La zanahoria quedó hecha zumo, y el palo va camino de convertirse en madera astillada
17 jun 2019 . Actualizado a las 09:40 h.Llegó la semana pasada a la redacción de La Voz de Galicia una noticia que inmediatamente hizo recordar las protestas llevadas a cabo en toda Galicia por los emigrantes retornados que gritaban que ellos no eran defraudadores, sino pensionistas.
La noticia en cuestión vino de la mano de Javier Gómez Taboada, abogado tributario de Maio, quien mantiene una posición dura frente a los desmanes de Hacienda a lo largo de los años. Habló de uno en cuestión, el que se inició en el 2012 con «un palo y una zanahoria», en el argot de Cristóbal Montoro. El entonces ministro impulsó dos medidas complementarias: por un lado, una «amnistía» que permitía aflorar, con un bajo coste tributario, patrimonios fiscalmente opacos; por otro, la declaración informativa de bienes y derechos en el extranjero, «el abracadabrante» modelo 720.
La amnistía, que el entonces el ministro Cristóbal Montoro defendió en la sesión de control de un 11 de junio como la «zanahoria de la economía sumergida», se acabó declarando inconstitucional; y el 720 (cuyo símil era «el palo») va, argumenta Taboada, por el mismo camino.
El experto se explica describiendo el escenario al que se enfrentan los contribuyentes: «Quien no presente el 720 en plazo se asoma a un diabólico abismo, porque si la AEAT detecta ese patrimonio foráneo lo imputará íntegramente en el IRPF como renta del último ejercicio no prescrito, con adición de una multa del 150 %, amén de otras «menores»; y todo ello -¡ojo al dato!- haciendo abstracción de la incidencia de la prescripción». Recuerda que la intención era animar a los defraudadores a acogerse a la amnistía, «pero el problema es que en la pelágica red del 720 cayeron miles de contribuyentes que no cometieron fraude alguno: inmigrantes que mantienen propiedades en sus países de origen, jubilados noreuropeos que también conservan patrimonio en sus raíces, emigrantes retornados (los gallegos, legión) que dejaron bienes o derechos en sus destinos de emigración, marinos contratados por navieras con bandera de conveniencia que les abonan sus salarios en el extranjero…».
Desde un principio el que Taboada define como el maquiavélico régimen del 720 fue objeto de críticas. «La denuncia -recuerda- llegó a la Comisión Europea, que abrió una investigación concluida en febrero de 2017 con un durísimo dictamen que acusa a España de tratar a contribuyentes que pudieran haber cometido una infracción administrativa como si fueran genocidas, aplicándoles la imprescriptibilidad e imponiéndoles unas desproporcionadas multas, amén de entender que el 720 viola la libre circulación de personas, trabajadores y capitales, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. El Gobierno español, además, ocultó el contenido del dictamen hasta finales del 2018, cuando la Audiencia Nacional le obligó a aportarlo. España, describe Taboada, ha desoído las peticiones que Bruselas plasmó en el dictamen. Por ello, el pasado día 6 la Comisión Europea decidió denunciarla ante el Tribunal de Luxemburgo». Vamos, todo muy ejemplar.