Financiación, lobo y peaje del Huerna: las tres batallas del Gobierno asturiano contra el Central

A pesar de compartir el mismo color político, el gobierno de Asturias y el Ejecutivo central, han tenido sus encontronazos a lo largo de la legislatura, sobre diversos asuntos con mayor o menor desencuentro. Sin embargo, en el periodo más reciente hay tres temas que han hecho intensificarse esos choques y se han agrandado los desacuerdos hasta llegar a los tribunales incluso.

Los principales puntos de separación entre el Principado y el Gobierno en Madrid se reparten entre dla financiación autonómica, con el gobierno asturiano votando 'no' a la iniciativa del ministerio; respecto a la gestión del lobo, y también de forma reciente especialemente respecto al peaje del Huerna y su mantenimiento a pesar de ser considerada una tasa ilegal por la Comisión Europea y pese a la degradación del servicio durante las obras de mantenimiento de la vía.

La Financiación autonómica

El reparto de recursos en un sistema como el español con muchas competencias descentralizadas es complejo, la discusión de los costes no es sencilla. Ya desde varias legislaturas, gobiernos de Asturias trataron de tejer alianzas con otras comunidades que tienen circunstancias similares, el Principado tiene una población muy envejecida y eso hace, por ejemplo, que sus costes sanitarios sean mucho más elevados que los de territorios con habitantes mucho más jóvenes de media. El hecho de que el gobierno central pactara además con Cataluña el modelo que ahora propone y luego se lo planteara al resto tampoco ayudó al acuerdo. 

El Gobierno asturiano rechaza esta propuesta porque considera que premia la capacidad de recaudación fiscal de cada territorio por encima de las necesidades reales de gasto de los ciudadanos, aplicando un modelo bilateral en lugar de responder a una negociación entre todas las autonomías. Estas desavenencias se tradujeron en un voto en contra durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Frente a esta negativa, la representación del Gobierno central y la Delegación del Gobierno defendieron que el plan es un paso «decisivo y justo» que aportará un aumento global de 20.975 millones de euros, correspondiendo a Asturias 248 millones adicionales en 2027. Según el Ministerio, los criterios de «población ajustada» otorgan a la comunidad una capacidad de gasto equivalente a atender a 110 personas por cada 100 habitantes reales. Sin embargo, el Principado calificó la oferta de «injusta y no responde a las necesidades de Asturias», al remarcar el consejero Guillermo Peláez que «la solidaridad no debe ser entre territorios, debe ser entre contribuyentes».

El lobo

El segundo punto de tensión se centra en los criterios técnicos y el control del lobo ibérico, una materia donde la inclusión de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) ha generado un constante choque normativo entre las comunidades del noroeste (donde viven los últimos ejemplares de la especie) y el Gobierno central. Hay una discrepancia abierta sobre la validez científica de los datos del censo de ejemplares aportados por el Principado para el informe sexenal de la especie, así como en la legalidad del plan asturiano para abatir ejemplares con el fin de proteger a las explotaciones ganaderas.

Las fricciones en este asunto aumentaron cuando el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) afirmó que las cifras aportadas por las comunidades autónomas distaban de la realidad observada por los científicos. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, exigió una rectificación manifestando que «una cosa es que el ministerio discrepe de los valores establecidos por Asturias y otra muy distinta acusar a esta comunidad de aportar información que falsea la realidad». Apoyándose en sus censos de entre 412 y 460 ejemplares en 50 manadas, el Principado aprobó autorizar la caza de hasta 67 lobos hasta 2027 o marzo de 2028 asegurando que se ha dado un incremento de los ataques en 2025 hasta alcanzar las 3.893 reses afectadas (un 30% más que en 2021) y casi dos millones de euros en indemnizaciones. La medida ha sido impugnada ante los tribunales por organizaciones ecologistas como WWF y Ecoloxistes n’Aición, mientras que los sindicatos agrarios reclaman poder cazar al lobo prácticamente sin cortapisas. Asociaciones de ganaderos en Asturias han llegado a reclamar que se traslade a osos fuera de sus hábitats.

El peaje del Huerna

El último choque es por un asunto especialmente enquistado en Asturias, la única conexión por autopista entre el Principado y León y, de ahí, a la meseta, es de pago y además la concesión fue prorrogada por Francisco Álvarez Cascos hasta el año 2050. Pero esa prórroga fue declarada ilegal por el Comisión Europea ya que se concedió «a dedo», sin concurso. El ejecutivo asturiano planteó al central primero suprimir el peaje y, tras la negativa del Ministerio (que espera agotar todos los recursos judiciales europeos para postergar el oneroso pago de la indemnización por lucro censante a la concesionaria), el Principado propuso que se bonificara íntegremente el peaje para que los usuarios de las vía no pagaran nada. Pero la respuesta también fue negativa.

Los conductores particulares y también los profesionales se mostraron indignados ante lo que consideran una discriminación para los asturianos que carga sobrecostes a sus productos. Pero la indignación creció cuando las obras de mantenimiento de la vía y en los túneles comenzaron a afectar más y más a la circulación mientras los precios se mantenían y crecían. La autopista está afectada por un argayu que obliga a reducir notablemente la velocidad en el camino de Lena a León y la situación del firme y los túneles entre ambas comunidades es manifiestamente deficiente, obligando también a reducir enormemente la velocidad. 

El Gobierno de Asturias decidió sancionar a la concesionaria por deficiencias en el servicio e iniciar acciones legales para suprimir el peaje, ante lo cual el Ministerio de Transportes decidió personarse en el expediente sancionador autonómico, un movimiento interpretado desde el Principado como una injerencia para proteger a la empresa privada.

A raíz de incoar el Principado un expediente sancionador de 1,1 millones de euros contra Aucalsa (1 millón por no prestar el servicio en toda su extensión y 100.000 euros por fallos de señalización), la decisión de Transportes de solicitar su personación provocó un fuerte rechazo en el gabinete asturiano. La viceconsejera Beatriz González Prieto calificó la medida de «ofensiva para Asturias y su ciudadanía» y cuestionó si el Ministerio pretendía «rescatar a los asturianos o a la empresa privada que gestiona la autopista». Mientras el Ministerio defiende la celeridad de sus actuaciones tras los desprendimientos y sus inversiones de 76 millones en la vía, el Gobierno asturiano exige la bonificación del 100% del peaje, mantiene la vía judicial ante el Tribunal Supremo para anular la prórroga de la concesión hasta 2050 y el presidente Adrián Barbón insiste en que «esa carretera no está en condiciones y, por tanto, no está prestando el servicio» por el que pagan los usuarios.

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