Casi 200 personas han cambiado su sexo en el registro en el Principado en los dos años desde la entrada en vigor de la norma
24 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida popularmente como ley trans, cumplió la semana pasada dos años desde su entrada en vigor con un balance que pasó por debajo del radar, muy lejos de los fuegos que siguieron a los primeros meses de su aprobación, con críticas apocalípticas, así como un reguero de bulos y montajes sobre lo que permitía o no realmente la ley.
En números puros, desde la aprobación de la ley trans en febrero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, 199 personas en Asturias cambiaron su mención de sexo en el Registro Civil. Este es un punto clave de la ley, el que, a diferencia de con las normativas anteriores en las que se exigían requisitos como participar en algún proceso de hormonación o contar con un informe psicológico favorable, en el presente basta con declarar la voluntad de cambiar de sexo para que el registro lo acepte. Aunque hace falta algún paso más porque esa decisión debe ratificarse meses después, para iniciar además los extensos y complejos cambios administrativos y de documentación personal.
Ese intervalo, ese plazo de tres meses, entre que se anuncia el cambio en el registro y se llama para ratificarse, es el que sirvió para que toda una serie de agitadores y letrados aprovechados con ansia de minutos mediáticos, se lanzaran a anunciar casos a cada cual más estrambóticos. Y algunos de ellos tuvieron a Asturias como escenario.
De forma directa cuando en marzo de 2023, algunos medios locales publicaron que seis presos de la cárcel de Asturias habían iniciado ya los cambios de sexo en el registro para pasar al módulo de mujeres. En realidad la información luego explicaba que lo habían hecho dos y que cuatro se lo estaban pensando. No constan dos años después que ninguno terminara el proceso ni que hubiera cambio alguno en la prisión. De forma separada, en mayo del año pasado, un hombre condenado por violencia de género que cumple condena en Asturias dijo también que había cambiado de sexo en el registro y que su intención era tratar de eludir la ley de violencia de género y los efectos punibles aparejados a la comisión del delito.
Varios abogados explicaron que se trataba de un fraude de ley, y es que la propia normativa recoge de forma expresa en su artículo 46 que una persona que cometa un delito de violencia de género no puede eludir una condena al pedir modificar su sexo registral. El delito se juzga en base al sexo legal que tenía cuando cometió el hecho delictivo. Además, si una persona tratara de burlar la finalidad de una norma para obtener supuestos beneficios, podría incurrir en un fraude de ley.
Un caso similar es el del youtuber, habitual de la manosfera y la fachasfera, el asturiano Roma Gallardo, natural de Mieres y que en realidad se llama Alfonso Gallardo. Roma fue un nombre artístico para el personaje mediático y quizá también el que asumió como mujer cuando anunció a bombo y platillo su cambio en el registro. Lo hizo en marzo de 2023 y rápidamente Iker Jiménez le dio difusión presentándole como «una youtuber» con gran jolgorio.
Varios pusieron en duda entonces que Gallardo, que aunque se define en su cuenta en X diciendo: «Soy mujer, empoderada, guapa y lesbiane», nunca habla de sí mismo en femenino, hubiera completado el proceso tres meses después del cambio inicial. Se lo echó en cara tiempo después, el periodista Jon Sistiaga, en la emisión del programa Otro Enfoque, advirtiendo al asturiano que podía estar cometiendo un fraude de ley. La respuesta del youtuber fue que «estoy preparando un documental para sacarlo yo. Hice todos los procesos, está todo hecho y todo correcto. Yo te digo que soy una mujer, y la ley también lo dice. Aparte de todo eso también lo deje claro con un acta notarial. Tú no puedes cometer un fraude si utilizas la ley con el fin para el que se realizó. No voy a ir a cambiarme de sexo si no me siento realmente mujer». Esto fue en junio del año pasado.
No toda la izquierda en Asturias enarbola la bandera trans. El último congreso del PSOE generó una polémica inesperada relacionada con la inclusión de la sigla «Q+» en el acrónimo LGTBI; ese acuerdo fue celebrado por el sector feminista más crítico con los derechos de las personas trans, lo que puso el foco en Asturias. El Principado es junto a Castilla y León, es la única comunidad que aún no tiene una Ley LGTBI, pese a tener competencias clave en sanidad y educación. Es la única comunidad con gobierno progresista que no cuenta con una normativa autonómica propia.
En Asturias, el sector socialista contrario a los derechos trans tiene notable influencia. La Ley LGTBI ha sufrido retrasos en la pasada legislatura y se llegó a cancelar un taller sobre alumnado trans en Avilés. Actualmente, el gobierno asturiano es una coalición entre PSOE y Convocatoria por Asturias, con la Consejería de Igualdad en manos de IU por lo que la norma entra en sus competencias. Pese a la polémica, el gobierno afirma que la ley sigue en marcha y que llegará a la Junta General en 2025, posiblemente antes de lo previsto, aseguran, con la colaboración de la Universidad de Oviedo.