«Es una voracidad recaudatoria impropia de una institución del Estado», dice el juez en su sentencia
23 mar 2025 . Actualizado a las 13:24 h.Manuel Mesa, asturiano natural de Castrillón pero residente en Galicia, al fin respira tranquilo, tras una lucha de cinco años para demostrar una evidencia: que la furgoneta Citroën Space Tourer que pagó al desaparecido concesionario Noyamóvil de Santiago el 31 de enero del 2020 era suya. Fueron dos transferencias bancarias, por importe de 29.500 euros, pero ni con esos justificantes se libró de batallar contra la Administración, que había puesto cerco a su coche para resarcirse de las deudas del concesionario. ¿Por qué? Porque a poco más de un mes del confinamiento, la gestoría nunca llegó a completar la transferencia del vehículo para ponerlo a nombre de Mesa, y siguió figurando Noyamóvil como titular. A él solo le quedó el justificante de la gestoría que pronto caducó.
Fueron dos embargos de Hacienda y otro de la Seguridad Social. El abogado de Mesa, Pedro S. Astray (del despacho coruñés Astray Chacón Abogados), solventó la situación con Hacienda en vía administrativa: era comprobable que su cliente había pagado el coche, y mucho antes del embargo. Pero con la Seguridad Social nada valió: ni los justificantes de pago que validó Hacienda, ni los tickets de aparcamiento con la matrícula del coche, ni los recibos del seguro, documentos todos muy anteriores a la fecha del 29 de octubre del 2020 en que se trabó ese embargo ... No quedó más que la vía judicial, que acaba de cerrarse dando la razón a Manuel Mesa. El auto del juzgado de primera instancia número 8 de A Coruña es contundente: ordena el alzamiento del embargo «no sin antes mostrar nuestra extrañeza que ante situaciones de tamaña claridad se conmine al ciudadano a litigar, con los costes y sinsabores que ello acarrea, amén del dispendio de medios en la administración de justicia, lo que nos hace pensar que es una estrategia producto de una voracidad recaudatoria impropia de una institución del Estado».
En efecto, una resolución de la Seguridad Social levantó ya el embargo, comunicándolo al Registro y a Tráfico. Solo queda culminar la transferencia en Tráfico para que el vehículo figure a nombre de quien es su verdadero dueño desde hace un lustro. Manuel Mesa, asturiano de Castrillón (cerca de Avilés), lo vive como «una liberación. Porque lo que menos te esperas es ir a comprar un coche y verte en este fregao sin comerlo ni beberlo, después de ir a un concesionario oficial, con la confianza de que se hacen las cosas bien». No entiende el afán recaudatorio de la Seguridad Social en un caso tan claro: «¿Qué pretendía, que nos diéramos por vencidos, y pagara yo lo que debe Noyamóvil, sin tener ninguna responsabilidad en eso?». Contrapone la pronta resolución de la Agencia Tributaria, una vez que Pedro S. Astray se encargó del caso: «Hacienda fue rápida y reconoció la verdad. Con ella me quito el sombrero. Pero la Seguridad Social se empecinó, creo que fue un abuso. Fue justo que la condenasen también en costas». Ahora bromea que no será mal final volver a Santiago, de esta vez a celebrar la conclusión de esta larga pesadilla con una mariscada.
El abogado Pedro S. Astray, que optó por la vía de la tercería de dominio para resolver el caso, considera que «se sometió al administrado a un largo periplo judicial totalmente innecesario». Porque el embargo era de octubre del 2020, y el concesionario había cerrado sin reabrir nunca más sus puertas al iniciarse el confinamiento en marzo de aquel año, por lo que era imposible que Mesa no hubiese adquirido el coche antes del embargo de la Seguridad Social. «Dos años con esto es absurdo, un dispendio de medios públicos, con el cliente pagando procedimientos administrativos y judiciales», de los que al menos recuperará parte al condenar el juez en costas a la Seguridad Social. Astray lo tiene claro: «El juez lo ha visto como cualquiera que conoce la situación. Hay casos como este que no son discutibles, encima cuando Hacienda que es quien más vela por la recaudación ya te ha dado la razón, lo de la Seguridad Social es inentendible. Son esas cosas que pasan en España con la burocracia».
A su despacho llegó otro caso idéntico de otro cliente de Noyamóvil, con una complicación añadida: el coche tenía una reserva de dominio. Los embargos eran de Hacienda, y ya los levantó. Ese era el propósito de Manuel Mesa cuando hace dos años hizo público su caso: «Exponerlo para ayudar a resolver la situación de quien se viese reflejado en la mía». Que no fue fácil, pero que llegó por fin a su final.