El Gobierno interviene la Mutualidad de futbolistas por su descontrol interno del dinero
DEPORTES
Concluye que peligra su viabilidad y que resulta imposible saber su verdadera situación patrimonial
15 dic 2017 . Actualizado a las 12:56 h.Casi treinta años de Villar en la presidencia han dejado una herencia desoladora en el fútbol español. La última consecuencia es que el Gobierno controlará la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija (Mutualidad) ante las abrumadoras irregularidades encontradas en la inspección que se ha venido desarrollando desde hace varios meses. La misma ha concluido que está en riesgo la continuidad de la entidad, así como los intereses de los mutualistas que, no hay que olvidar, en la temporada pasada superaron el millón.
El análisis desarrollado en la Mutualidad por la Dirección General de Seguros (DGS) puede resumirse en el desgobierno interno que hace imposible tanto el control de los ingresos de la Mutualidad a través de las federaciones como de los flujos de dinero entre la propia Mutualidad y las territoriales. Según las conclusiones de la inspección hay doce millones de euros mal o nulamente documentados que provocaron que el auditor denegara su opinión sobre las cuentas del 2016.
Aunque, sorprendentemente dada la magnitud del caso (más de un millón de personas afectadas), desde el Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos se ha guardado silencio, este periódico ha podido comprobar que a finales del pasado mes el director general de la Mutualidad José María Castillón comunicó a las territoriales la resolución del Gobierno.
Por un lado, el ministerio ha decidido tomar medidas de control especial previstas en el artículo 160.d. de la LOSSEAR (Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras) consistente en «prohibir a la Mutualidad de Futbolistas y a sus delegaciones que, sin autorización previa de la DGS, pueda realizar los siguientes actos de gestión y disposición: enajenación y gravamen de títulos, valores e inmuebles, concesión de créditos, otorgamiento de cualquier clase de avales y garantías, constitución de hipotecas, y la asunción de nuevas deudas».
Igualmente, desde el ministerio «se requiere a la entidad para que en el plazo de un mes remita documentación acreditativa de ejecución de las siguientes actuaciones: la efectiva transferencia a la Mutualidad de los fondos que se encuentran en las federaciones territoriales de fútbol. Y el establecimiento de mecanismos para que el cobro de las cuotas se transfiera de forma inmediata a las cuentas de la Mutualidad».
La operación Soule no solo ha sacado los colores a los gestores del fútbol español, comenzando por Villar y siguiendo por buena parte de sus barones, sino también al propio Gobierno, al que solo ha espoleado el sumario de la operación Soule, habiendo sido hasta entonces inexistente el control sobre la Mutualidad. Según se puede leer en el escrito de la DGS: «Con fecha 3 de junio del 2014, la directora general emitió una resolución en la que instaba al cese de José Ángel Peláez (presidente de la federación cántabra) como miembro del consejo de administración, sin que se haya cumplido tal resolución». Es decir, tres años después, la orden no se obedeció y nadie dijo nada al respecto.
Doce millones en cuestión
Por otro lado, la inspección asegura que «en el activo del balance existen créditos frente a las federaciones territoriales, cuyo importe neto de acuerdo con las cuentas anuales asciende a 11.942.255 euros sobre los que el auditor no ha podido evaluar la recuperabilidad, dado que no pudo obtener una base suficiente y adecuada que le permitiese expresar una opinión de auditoría y en consecuencia presentó denegación de opinión sobre las cuentas del ejercicio 2016».
La inspección habla de descontrol: «La ineficacia del sistema de control interno de la entidad, que supone el incumplimiento de lo establecido en los artículos 65 y 66 de la Ley 20/2015, y la falta de soporte y control de la información contable remitida a las delegaciones territoriales, así como el incumplimiento de las obligaciones contables establecidas en el artículo 96 de RDOSSEAR está poniendo en riesgo la continuidad de la actividad de la misma y los intereses de los mutualistas».
La inspección concluye que la Mutualidad peligra: «La entidad está incursa en la situación tipificada de la Ley, esto es, situaciones de hecho, deducidas de comprobaciones efectuadas por la DGS, que pongan en peligro la solvencia de la entidad, los intereses de los asegurados o el cumplimiento de las obligaciones, así como la falta de la adecuación de la contabilidad al plan de contabilidad de las entidades aseguradoras, o la irregularidad de la contabilidad o la administración en términos tales que impidan o dificulten conocer la verdadera situación patrimonial de la entidad».
Por otro lado, en el escrito que José María Castillón ha enviado a las territoriales, anuncia la presentación por parte de la Mutualidad de un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Seguros.