«¿Por qué tanto empeño en eliminar unas cabañas de madera cuando el litoral está lleno de edificios con sentencias de derribo sin ejecutar?», se pregunta la propietaria, quien denuncia «incontables contradicciones» respecto a otras construcciones cercanas
27 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Las cuestiones de temas urbanísticos son muchas veces susceptibles de ser dedicadas. Materias de suelos, licencias y diferentes cuestiones burocráticas pueden llevar al traste proyectos a posteriori de su construcción. Un buen ejemplo son los litorales españoles, los cuales están llenos de edificaciones inutilizadas sobre las que pesan órdenes de derribo. Asturias no es la excepción, con sonadas historias como las del hotel Kaype. En esta ocasión, el conflicto ha surgido en la zona occidental del Principado, en el concejo de Valdés, donde seis bungalows ubicados en el camping Taurán llevan trayendo cola desde hace años hasta llegar al punto actual en el que el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Juan Fernández Pereiro, pretende ejecutar una sentencia que obliga a los dueños del camping a eliminar dichas edificaciones. Estas llevan funcionando una década, pero no se ofrece ningún tipo de alternativa y se rechaza todas aquellas sugeridas por sus dueños, que denuncian que su caso está lleno de «contradicciones». Entre ellas afirman que hay otras edificaciones, como del caserón reconvertido en hotel hace un par de años en la playa de Portizuelo, que se encuentran en terrenos con el mismo estatus que los suyos y no se les exige el derribo. «Están en la misma franja que el camping, pero a nosotros no se nos permite trasladar seis cabañas de madera desmontables y transportables y, sin embargo, en algo que no es camping han permitido un hotel», asegura Rosa Martínez, propietaria del camping Taurán, que en estos momentos se continúa peleando en los tribunales para encontrar una solución tras abrir diferentes procesos judiciales.
«El origen es en 2007 cuando hipotecamos el camping para poner seis bungalows», explica la propietaria. En su caso no pidieron licencia de obra porque la obra civil estaba ya hecha. «Normalmente -explica- no se pide porque pagamos IBI por toda la superficie del camping. Simplemente procedimos como lo habíamos hecho hasta ese momento, ya que tenemos más bungalows. Fue entonces cuando nos denunció el Ayuntamiento de Valdés». Después de ese suceso se solicitó una licencia de obra, tras la cual les fueron denunciados todos los bungalows y la depuradora. Se produjo un juicio, en el que solo se consideraron las seis nueva cabañas y el ayuntamiento pasó la denuncia a Costas y luego a Urbanismo. «Nos encontramos con un montón de años de temas legales, solicitando licencias y metiéndonos en juicios, para ver todas las posibilidades de legalizar esas seis cabañas», relata Rosa Martínez.
«Hay muchos campings en Asturias que han seguido instalándolos, en la zona occidental en concreto», afirma Roma que «no sabe» por qué el terreno del camping pasó de ser suelo genérico de costas. La sentencia que les obliga a eliminar -que no derribar- los bungalows se da en base a que Urbanismo dice que el camping está situado en ese tipo de terreno. «A todos los efectos es como si los hubiéramos puesto en la playa. No contemplan que es un camping anterior a la Ley de Costas», añade.
Varios procesos abiertos
El camping Taurán tiene varios procesos pendientes en los tribunales. Por un lado está traslado de los bungalows con el Ayuntamiento, y por otro el contencioso que ha presentado al reciente Plan Especial de Suelo de Costas (PESC) para que las cabañas se ubiquen dentro de las construcciones ilegales que se pretenden indultar para darle un destino turístico. «Es una cosa. No entendemos que no se nos incluya dentro de los edificios que son susceptibles de dedicarse a uso turístico que, a todos los efectos, están ocupando el mismo suelo que nosotros con la salvedad de que son mucho más antiguos y cuentan con sentencias de derribo no ejecutadas”, cuenta la dueña del camping. Su plan es convertirlos en apartahoteles de una estrella. «Lo hemos presentado ya con un proyecto para adaptar los bungalows, que son estructuras muy sencillas, y que nos incluyan en esa categoría en base al proyecto de un arquitecto. Tenemos que seguir peleando en los tribunales», concreta.
Los propietarios desconocen por qué «se ensañan» con ellos y no con otros, aunque sí señalan la «casualidad» de que fue bajo el mandato del propio Juan Fernández Pereiro como alcalde de Valdés en el año 2007, cuando el ayuntamiento denunció las obras de instalación de los bungalows. «Lo que sí sé y puedo decir es que queremos salvarlos porque consideramos que son bienes muebles que no crean ningún derecho, son transportables y tenemos que pagarlos porque esto es una empresa familiar que se ha hipotecado por estas cabañas», detalla. Cree que «no hay urgencia» y que existen variedad de opciones abiertas para poder darles un destino diferente porque «la ley ha cambiado, por el nuevo plan de litoral, o porque los podrían trasladar fuera de los 100 metros de costa». «¿Por qué tanta urgencia para quitarse de delante seis cabañitas de madera cuando este señor -Pereira- tiene obras realizadas bajo su mandato con sentencias de derribo? ¿Por qué con un empresa que lleva funcionando desde 1985 sin ningún problema legal?», se pregunta. «Nosotros hacemos todo lo que podemos, pelear en los tribunales. Sería una completa atrocidad que alguien metiese unas máquinas en un camping, tendrían que venir a desmontarlos. Llevamos diez años buscando soluciones y todas se nos cierran», concluye Rosa Martínez.