El asturiano Edu Galán actuará en Valencia pese a la presión de la ultraderecha

Jordi Ferrer VALENCIA

CULTURA

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La empresa que gestiona el teatro público La Rambleta, en Valencia, mantendrá finalmente la actuación de los humoristas del colectivo Mongolia

30 nov 2018 . Actualizado a las 20:22 h.

La empresa que gestiona el teatro público La Rambleta, en Valencia, mantendrá finalmente la actuación de los humoristas del colectivo Mongolia, el asturiano Edu Galán y Darío Adanti, horas después de haber anunciado su cancelación por las presiones y amenazas recibidas por grupos de extrema derecha.

La suspensión, que ha sido anunciada esta mañana, se ha mantenido durante unas horas hasta que en el transcurso de una reunión ente los gestores del teatro y responsables de la Delegación del Gobierno los primeros han considerado suficientes las medidas de seguridad comprometidas tanto en el exterior como en el interior de la sala.

Finalmente, las amenazas de boicot lanzadas desde el pasado domingo por el principal dirigente del grupo de ultraderecha España 2000, José Luis Roberto, centradas en criticar el «humor de insulto, de ofensa y vergonzoso a las instituciones, los símbolos y la religión católica», no han logrado impedir el espectáculo, que se celebrará en las dos sesiones y mismo horario previsto inicialmente.

Durante el día se han multiplicado las reacciones contra las presiones de una extrema derecha valenciana que recientemente ya consiguió intimidar a los gestores del Teatro Olympia, que anularon la actuación de Dani Mateo, Raúl Cimas y JJ Vaquero, un espectáculo que se ha reprogramado para el 9 de febrero en el Palau de la Música con la intermediación del alcalde, Joan Ribó.

La suspensión del espectáculo de Mongolia ha suscitado decenas de reacciones en contra en prácticamente todo el espectro político.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado que «la extrema derecha no puede marcar la agenda cultural» mientras la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha advertido de que «las amenazas vulneran la Constitución», y el eurodiputado valenciano del PP Esteban González Pons ha admitido que no comparte el humor de Dani Mateo o Mongolia pero «daría la vida» para que pudiesen actuar.

También el colectivo de humoristas formado por Darío Adanti, Edu Galán, Fernando Rapa y Pere Rusiñol han hecho público un comunicado en el que calificaban de «grave error» la suspensión de sus funciones y lamentaban que «las autoridades no fuesen capaces de garantizar la seguridad».

Han sido unas horas de cierta confusión, en las que la concejala responsable de la gestión cultural de la ciudad, María Oliver (de València en Comú, la marca local de Podemos), admitía que el Consistorio no podía rectificar la decisión de una empresa con la que se ha solidarizado.

«No me atrevería jamás a decirle a un empresario privado que está cediendo a un chantaje, porque ese chantaje es a la sociedad valenciana», ha señalado.

Casi simultáneamente, la portavoz socialista en el Consistorio y primera teniente de alcalde, Sandra Gómez, hacía un llamamiento a la reflexión por parte de la empresa, al entender que la seguridad estaba garantizada por la Policía Nacional.

Tras hacerse pública la suspensión de ambas funciones, la Delegación del Gobierno ha informado de que había abierto una investigación de oficio tras conocer la existencia de las primeras presiones sobre La Rambleta.

También había diseñado un dispositivo de seguridad con motivo de la actuación de Mongolia, aunque no conocía la existencia de unas supuestas amenazas sobre los trabajadores de este teatro porque no habían sido denunciadas.

A última hora de la tarde, la concejala de Seguridad Ciudadana, Anaïs Menguzzato, y el subdelegado del Gobierno, José Roberto González, han mantenido una reunión para coordinar la actuación de las Fuerzas de Seguridad durante el fin de semana.

Según las fuentes consultadas por EFE, posiblemente cierta descoordinación o un malentendido ha dado una visibilidad indeseada a los intolerantes, que pese a no haber logrado su objetivo han vuelto a dejar evidencia de su presencia en la vida pública valenciana. EFE