que se han ido haciendo públicas en la última década. Con este diccionario sobre un superpuerto fallido no se pretende abarcar lo inabarcable, sino simplemente destacar algunas de las claves de un caso que antes, durante y después no ha dejado de estar en el candelero.
Actas. Hasta 61 fueron las actas internas del consejo de administración de la UTE Dique Torres (ver UTE) que un anónimo remitió a la Fiscalía Anticorrupción una vez iniciada la instrucción del caso en la Audiencia Nacional. Están fechadas entre el 27 de enero de 2005 y el 25 de febrero de 2010. Esas actas revelan, por ejemplo, que en la UTE sabían que era imposible ejecutar la obra según los precios acordados en la adjudicación desde el momento en el que se firmó el contrato (4 de enero de 2005).
Berenjenal. Coloquialmente así es como se denomina a los asuntos confusos, desordenados, problemáticos y difíciles de resolver. La ampliación del puerto de Gijón, que en diciembre cumplirá ya seis años cada vez más enmarañada, perfectamente podría ser un berenjenal en el sentido literal, puesto que sólo una pequeña parte del inmenso terreno ganado al mar está siendo utilizada. En el resto, crece la hierba?
Canteras. El asunto de las canteras, clave en toda esta maraña, merecería cientos de páginas para poder ser explicado y entendido apropiadamente. Yendo al grano: en la valoración de la oferta ganadora del concurso de la obra portuaria (el contrato público más apetecible de la historia de Asturias) se preveía construir una cinta transportadora entre la cantera de Aboño y El Musel. Nunca se construyó. Es más, pese a que había sido un punto a su favor para conseguir el contrato de la ampliación, a los pocos meses de tenerlo conseguido en la UTE se llegaba a decir que «no se puede considerar seriamente». Y esto se sabe por las actas filtradas a la Fiscalía. Más: el 26 de julio de 2004, la Autoridad Portuaria de Gijón alcanza un acuerdo (de intenciones) con Hidrocantábrico para que la compañía eléctrica ponga a disposición de quien resulte adjudicatario de la ampliación la cantera de Aboño en cuestión, que está muy cerca de El Musel, para suministrar la piedra de los rellenos. Era la opción más lógica y económica. El caso es que la cantera de Aboño era propiedad también de Sato, una de las empresas que integran la UTE Dique Torres. Y, para colmo de «imprevisibilidad» (que es lo que han alegado las partes implicadas en ese asunto), el Ministerio Fiscal da por probado que la Autoridad Portuaria de Gijón y HC sabían que la cantera de Aboño nunca podría haberse utilizado. La prueba aparece en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de enero de 2004: un anuncio de HC y EDP para realizar seis plantas de sulfuración de gases de combustión en la central térmica de Aboño. El acuerdo de intenciones que se firmaba seis meses después incluía una cláusula: en el supuesto de que HC lo necesitase, el adjudicatario de la ampliación dejaría de utilizar la cantera de Aboño.
Connivencia. El último auto de la Audiencia Nacional, para argumentar que el caso de Gijón debe quedarse en Madrid, recuerda que las obras de la ampliación fueron «de interés general del Estado» y que la UTE Dique Torres, integrada por algunas de las principales empresas constructoras del país, es presunta responsable del fraude «en presunta connivencia con funcionarios públicos».
Dolo. Es lo que se está intentando averiguar en la Audiencia Nacional, sí hubo o no dolo. En la causa se investigan delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a Hacienda por parte de representantes y miembros de la Autoridad Portuaria y representantes y administradores de la UTE Dique Torres. ¿Cómo llega la causa a la Audiencia? El 3 de diciembre de 2014 la Fiscalía Anticorrupción, un día después que el Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción (OCAN), interpone una denuncia para esclarecer estos presuntos delitos.
