La batalla de Santa Bárbara salta a las trincheras de los directivos por los fichajes de Indra
ASTURIAS
Las empresas cruzan reproches por las inversiones y las demoras en la fabricación de blindados
21 mar 2025 . Actualizado a las 08:31 h.En las últimas semanas se ha dado una batalla por las instalaciones de Santa Bárbara en Trubia, la fábrica de armas ha sido objeto de deseo de Indra, animada por la masiva inversión europea que se desplegará en la industria militar, por lo que trató de adquirir las instalaciones pero se topó con la negativa de la propietaria, General Dynamics. El presidente de Indra, Ángel Escribano, describió la operación fallida en sede parlamentaria y apuntó su intención de adquirir el Tallerón de Duro Felguera en Gijón para su propia producción de blindados.
Y la polémica no se quedó ahí porque en las últimas jornadas las compañías han cruzado valoraciones, con Escribano acusando a General Dynamics de no invertir en las instalaciones de Trubia y la compañía norteamericana haciendo gala de su última cartera de pedidos. Pero el enfrentamiento se ha trasladado ahora las mismas trincheras de los directivos con una política de fichajes que ha disparado la tensión.
Según la publicación Infodefensa, Indra ha cerrado el fichaje de dos directivos de Santa Bárbara en cuestión de días: el primero que cita es el del secretario general de la compañía Ángel de Álvaro y que en Indra estará al frente del área jurídica. El segundo sería Rafael Moreno, director de comunicación de la empresa con factoría en Trubia y que se ocupará ahora del mismo ámbito pero en la multinacional española.
La publicación, que ha remarcado que se trata de ejecutivos con una larga trayectoria, de más de dos décadas, en Santa Bárbara, también indicó que no se trataría del último fichaje de Indra que ya habría lanzado su oferta a la directora de operaciones, Beatriz Gómez.
«No voy a hacer críticas a General Dynamics, salvo que es real, que no ha habido inversión, no ha crecido y más bien ha destruido el tejido industrial de lo que fue una gran empresa», algo que ha apuntado como ciudadano, no como presidente de Indra, dijo Ángel Escribano en su explosiva comparecencia parlamentaria.
Cruce de reproches en Tess Defence
En Asturias operan varias de las principales compañías de la industria militar, cada una por su cuenta, pero también participan de forma conjunta en el consorcio de Tess Defence, entre cuyos proyectos están los blindados 8x8 Dragón, que acumulan varios retrasos, por lo que se arriesgan a una sanción por parte del Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles, que podría superar los 9 millones de euros.
Esas demoras han intensificado también los reproches entre las compañías. El consejero delegado de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Fernando Fernández, aseguró que es «casi seguro» que este año se entreguen «más de 80» unidades y que, en todo caso, «desde la industria no se ha parado la producción de ningún vehículo. Esos 90 vehículos existen. Lo único que hay que hacer es adaptarle esa validación a su puesto (...) Eso es lo que no se entiende desde afuera, porque todo parece que es retraso. Ha habido un cambio contractual que es que los vehículos se entregaban precalificados y luego poscalificados. Lo que no se ha hecho es entregar los precalificados porque el cliente (el Ministerio de Defensa) no ha querido. Ha querido que todos se entreguen ya calificados».
También con diferencias sobre cómo hacer frente a la demanda del Ministerio por los retrasos. Así, mientras que Santa Bárbara defendía inicialmente la opción de recurrir la multa impuesta, el resto de los socios rechazó la propuesta de manera rotunda para evitar un posible enfrentamiento con el Gobierno. La posición de las compañías involucradas está marcada por sus vínculos accionarios: Indra, que cuenta con participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), incluye en su capital a Escribano y Sapa, lo que refuerza su alineamiento estratégico.
Por su parte, la filial de General Dynamics sí llevó la sanción ante los tribunales en un intento por frenarla. Sin embargo, ante la falta de respaldo de sus socios, la empresa terminó desistiendo del proceso legal.
Y además, según El Economista, Santa Bárbara Sistemas se enfrenta a una nueva batalla legal contra el Ministerio de Defensa tras ser sancionada por los retrasos en la entrega de los vehículos zapadores Castor, parte del programa Pizarro II. La filial de General Dynamics solicitó en 2023 una modificación del contrato debido a incumplimientos de su proveedor de transmisiones, lo que llevó a Defensa a aceptar la prórroga, pero imponiendo una multa de entre 3 y 4 millones de euros. Pese a que las entregas finalizaron en febrero de este año, la compañía mantiene su recurso ante la Audiencia Nacional tras la desestimación de intentos previos para anular la sanción. La empresa, que ha evitado hacer declaraciones, podría recuperar el importe si los tribunales avalan que el proveedor es responsable del retraso.
El programa Pizarro, diseñado para modernizar las fuerzas armadas, consta de dos fases que abarcan desde 2003. La primera entregó 144 vehículos de combate de infantería, mientras que la segunda, tras un prolongado desarrollo de 14 años, finalizó con la recepción de 83 vehículos de combate adicionales y 36 zapadores Castor. A pesar de la conclusión de las entregas y la actualización de la flota a 261 unidades, el proyecto refleja la complejidad logística e industrial de este tipo de contratos militares, donde los retrasos y sanciones siguen marcando la relación entre el Gobierno y la industria de defensa.