La iniciativa no pasará por el pleno al no oponerse ningún grupo a su constitución
25 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Después de que la diputada del grupo mixto, Covadonga Tomé, despejara la incógnita a comienzos de esta semana y confirmara que apoyaría la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de la mina de Cerredo, los grupos que sustentan el gobierno asturiano --PSOE y Convocatoria por Asturias-IU-- asumieron que no tenían mayoría en el pleno y optaron por dar su aquiescencia directa (sin su rechazo no hace falta votarla y se constituirá directamente); sin embargo todos los grupos de izquierda, los del Ejecutivo pero también la propia Tomé, no dejaron de expresar su temor, en diferentes grados, de que la comisión termine convirtiéndose en un espectáculo parlamentario, «un circo», con muy poco que aportar realmente al esclarecimiento de lo ocurrido en la mina de Degaña.
En todo este tiempo de hecho la estrategia de Barbón ha sido apelar a que hay una investigación judicial en proceso que es la que determinará qué ocurrió en la explotación de Blue Solving, una abierta en el juzgado de Cangas del Narcea en la que el Principado se presentará como acusación particular; y además, insistió el presidente, el gobierno ha iniciado una auditoría del servicio de minas por parte de la Inspección General de Servicios y se ha constituido una comisión especial de Seguridad Minera para investigar el accidente. Para sus socios, la responsabilidad política que hubiera podido requerirse se había asumido ya con la renuncia de la consejera de Industria, Belarmina Díaz. Ayer Barbón volvió a insistir en que consider a al comisión «partidista y política».
Pero ahora queda en manos de los parlamentarios formar esta comisión en un formato serio o no. Tomé se ofreció desde el primer momento para ser ella quien la presida y evitar así, según sus palabras, que pueda ser tergiversada, pero la iniciativa llega de la mano de PP y Foro de forma conjunta. ¿Cómo se elige la presidencia de una comisión de investigación en la Junta General?
Una comisión de investigación es un caramelo goloso para la oposición porque en su constitución los grupos no están representados de forma ponderada (en función del número de votantes) sino que todos cuentan con un número máximo de dos representantes (hay grupos como Foro o Tomé, que fue expulsada de Podemos, que sólo tienen un escaño); con todo deben jugar bien sus bazas.
La comisión de constituye así con dos diputados (máximo) por grupo junto al presidente de la Junta General, y una vez formada debe elegir su propia mesa con presidente, vicepresidente y secretario. Pero se eligen de forma distinta.
Para elegir al presidente se vota entre los candidatos que se presenten y sale elegido el que obtenga mayoría absoluta, si ninguno la obtiene se repite la votación pero ya sólo entre los dos candidatos más votados; en caso de empate, si se repite durante tres votaciones, se considera elegido el candidato propuesto por la formación más votada. Y he aquí cuando se vuelven las tornas a la 'ventaja' de que al formar la comisión todos los grupos tengan los mismos representantes.
La elección del vicepresidente y del secretario se realiza mediante una única votación acumulativa, resultando electos quienes obtengan la mayor cantidad de votos: el candidato con más votos será vicepresidente y el segundo con más votos será secretario. En el caso de un empate de nuevo se elige entre los que tengan más apoyos y si se repitiera la situación de bloqueo en tres ocasiones se elige al candidato de la formación más votada.
Los sindicatos CCOO y UGT se mostraron favorables al desarrollo de la comisión de investigación en la Junta General sobre el accidente en la mina de Cerredo, que debe servir, según han afirmado, para saber «qué ocurrió realmente» y «determinar las responsabilidades» en este siniestro que causó la muerte de cinco mineros; así se expresaron el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Marino Fernández, y el secretario de Acción sindical de Comisiones Obreras de Asturias, Damián Manzano.
El responsable de UGT apuntó que la consideraba «una buena manera de conocer los hechos», para saber «qué ocurrió realmente», si bien matizó que «hay que ser cautos con las familias» y «dejar a la gente que está trabajando» para esclarecer los hechos.
Por su parte, aunque también ha trasladado su apoyo a la creación de la comisión, Manzano ha alertado de que esta no debe convertirse en un «mero expositor de fines políticos y de demagogia» tanto por parte de la oposición, que la impulsa, como del lado de la parte gubernamental que se pueda «sentir investigada». Asimismo, según Efe, ha exigido que la comisión «sirva» para que «no se vuelvan a repetir sucesos como éste» y no persiga un objetivo que no se corresponda «con la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y la reparación a las personas y sus familias directamente afectadas».