Elecciones. Inoportunas en este caso. La explicación es la siguiente: la obra del puerto se adjudica un 4 de enero y, al mes siguiente, en la UTE Dique Torres ya sabían que era imposible ejecutarla con el dinero presupuestado en el contrato. El informe del Ministerio Fiscal, de nuevo gracias a las pruebas facilitadas en las actas filtradas, recoge que la UTE plantea de forma oficial a la autoridad portuaria modificar al alza el presupuesto original en junio de 2006. Sin embargo, la Autoridad Portuaria lo rechaza ante la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas que se celebraron el 27 de mayo de 2007. Al final, la noticia del sobrecoste se hace pública fuera de las paredes de los edificios portuarios en octubre de 2007, en una visita del entonces presidente de Puertos del Estado, Fernando Palao. Cae la bomba y las elecciones, efectivamente, habían quedado muy atrás.
Fraude. Inevitable no hablar, aunque sea presuntamente, de este delito. En concreto, en el auto con el que la Sala segunda de lo Penal decide que la Audiencia siga con el asunto de El Musel, se menciona que el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (ver OLAF)«utiliza de forma sistemática y continuada el concepto de fraude para calificar algunas de las graves irregularidades detectadas en la ejecución de la obras de ampliación del puerto de El Musel».
Grandonismo. No valieron ni los refranes ni el hecho de que puertos que mueven muchísimas más mercancías que Gijón en España eran mucho menores (Bahía de Algeciras, por ejemplo). El debate sobre las dimensiones del proyecto gijonés duró años y, de todas las alternativas de diques larguísimos y supernecesarios para el futuro de Gijón y de Asturias, se escogió la opción de construir un dique de abrigo de 3,8 kilómetros, un muelle de 1.250 metros y una nueva dársena de 140 hectáreas. La obra pública más cara, hay que insistir, de la historia de Asturias.
Gürtel. No, el caso nada tiene que ver con la trama Gürtel, pero desde la OCAN quieren comparar las dimensiones económicas aprovechando el último auto de la Audiencia Nacional. El sobrecoste en la obra de Gijón fueron 250 millones sobre 580 millones de presupuesto original. El dinero defraudado en la Gürtel se estima en unos 120 millones de euros.
Hipoteca. Y de las gordas, aunque con facilidades de pago en el tiempo. El puerto de Gijón, para hacer frente a la ampliación, solicitó un préstamo de 250 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones. Al descartar Europa aportar más fondos para hacer frente al sobrecoste, Puertos del Estado realizó otro préstamo a la Autoridad Portuaria de Gijón en 2008 por importe de 215 millones de euros. Este año se iban a negociar las condiciones...
Investigados (antaño imputados). Por la Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, han desfilado o desfilarán (algunos imputados puesto que aún no se había cambiado el término) el expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón Fernando Menéndez Rexach, el exdirector del puerto José Luis Díaz Rato (que también era responsable de la obra de ampliación) y 16 directivos de la UTE. Los últimos en declarar ante la jueza fueron el exdirector general de Tudela Veguín, José Antonio Muñiz Muñiz, y el exconsejero delegado de Hidroeléctrica del Cantábrico, Joaquín Coronado Galdós, por ser quienes firmaron en representación de sus empresas los acuerdos con la UTE y con la Autoridad Portuaria para la explotación de las canteras.
Liza. El contrato de la ampliación fueron exactamente 579.241.559 euros (IVA incluido). Ganó la UTE Dique Torres, pero otros dos licitadores optaron al concurso exactamente con la misma cantidad: Dragados y Ferrovial. Las ofertas más baratas eran de Constructora Hispánica (73 millones menos) y SACYR (62 millones menos).
Maleable. En referencia al presupuesto de la ampliación. Desde que terminó la obra, el baile de cifras enreda más el entendimiento de un asunto complejo donde los haya. El caso es que la UTE incluso reclamó 350 millones de euros adicionales al presupuesto que había cerrado finalmente la autoridad portuaria.
Normativa. La investigación se inició en 2008, en la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, que ya entonces determinó que se incumplía la normativa europea de contratación pública por tratar de colar como una segunda fase de la obra de ampliación lo que era un sobrecoste.
