La Consejería destaca su sintonía con el contenido de la normativa estatal para endurecer los requisitos
02 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El Principado ha acogido con prudencia y cautela el impacto que la nueva normativa sobre universidades provadas pueda tener en los proyectos anunciados para establecerse en Asturias. En principio se habían anunciado tres, la Universidad Antonio de Nebrija en Avilés, la Universidad Europea en Gijón; y también la Universidad Alfonso X el Sabio en Oviedo, supuestamente para instalarse en el Calatrava, pero la administración autonómica no tiene ninguna solicitid formal de este centro. Sí de los otros dos, con los proyectos de Avilés y Gijón y que consideran lo suficientemente potentes y serios como para pasar el filtro de cualquier normativa.
En todo caso, el Ejecutivo asturiano ha remarcado que su apuesta es por la universidad pública y que su sintonía con los plantes del Gobierno central es completa. Desde la Consejería de Ciencia, que tiene las competencias de educación superior, se indicó que, a falta de conocer los detalles del decreto anunciado por el Gobierno de España, «todo indica que la normativa estatal está en sintonía con la exigencia de calidad que ya aplica el Principado a las dos iniciativas privadas que actualmente está tramitando: Universidad Europea como proyecto de universidad privada, y Universidad Nebrija como centro adscrito».
En este sentido, desde la Consejería se destacó que «a la espera de la aprobación del nuevo decreto de ámbito estatal, continuaremos con la tramitación de los expedientes de la Universidad Europea y de la Universidad Nebrija, un proceso en el que ambas universidades podrán acreditar que cumplen los requisitos de calidad que se les exija»; además insistieron en que consideran cruciales los informes técnicos preceptivos emitidos por la Conferencia General de Política Universitaria.
En todo caso, desde el Principado no dejan de resaltar que «lo más importante es garantizar la calidad de la enseñanza universitaria. Como ha indicado el Gobierno, no se trata de confrontar universidades públicas contra privadas, sino de universidades de calidad contra las que no promocionan calidad, sino solo negocio».
Y así manifestaron de nuevo su apoyo a la Universidad de Oviedo, que es «incondicional e indiscutible», resaltando la firma del contrato programa que garantiza su estabilidad financiera durante un periodo de seis años, «con más de mil millones de esfuerzo presupuestario, prorrogable otros cuatro. Además, el Principado pondrá en marcha el próximo curso la matrícula gratuita para familias de clase media y trabajadora».
El impacto nacional
Las nuevas exigencias que planteará el Gobierno en el decreto sobre creación de universidades y que este miércoles está previsto que salga en audiencia pública podrían repercutir en los expedientes que se encuentran en trámite y que actualmente afectan a nueve universidades.
Una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de la reforma del decreto de 2021 para endurecer los criterios, tanto académicos como financieros, la intención del Ejecutivo es que el nuevo decreto se apruebe entre mayo y junio, para que los expedientes en trámite estén sujetos a la nueva normativa; según informó Efe.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó esta semana que la cuestión «es de urgencia» y que el decreto debe entrar en vigor «lo antes posible». Advirtió del avance de los centros privados frente a los públicos, con la creación de 26 universidades privadas desde 1998, fecha en la que se abrió la última universidad pública.
El objetivo del nuevo decreto es garantizar que no se abren nuevas universidades con informes académicos desfavorables porque no cumplen con la calidad requerida.
Desde la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), donde están representadas públicas y privadas, su presidenta, Eva Alcón, también rectora de la Universitat Jaume I, ve «imprescindible apostar por la calidad» de estas instituciones, si bien avanzó que el texto legal que propone el Ejecutivo será sometido a un «profundo análisis».
«Vamos a seguir trabajando. Independientemente de ese análisis, la postura de CRUE no ha cambiado y seguimos manteniendo la necesidad de apostar por la calidad de las universidades como instituciones de educación superior y de investigación», incide.
En esta última década se han autorizado 10 universidades privadas y 9 más esperan la evaluación de su expediente de apertura, señalaba el presidente del Gobierno tras recalcar que a partir de ahora tendrán que cumplir con un mínimo de 4.500 alumnos durante los cinco primeros años de ejercicio y con un mayor porcentaje de dinero destinado a la investigación.
Pero la principal novedad es que los informes de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) -donde está el Ministerio y las comunidades autónomas-, así como los que emite la Aneca y las agencias autonómicas equivalentes en las comunidades autónomas serán vinculantes.
También se pedirá una mayor solidez económica de los promotores de universidades y que garanticen un 10 % de sus plazas a alojamientos de estudiantes.
Desde el Ministerio de Universidades se recalca que el nuevo decreto es fruto de las aportaciones de la Comisión de trabajo de la CRUE, de la que han formado parte expertos, académicos y el propio Ejecutivo desde hace un año.
Será a partir de mañana cuando el nuevo texto reciba en un plazo de siete días las enmiendas de instituciones académicas, organizaciones de estudiantes y de sindicatos, entre otros, con el fin de ser valoradas posteriormente por el Gobierno antes de recabar los informes de los órganos consultivos, como el del Consejo de Estado.
Los sindicatos de la enseñanza pública se muestran abiertos a endurecer los criterios de creación y evaluación de apertura de nuevos centros pero advierten de que igual de importante es incrementar la financiación a las universidades públicas.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) avisa de que estas universidades han perdido un 20 % de financiación en los últimos 10 años e insisten en un Pacto de Estado que resuelva qué administraciones y en qué porcentaje se deben aportar fondos que garanticen una financiación suficiente, además de incidir en la necesidad de empezar a negociar el nuevo Estatuto de Personal Docente e Investigador universitario.