Belarmina Díaz apunta a Blue Solving tras su dimisión y dice que «hay evidencias» de irregularidades en la mina de Cerredo

La hasta ahora consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, ha asegurado este martes que no solo hay indicios, sino que también «hay evidencias» de lo que pudo pasar en el accidente que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores de la mina de Cerredo «que apuntan directamente a Blue Solving (titular de la explotación) y a su dirección facultativa».

Lo ha dicho en su segunda comparecencia ante el parlamento asturiano para dar explicaciones de un accidente que, quince días después de producirse, ha terminado también por provocar la dimisión irrevocable de la consejera de Industria y exdirectora general de Minería.

Díaz, que compareció hoy ante el pleno de la Junta General del Principado a petición del PP y del Grupo Mixto -el viernes pasado lo hizo en comisión a petición propia- anunció su renuncia al finalizar su intervención y la justificó por los ataques de los que está siendo objeto por parte de la oposición, que ha pedido reiteradamente su cese, y porque no quiere convertirse en «un obstáculo para conocer la verdad y se haga justicia».

«La responsabilidad es de la empresa y el director facultativo porque estarían vulnerando la legalidad y las autorizaciones de las que disponía Blue Solving e incumpliendo la legislación en materia de seguridad minera», ha asegurado la consejera al referirse a un accidente, al que los socialistas se refieren por el nombre de la empresa y que la oposición llama «el caso Belarmina Díaz».

El director facultativo de Blue Solving, José Antonio Fernández Casillas, es a su vez secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias y fue el representante de la empresa con el que la consejera de Industria se reunió en dos ocasiones cuando estaba al frente de la Dirección General de Minas.

«Al margen de, si como parece, se extraía carbón de manera ilegal y en condiciones de extrema peligrosidad, la responsabilidad es de la empresa y del director facultativo porque estarían vulnerando la legalidad y las autorizaciones e incumpliendo la legislación de seguridad minera», ha insistido.

Llegar hasta el final

Aunque ya había trasladado su «dimisión irrevocable» ayer por la tarde, pero no trascendió hasta hoy, en sus primeras palabras ante la Cámara Díaz se había comprometido a «llegar hasta el final» para aclarar las causas del accidente y a trabajar para que todo saliese a la luz.

«Lo ocurrido no puede, ni debe, ni va a quedar impune. Vamos a llegar hasta el final para saber lo que pasó sin escatimar medios, recursos y esfuerzos. Ese es mi compromiso personal y el mandato del presidente, Adrián Barbón», había asegurado.

Asimismo, ha remarcado que «jamás recibió un informe técnico que alertara de alguna irregularidad en el piso tercero en el que se produjo el fatal accidente» porque «de haber sido así, habría actuado sin dudarlo con la ley y con toda contundencia».

Para la exconsejera, aunque se sabe que fue una explosión de grisú, se desconoce qué causó la chispa o por qué había once trabajadores en una zona con elevados niveles de metano, dudas que se disiparán en las próximas semanas y en las que será clave la declaración de los heridos e ilesos.

Permisos, denuncias, expedientes e inspecciones

Al margen de compromisos, la titular de Industria ha ofrecido detalles sobre fechas relacionadas con la solicitud y concesión de permisos a Blue Solving y ha negado que se hubiese acelerado la tramitación del proyecto de investigación complementario que había solicitado y que se condicionó a la presentación de un plan de labores «que nunca se llegó a presentar».

En cuanto al correo electrónico que un particular envió en octubre de 2023 en el que se alertaba de la posible extracción irregular de carbón, ha calificado de «incomprensible» que no se llegara a abrir, pero que es una responsabilidad individual y personal del titular o apoderado de la cuenta.

A raíz del accidente que costó la vida a un trabajador en agosto de 2022, también se abrieron dos expedientes sancionadores a Combayl, uno por vulneración de la normativa de seguridad minera que se suspendió porque el caso aún está judicializado, y otro que conllevó una multa de 20.000 euros «que acredita que la empresa no tenía autorización para sacar carbón».

Además se procedió a la paralización de la actividad durante ocho meses, hasta que la empresa presentó la documentación que se le requirió, ha precisado la ya exconsejera, que ha justificado el hecho de que Blue Solving solo fuese inspeccionada una vez en seis meses en que llevaba a cabo una «actividad de bajo riesgo» ya que solo podía hacer trabajos para recuperar chatarra.

Responsabilidades políticas

Tras sus explicaciones, y antes de que se conociera su dimisión, todos los grupos, salvo el socialista, coincidieron en la necesidad de pedir responsabilidades políticas, aunque sólo el PP, Vox y el Grupo Mixto -Foro y Covadonga Tomé- defendieron la necesidad de poner en marcha una comisión de investigación parlamentaria.

Desde el PP, Rafael Alonso, ha considerado que está claro que desde el Gobierno «no actuaron con la debida diligencia y que han fallado» por lo que una comisión de investigación debe aclarar «todo lo ocurrido, lo que se hizo o no se hizo», mientras que para el diputado de Vox, Gonzalo Centeno, donde no hay ley todo es jungla y aquí «la jungla se apoderó de la Dirección General de Minas».

Para el diputado de Foro, Adrián Pumares, el PSOE no está a la altura y el presidente del Principado «está más preocupado en ocultar los fallos que en tomar medidas», mientras que su compañera de Grupo, Covadonga Tomé, ha asegurado que con esta iniciativa no se persigue rédito político y que debe avanzarse en la búsqueda de transparencia sin caer en otras veleidades».

Desde IU, Delia Campomanes, sin llegar a referirse a la comisión de investigación, sí que ha dicho que es preciso «rendir y exigir cuentas y que la palabra justicia no quede solo en los tribunales porque la causalidad política es indudable», mientras que para el socialista René Suárez, «no va a aportar nada» a las investigaciones ya abiertas; informó EFE.

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