OLAF. El 18 de marzo de 2009, Andecha Astur, a través de un eurodiputado de Europa por los Pueblos, presenta una denuncia en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Tras una larga investigación y varias visitas a Gijón, la OLAF recomienda a la Comisión Europea que exija a España que devuelva los 198 millones de euros de fondos europeos que se habían aportado hasta ese momento a la ampliación del puerto de Gijón. De mano, quedaban 49,5 millones pendientes (de los 250 millones en total que financiaba Europa) que no se entregaron. LA OLAF, en un informe en el que se basó la Fiscalía Anticorrupción de España para llevar el caso a la Audiencia Nacional, apreció indicios de delito.
Polo (energético). La necesidad de ampliar el puerto de Gijón, hoy endeudado como nunca, sigue justificándose en su importancia para el futuro de Gijón y de Asturias. En la inmensidad de la dársena ganada al mar, la actividad se reduce a una pequeña zona destinada a graneles sólidos, pero el resto de los proyectos que iban a convertir el área en un polo energético se fueron diluyendo por el camino. Nada de ciclo combinado, ni central térmica, ni plantas de biodiesel ni regasificadora que, aunque esté terminada, sigue hibernando al parecer por la «discriminación» del Gobierno de España en funciones, según claman desde el Gobierno regional mirando a las regasificadoras de A Coruña y Bilbao.
Quebradero. De cabeza y se mire por donde se mire. La ampliación de El Musel, mal que le pese a muchos, es un ejemplo de despilfarro para una buena parte de los asturianos, independientemente de lo que se decida en la Audiencia Nacional.
Rellenos. En total se utilizaron 32 millones de metros cúbicos de material para los rellenos de la ampliación. El inconveniente «sobrevenido» de tener que conseguir el material en canteras lejanas motivó que se llegara a pagar hasta 40 euros por el metro cúbico (en León) o a 26 y 30 euros en canteras del centro de Asturias. En Aboño, informes de la Comunidad Europea cuestionaban que se acabara pagando a 18,22 euros cuando se había establecido en principio que fuera a 7,30 euros.
Sobrecoste. A finales de 2007 se hace público un sobrecoste de 216,31 millones de euros (con IVA, 250 millones), que se atribuye al precio de los materiales de relleno ante la no disponibilidad de canteras cercanas, a mejoras técnicas del proyecto y a los temporales. El 1 de febrero de 2010 se firma el contrato del modificado y, en diciembre del mismo año, finalizan las obras con un coste total de 710 millones de euros (con IVA, 830 millones). Entonces, se explicó que a los 499 millones de euros del contrato inicial se sumaron un sobrecoste que se quedó en 124 milllones y otros 85,67 millones más por actualización de precios.
Trasatlánticos. Son, al menos en sentido portuario, los grandes beneficiados de la ampliación de El Musel. Cada cierto tiempo, llega un crucero y, sin importar las dimensiones, tiene espacio más que suficiente para atracar en un muelle que parece un desierto.
UTE. La unión temporal de empresas que ejecutó la ampliación de El Musel estaba formada por dos empresas del grupo ACS (Dragados y Drace) por FCC, por Alvargonzález Contratas y por una empresa del grupo OHL (Sato). El 4 de enero de 2005 se adjudicó el contrato de ejecución de las obras a esta unión de empresas, que pasó a denominarse UTE Dique Torres. El 9 de febrero de 2005 se firmó el contrato por casi 580 millones de euros (IVA incluido).
Verdes (Los). Los Verdes de Asturias presentaron alegaciones a la inclusión del modificado de la obra de ampliación en los proyectos que presentaba España para concurrir a los fondos europeos que se iban a conceder en el periodo 2007-2013. El sobrecoste se incluía como si fuera una segunda fase de la obra y se pretendían conseguir 135 millones de euros más de Europa. Las alegaciones de Los Verdes no se tuvieron en cuenta en España, pero sí en Europa cuando las transformaron en una denuncia formal en diciembre de 2007.
Zanjado. Imposible de saber cuándo se zanjará este asunto, habida cuenta de las dimensiones de las obras y de toda la documentación que se maneja. Una vez que se resuelva en la Audiencia Nacional, Europa ?independientemente del resultado judicial- podría exigir a España la devolución de los 198 millones aportados, imponer una sanción o dejar el asunto como está.