Desafíos y avances tras cuatro años de Ley de Eutanasia: «Queremos decidir cómo queremos morir y que se respete»
ASTURIAS
Javier Amaro, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente Asturias, afirma que la norma y su aplicación en la región «está funcionando razonablemente bien» aunque deben mejorarse los plazos de las resoluciones
23 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia ha cumplido cuatro años. La norma reconoce el derecho de los ciudadanos de solicitar ayuda médica para poner fin a su vida en casos de sufrimiento grave, crónico e insoportable derivado de enfermedades graves o incurables. Aunque para muchos colectivos se trata de un importante hito en cuanto a derechos individuales de los pacientes, la aplicación de la ley sigue generando controversia.
Asturias registró 33 peticiones de eutanasia en el año 2023, de las cuales se ejecutaron 9. De acuerdo al «Informe de Evaluación Anual 2023 sobre la prestación de ayuda para morir en España» del Ministerio de Sanidad, desde la aprobación de la ley en marzo de 2021 se produjeron un total de 1.515 solicitudes en el conjunto del país, siendo 697 las practicadas. Asimismo, los datos reflejan que hasta una cuarta parte de los demandantes fallecen antes de que se resuelva su demanda.
Javier Amaro, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente Asturias, afirma que los plazos que conlleva la ley son el aspecto que más se debe mejorar: «Se está tardando más en la resolución de las solicitudes de lo que nosotros entendemos que sería lo lógico». «Cuando las personas deciden iniciar este proceso es porque tienen una decisión clara y las insituciones deben responder en tiempo», subraya, si bien matiza que algunos pacientes solicitan la eutanasia «en la fase final de su enfermedad». «El sistema es muy garantista y en Asturias está funcionando razonablemente bien», expresa el presidente, quien incide también en la importancia del testamento vital para pacientes y familias: «Ayuda a que el proceso avance más rápido».
Aunque el perfil de los demandantes de eutanasia suele responder a «pacientes de patologías físicas, como tumores o enfermedades terminales, que han agotado las posibilidades terapéuticas», Amaro señala que las peticiones relacionadas con la salud mental «son mucho más complejas». Por otro lado, el presidente respeta «profundamente» a los profesionales sanitarios objetores de conciencia que rechazan llevar a cabo el procedimiento y celebra las garantías ofrecidas por las administraciones para que los solicitantes puedan ejercer su derecho con otro facultativo.
Tal y como expresa el responsable en Asturias de Derecho a Morir Dignamente, la asociación trabaja, a través de sus talleres y conferencias, para dar a conocer los derechos de los ciudadanos al final de su vida: «Somos personas libres y autónomas que tomamos decisiones en nuestro día a día. Queremos serlo hasta el final, decidir cómo queremos morir y que se respete». Desde un punto de vista más institucional, la plataforma también vela para las peticiones de los pacientes se respeten «en tiempo y forma según marca la ley» y cumple una función de acompañamiento a los solicitantes de eutanasia y sus seres queridos: «A veces nos encontramos en las familias de los pacientes un debate con opiniones muy diferentes sobre su situación y tratamos de asesorar como un actor externo».
Repercusión mediática de la Ley de Eutanasia
Desde la aprobación de la norma en marzo de 2021 y su entrada en vigor en junio del mismo año, varios procesos han acaparado la atención mediática e, incluso, llegado a los tribunales en varios puntos del territorio nacional. Amaro cree que la polémica obedece «a unos sectores con una posición política muy concreta y unas creencias religiosas específicas»: «No solo no están de acuerdo con la ley, sino que no quieren que se desarrolle. Imponen sus creencias de forma obligatoria al resto de la población».
El presidente lamenta la «inseguridad jurídica» derivada de estas polémicas: «Si un padre o un vecino puede interponer una demanda contra una eutanasia totalmente aprobada que ha cumplido todos los requisitos y ha pasado por la Comisión de Garantías, estamos poniendo en cuestión el derecho del solicitante», desarrolla. «Por mucho que el juez nos acabe dando la razón, puede generar cierto temor», añade, poniendo como ejemplo el reciente caso de Noelia, la joven barcelonesa de 24 años cuyo padre impugnó su muerte asistida.
De cara al futuro, la asociación se marca como objetivo «consolidar claramente» el derecho a una muerte digna desde el punto de vista jurídico y que la ciudadanía «sea sabedora» de sus posibilidades. «Nosotros consideramos que la ley es mejorable a la hora de abarcar también diagnósticos de salud mental. Hay lagunas que dan lugar a posibles interpretaciones distintas, incluso por parte de los jueces», concluye.