La alcaldesa pondrá el asunto en manos de fiscalía y el Tribunal de Cuentas y puede abrir un expediente a un empleado público
15 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.«Festejos hacía justificantes en A para cubrir pagos en B». De una forma tan explícita resume Primitivo Abella, concejal de Somos en el Ayuntamiento de Avilés, un informe de la interventora municipal que confirma las irregularidades de las facturas del área de Festejos. Entre otras cuestiones el documento, que forma parte de un amplio expediente en que el consistorio lleva seis meses trabajando, aprecia que aunque oficialmente constaba que se destinaba un dinero a unos servicios o premios esa cantidad se iba a cubrir otra cosa y eso ha venido ocurriendo desde 2013 hasta mayo de este año, cuando se descubrió lo que finalmente ha confirmado el informe. La situación es tal que incluso el trabajador del área apunta a que éste era el modo habitual de proceder, aunque contraviene diversos aspectos de la gestión pública, motivo por el que la interventora sugiere llevar el asunto a los recursos humanos municipales y que le abran un expediente. No sólo eso, sino también sugiere elevar el asunto al Tribunal de Cuentas y a la fiscalía, ya que hubo personas que consta que recibieron unos premios de Antroxu que ellos niegan. Precisamente fue eso, la denuncia de miembros de una charanga que descubrieron en su declaración de la renta unas ganancias que no recibieron, lo que hizo saltar la alarma sobre lo que podía estar ocurriendo en el área de Festejos. La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, firmará un decreto atendiendo las sugerencias de la interventora.
La conclusión del informe es que hubo pagos irregulares por valor de 10.994 euros, un dinero que en lugar de usarse para lo que consta en su justificación se destinó a otra cosa, pero siempre dentro del área de Festejos. Al final, por así decir, todo quedaba en casa, aunque con una contabilidad un tanto caótica y no ajustada al procedimiento que ha de imperar en la administración pública. Además de no acreditar debidamente el fin de algunos desembolsos el informe cree probado que no se actuó de acuerdo a la función pública y que se dispuso de la cuenta bancaria de la concejalía, a pesar de ser una cuenta mancomunada, que se emitieron talones al portador en vez de nominales y que se manipularon documentos y justificantes de carácter público, entre otras cuestiones. La responsabilidad de lo sucedido recae en dos personas: la concejal del área, Ana Hevia, y el gerente de la misma, las únicas personas vinculadas a éste área, puesto que no tiene más personal. El trabajo del empleado público, de baja desde hace unos meses, lo ha venido haciendo otro empleado adscrito a otra área municipal.
Petición de dimisión
Desde la oposición cargan duramente contra la edil socialista, a la que responsabilizan de lo ocurrido. «No ha sabido corregir estas prácticas, porque no lo haya vigilado o no se haya enterado. La única salida que le queda es presentar la dimisión. Ha cometido errores y cuando metes la pata en la administración tienes que sacar las dos», asegura Alejandro Cueli, portavoz de IU. Desde su formación esperan a que mañana la concejal dé explicaciones en una comisión de Hacienda convocada ayer al mediodía, cuando desde el gobierno informaron a la oposición de que el informe estaba acabado. «Le doy la oportunidad de que presente la dimisión de aquí al miércoles. Si no se la pediremos», afirma. Desde Somos también la culpan de lo ocurrido y critican que quiera responsabilizarse al empleado. «La concejal actúa según el modelo de defensa de la infanta: yo no sabía y no me consta. Igual que Ana Mato cuando dijo que no había visto un Jaguar en su casa», declara Abella. Y duda sobre si la irregular forma de proceder en Festejos «¿se la encontró Ana Hevia cuando llegó o empezó con ella? ».
Tanto la edil como el gerente del área presentaron alegaciones al expediente que se tramitó en el consistorio respecto a los pagos irregulares. Hevia dio explicaciones de lo que conocía y aseguró que «no se ha producido quebranto alguno de las arcas públicas puesto que, en todos los casos, se trata de pagos realizados por servicios efectivamente prestados». En esta concejalía, debido al trabajo que se realiza, se permite el sistema de pagos a justificar, con el fin de agilizar procedimientos ordinarios de gastos y pagos poniendo a disposición de una caja pagadora recursos públicos cuya gestión queda autorizada a personas habilitadas para ello. Estas personas tienen la obligación de justificar la correcta aplicación de los recursos recibidos en un plazo de 3 meses pero también conlleva una fiscalización previa y posterior por parte de Intervención. Hasta el momento el equipo de gobierno había respaldado a la edil.