La Asociación de Mutualistas detecta en el sumario del «Caso Hulla» un certificado sobre un acuerdo alcanzado en diciembre de 2015, acuerdo que aseguran que es «falso que se haya producido»
09 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La Asociación de Mutualistas del Montepío de la Minería Asturiana ha puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, encargado del «Caso Hulla», que al examinar el sumario de dicho caso ha encontrado un certificado sobre un acuerdo alcanzado por la Comisión Regional del Montepío el 23 de diciembre de 2015 y que «la indicada certificación no responde a la verdad de lo ocurrido» en aquella sesión «en la medida en que semejante acuerdo no fue en ningún momento adoptado» como lo acreditan los documentos que el colectivo ha aportado al juzgado. Así, la Asociación de Mutualistas denuncia públicamente que el Montepío puede estar ante una «falsificación de documento público», además, «ante notario» y compara la situación con el «Caso Cifuentes».
Desde el colectivo se relata que al estudiar la documentación que obra en los autos del procedimiento abreviado 651/2017, es decir, del «Caso Hulla», en el que está presente como acusación popular, se ha encontrado en la página 10.462 del sumario un certificado emitido el 23 de diciembre de 2015 por el secretario del Montepío de la Minería en el que éste refleja el contenido del libro de actas de la entidad en cuanto al acuerdo alcanzado por la Comisión Regional celebrada ese mismo día para otorgar un Poder General para pleitos a un letrado. Sin embargo, desde la Asociación de Mutualistas, sector crítico con la dirección de la entidad, aseguran que dicho acuerdo «es falso que se haya producido y que es fruto de la invención, tanto del secretario como del propio presidente del Montepío de la Minería», a los que acusan de acudir «a un notario al día siguiente (24/12/2015) para elevar a público el documento apócrifo».
Al detectar esto, la Asociación de Mutualistas ha decidido ponerlo en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo y a través de la procuradora presentaba un escrito el pasado 8 de febrero en el que asegura que «la indicada certificación no responde a la verdad de lo ocurrido en la sesión de 23 de diciembre de 2015 en la medida en que semejante acuerdo no fue en ningún momento adoptado», presentando una serie de documentos para acreditar que en ningún momento de aquella Comisión Regional se acordó otorgar un poder general para pleitos a favor de un letrado de Gijón.
El primero de los documentos aportados por el colectivo de mutualistas es la copia del escrito que habría emitido el secretario del Montepío certificando que en el libro de actas de la entidad estaba recogido dicho acuerdo. Ese documento está fechado el mismo 23 de diciembre de 2015, día en que tuvo lugar la Comisión Regional. El segundo de los documentos que pide al juzgado tenga en cuenta es el borrador del acta remitida por el secretario a los miembros del Comité Regional que recoge el texto del acta definitivo, que se aprobó en febrero de 2016. Según la Asociación de Mutualistas «en ninguno de los documentos figura ese acuerdo, ni siquiera haber tratado sobre el mismo». No obstante, como tercera prueba, el colectivo ha adjuntado en el escrito que presentó en el juzgado un certificado emitido por el Registro Mercantil de Asturias, donde figura como único acuerdo alcanzado ese 23 de diciembre de 2015 por la Comisión Regional «la aceptación de la dimisión de uno de sus miembros».
El cuarto y último documento que se ha pedido que se una al auto es «un certificado emitido por el propio Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana, nuevamente por el mismo secretario, el día 13 de septiembre de 2017. En él se detalla pormenorizadamente todo lo acontecido en la reunión del 23 de diciembre de 2015 y no aparece ningún acuerdo relacionado con el otorgamiento de poderes para pleitos».
Para el colectivo crítico del Montepío, que encabeza Alberto Rubio, éste es el documento «más concluyente» al estar emitido por la propia entidad. De todos modos, la Asociación también guarda la convocatoria de la Comisión Regional, realizada por Whatsapp, para demostrar que no figura ese punto en el orden del día.
Lo que consideran desde la Asociación de Mutualistas es que «la falsificación de documento público ante notario» para conceder un poder general para pleitos fue «una ficción innecesaria», por un lado porque el presidente de la Mutualidad tiene competencia directa para el otorgamiento de poderes generales y especiales a favor de los profesionales del derecho, sin necesidad de acuerdo de la Comisión Regional; y, por otro, porque el colectivo asegura que los representantes que tenían en dicha Comisión no hubieran tenido problema en aprobar ese acuerdo si se hubiera incluido en el orden del día o se hubiera planteado como asunto de urgencia.
El sector crítico del Montepío interpreta que la dirección de la entidad funciona «con una falsa transparencia» y que con ese poder de pleitos trataba de «meter miedo» al Ministerio de Industria para que abonara el resto de la subvención para la residencia de Felechosa. De hecho, ese certificado está incluido en el sumario por ser documentación aportada por el propio Ministerio de Industria al «Caso Hulla».