Pensionistas, con un alza mínima del 0,25 %; funcionarios, con el sueldo congelado, y asalariados, con un 1,4 % de subida media en convenio, arrancan el 2018 castigados por el IPC
02 ene 2018 . Actualizado a las 08:12 h.Si el deseo que la ciudadanía formuló para el nuevo año, al son de las campanadas, hubiese sido el de una subida de sueldo, habría sido más que recomendable especificarles a las uvas de la suerte que no servirá cualquier subida, sino, inexcusablemente, una «superior a la inflación». Y es que el 2018 que acabamos de estrenar trae bajo el brazo, por segundo ejercicio consecutivo, una nueva pérdida de poder adquisitivo para trabajadores (tanto del sector público como del privado) y pensionistas.
Aunque el índice de precios de consumo (IPC) cerró diciembre en el 1,2 %, la media del año frisó peligrosamente el 2 %, pese a que la inflación se moderó notablemente desde la cota del 3 % en la que estrenó el 2017. Las estimaciones de los servicios de análisis, como el de Bankinter, apuntan a un IPC «moderado» durante este año, de en torno al 1,4 %.
Sin embargo, la evolución del coste de la vida no va pareja a la de los ingresos que perciben tanto trabajadores en activo como pensionistas. Las estadísticas muestran la elocuente brecha entre salarios e inflación, que este enero no solo no se suturará, sino que se agrandará más, porque la factura de los servicios básicos maltratará nuestros bolsillos y hará más empinada la tradicional cuesta de enero.
Servicios básicos más caros
La electricidad, el gas, los combustibles, los paquetes de telefonía, Internet y televisión o los peajes se encarecen. Por ejemplo, todo apunta a que encender la luz será aún más caro que en diciembre (la estimación del ministro de Energía situaba en el 10 % la subida media del precio de la electricidad en el 2017, aunque es probable que acabe siendo aún mayor, dado que en el último mes del ejercicio se elevó un 4,6 %). En este contexto, que el Ejecutivo haya congelado de nuevo la parte regulada de la tarifa, que supone el 60 % del importe del recibo, es un alivio escasamente perceptible.
Y si la subida de la factura de la luz más que quintuplica el avance medio del IPC (recordemos, del 1,8 %) en el 2017, su diferencia con la raquítica evolución de los salarios aún es mayor. De hecho, según la estadística periódica que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hasta noviembre el avance salarial medio de los convenios colectivos firmados en España fue del 1,43 %. La pérdida de capacidad de compra es evidente, ya que mientras que la inflación media del año se acercó al 2 %, la mejora de las nóminas sujetas a los más de 3.100 convenios firmados se quedó casi medio punto por debajo.
Además, el aumento salarial hasta noviembre fue más reducido todavía en el caso de los trabajadores vinculados a convenios de empresa, cuyos emolumentos crecieron apenas del 1,13 % (casi la mitad de la inflación media del ejercicio y, en todo caso, por debajo de la de diciembre), mientras que para los de convenios de ámbito superior se revalorizaron algo más, el 1,45 %.
Tímidos crecimientos salariales
Si se amplía el foco, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la remuneración media por asalariado en el 2017 solo ha crecido en dos sectores por encima del 1 %: en las actividades inmobiliarias y en el que engloba comercio, transporte y hostelería, que en total suman unos 4,5 millones de trabajadores.
También han perdido -y seguirán haciéndolo- poder adquisitivo los empleados públicos, ya que en este arranque de año, al carecer de nuevos Presupuestos, el Gobierno ha congelado sus retribuciones y habrá que esperar a los próximos meses para saber si finalmente verán crecer su nómina.
Los que sí lo verán, aunque mínimamente, son los pensionistas, ya que para el 2018 el Ejecutivo ha vuelto a aplicarles la subida mínima que establece la última reforma de las pensiones: del 0,25 %.
Además, el futuro no promete mejorar a corto plazo, todo lo contrario. Y es que dentro de exactamente doce meses entrará en vigor la última parte, aún pendiente, de la reforma de las pensiones aprobada en solitario por el PP en el 2013, de forma que la aplicación del factor de sostenibilidad significará, de hecho, reducciones en la cuantía de las pensiones, ya que se tendrá en cuenta el aumento de la esperanza de vida para su cálculo.
A lo que el Ejecutivo sí ha decidido darle un empujón, coincidiendo con la recta final de la legislatura, es al salario mínimo interprofesional (SMI), que subió un 8 % el pasado año y este lo hará la mitad, para completar un incremento global del 30 % en el 2020, cuando se quedará casi a las puertas de los 1.000 euros brutos al mes en doce pagas.