El hostelero que se crucificó en Grado no se conforma con 150.000 euros de indemnización e irá a los tribunales
ASTURIAS
Bernardo Álvarez llevó a cabo en 2023 una protesta a modo de vía crucis por el «injusto» cierre de su local. Va a denunciar tanto al Principado de Asturias como al Ayuntamiento de Grado, que fueron quienes «concedieron las licencias e hicieron todos los estudios». «En el local estoy pagando 1.600 euros de hipoteca todos los meses por algo que no puedo ni abrir», lamenta
20 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Bernardo Álvarez, más conocido como «Pachanga», es el hostelero de Grado que llevó a cabo una protesta a modo de vía crucis y crucifixión por el «injusto» cierre de su local. Recientemente, el Consejo Consultivo del Principado cifraba en 150.000 euros la indemnización que le corresponde por el cierre de su gastrobar, «El Trastévere», emplazado en el casco antiguo de Grado.
El empresario explica que va a ir a los tribunales para pedir alrededor de un millón de euros, cifra que considera mucho más justa que la estimada por el Consejo Consultivo, en virtud de los perjuicios causados y la merma económica sufrida. «Vamos a denunciar y llevar a los tribunales tanto al Principado de Asturias como al Ayuntamiento de Grado, que fueron quienes nos concedieron las licencias e hicieron todos los estudios», explica.
En este sentido, dirige sus críticas «tanto a la Consejería de Medio Ambiente como a Patrimonio, que estuvo estudiando lo que se podía y no se podía hacer». Explica Álvarez que fue en enero de 2020 cuando solicitó al Ayuntamiento de Grado las condiciones urbanísticas necesarias para llevar a cabo el proyecto hostelero que tenía en mente sobre un edificio parcialmente protegido por Patrimonio.
Por aquel entonces se le trasladó que todo lo que pretendía desarrollar en su proyecto se podía llevar a cabo sin problemas, por lo que inició la compra del local junto a un arquitecto y se puso manos a la obra con los trámites de todos los permisos y licencias necesarias para la apertura.
Año y medio de batalla legal
El 15 de julio de 2022 se inauguró el gastrobar Trastévere y apenas 15 meses más tarde, a raíz de la denuncia de un vecino de la localidad, el TSJA valoraba en una sentencia contra la que no cabía que Álvarez tenía que cesar la actividad de su negocio.
El mencionado cese llegó después de que Álvarez invirtiera aproximadamente medio millón de euros en la puesta en marcha del gastrobar. Un montante que desde entonces ha estado abonando a modo de hipoteca, la segunda que mantenía junto a la de su vivienda. Esto le llevó, el 15 de octubre de 2023, a crucificarse en medio del mercado de la villa moscona, en una recreación de su vía crucis particular, cargando con una cruz por el mercado moscón para protagonizar finalmente su propia pasión, con simulación de latigazos incluida.
Este hostelero moscón explica que la inversión realizada «en total fue de 460.000 euros», a los que se añaden «310.000 de hipoteca», gastos de despidos de trabajadores, el estudio económico, así como minutas de abogados y procuradores. «Les voy a reclamar hasta el último céntimo», no duda en afirmar.
Acusa al Consejo Consultivo de «no saber leer las inversiones que se hicieron», dada la cantidad en la que cifraba la indemnización. «En el local estoy pagando 1.600 euros de hipoteca todos los meses por algo que no puedo ni abrir», lamenta Bernardo Álvarez, quien añade que «ahora hay una orden de derribo de los elementos que no se pueden legalizar, como las barras, que encima el Ayuntamiento me pasó a mí la factura».
«Rabia» ante la falta de «empatía» de las administraciones
«Yo si ahora quiero hacer ahí una vivienda tengo que volver a desmontarlo entero y volver a pagar ¿Qué gasto, 800.000 euros en hacer una vivienda de 70 metros cuadrados en Grado? Para eso compro uno en Marbella», resalta. A lo anterior se añade la obligación de devolver una subvención de 120.000 euros. Después de un «año y medio» siente que todavía está «en el punto de partida».
Comenta que su protesta de octubre de 2023 «fue un calentamiento», ya que tiene en mente llevar a cabo una «posiblemente más gorda». Álvarez comenta que ha intentado, sin éxito, ponerse en contacto con la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, al tiempo que lamenta que «aquí nadie dio la cara».
Afea al Principado y al Ayuntamiento de Grado carecer de «ningún tipo de empatía». «Yo tengo una hipoteca en mi casa de 620 euros, un niño de 4 años, 1.600 de hipoteca en el local... pago 2.300 euros de hipoteca todos los meses y es que no hay quien lo mantenga», asevera. Reconoce que «es increíble y lamentable» que, «todos los meses», tenga que prestarle dinero su padre, cuando antes de embarcarse en este proyecto «tenía unos ahorros».
«Haré 42 años el mes que viene, trabajé muchas horas, desde los 16, y, vamos, nunca necesité que nadie me dejase dinero», admite. Si se le pregunta cuál es la palabra que resume su situación, no duda en que es «rabia».