La empresas contaminantes deberán nombrar un agente ambiental localizable 24 horas al día
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El Principado saca a exposición pública un novedoso decreto que extrema la vigilancia en grandes industrias pero también en pequeños talleres. Determina cómo actuar en caso de accidentes
19 jun 2018 . Actualizado a las 22:56 h.La empresas potencialmente contaminantes tendrán que designar un representante ambiental, con conocimientos y cualificación profesional, que esté siempre localizable para las administraciones. En caso de ausencia, la compañía tendrá que designar un sustituto y facilitar los datos al organismo público pertinente. Este trabajador será el interlocutor con el Principado, tendrá la obligación de facilitar toda la información a los inspecotres y de permitir el acceso a las instalaciones. Este es solo uno de los aspectos que recoge el decreto de Protección y Control Ambiental Industrial que la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha sacado a información pública. Se trata de una normativa pionera que regula el control ambiental de actividades económicas para incrementar la protección y la salud de las personas. Una vez que el decreto tenga luz verde, Medio Ambiente aprobará también un nuevo Plan de Inspección Ambiental 2018-2020, más amplio que el anterior, cuya ejecución concluyó el año pasado.
El propio Principado destaca que uno de los aspectos más novedosos es que el decreto es que amplía su radio de acción. Será aplicable a todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, que estén inscritas en el registro integrado industrial y que desarrollen actividades potencialmente contaminantes que deban operar bajo alguna de las autorizaciones o comunicaciones ambientales por el órgano competente. «Estarán afectadas desde los grandes complejos industriales hasta los pequeños talleres», razona el Gobierno. Basta con tener un permiso de vertido de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento o con una autorización en materia de producción y gestión de residuos y suelos contaminados.
Con esta normativa el Principado asume también una serie de responsabilidades. Se obliga a realizar planes y programas de inspección ambiental y tiene que garantizar los medios personales y técnicos suficientes para desarrollar las inspecciones. Además, podrán suscribirse convenios de colaboración en esa materia con la Administración General del Estado y los ayuntamientos.
Uno de los aspectos más interesantes es que regula cómo actuar en caso de accidentes o de condiciones anómalas. Dedica todo un capítulo a este apartado. El objetivo es ganar eficacia y tiempo de respuesta. El titular de la empresa que sufra algún percance potencialmente contaminante deberá informar a la Administración asturiana. Si además existe algún accidente o emergencia asociada también tendrá llamar al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa). En el plazo máximo de 24 horas, presentará un primer informe en el que detalle todas las circunstancias de lo sucedido. En el plazo máximo de 10, deberá entregar un segundo informe que incluya «las causas, tipos y cantidades de sustancias o residuos liberados al medio ambiente, cronograma de las actuaciones ya adoptadas y medidas previstas pendientes de adoptar para evitar o si no es posible, minimizar los daños». La consejería se reserva la posibilidad de regular el contenido mínimo de estos.
Dedica un capítulo expresa a cómo actuar en los casos de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y qué información se debe transmitir al Sepa. El listado incluye desde las circunstancias que han concurrido para que se produzca el accidente a las sustancias peligrosas y las cantidades implicadas, los datos disponibles para evaluar los efectos directos e indirectos a corto, medio y largo plazo, en la salud humana, los bienes y el medio ambiente, las medidas de emergencia interior adoptadas o las alternativas de apoyo exterior necesarias para el control del accidente y la atención a las personas afectadas.
También se establece una regulación para las entidades de inspección y laboratorios acreditados similar a la existente en seguridad industrial, de forma que la Administración pueda supervisar e inspeccionar la labor de estas entidades. Para ello se crea la figura del Organismo de Control Ambiental (OCA).
Plan de inspección 2018-2020
El Plan de Inspección Ambiental 2018-2020 alcanza a todas las actividades económicas que cuentan con instalaciones potencialmente contaminantes y que operan bajo diferentes autorizaciones ambientales otorgadas por el Principado, lo que alcanza hastaunas 2.000 actividades. La legislación también obliga al Principado a contar con un plan autonómico para las grandes empresas con una autorización ambiental integrada, que son otras 70.
El plan cuenta con un objetivo general y tres específicos y recoge once líneas de actuación. Anualmente se aprobará un programa de inspección ambiental que concretará las inspecciones a realizar ese ejercicio y los criterios de selección de instalaciones, a partir de una evaluación de riesgos específica o en el marco de campañas con objetivos concretos.
El año pasado se abrieron 1.025 expedientes relacionado con el control ambiental, lo que representa un 34% más que 2016. El 46% fueron en materia de residuos y el 37%, de aire. Además, se levantaron 606 actas de inspección y las denuncias ambientales se incrementaron un 16% en el mismo periodo de tiempo.
