Educadores sociales que trabajan en el Principado en centros con jóvenes tutelados consideran que hay que aumentar los ratios de profesionales por menor, así como elaborar «un plan a nivel estatal» para trabajar en la detección precoz de situaciones problemáticas. «En el momento en que hay más supervisión y más control los chavales están más tranquilos»
15 mar 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El pasado martes se conocía el caso de tres menores que, presuntamente, acabaron con la vida de una educadora en un piso tutelado de Badajoz, de una manera absolutamente brutal. Educadores sociales y profesionales que trabajan en Asturias en centros con menores tutelados creen que la situación «se veía venir», pese a lo desgraciado del incidente. Advierten, además, de que la situación en Asturias no difiere tanto de lo que pasa en Extremadura. Esta opinión choca radicalmente con la defendida por el Principado.
Aumentar el ratio de profesionales por menor
Flor González Muñiz, expresidenta del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Asturias, lamenta que lo sucedido no es sorprendente. «Desgraciadamente, todos conocemos el trabajo que desarrollan muchas compañeras y compañeros», afirma. Esta profesional apunta que es el momento de «reflexionar, reconducir e intentar que estas circunstancias no se vuelvan a producir».
En este sentido, no duda en apuntar que «tener a una compañera trabajando sola es algo que ocurre en Badajoz y también en recursos de Asturias». Flor González considera imprescindible «revisar las ratios, los protocolos y, sobre todo, poner el foco en trabajar en todo lo que es detección precoz y prevención para evitar que la situación de los niños y las niñas que están en situaciones complicadas en el contexto familiar no evolucione hasta el punto de llegar a centros donde haya medidas judiciales».
A su juicio, «la educación social es una profesión muy compleja», en el sentido de que «infancia y adolescencia no es nuestro ámbito exclusivo, ni mucho menos, porque trabajamos con mayores, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género...».
En este caso concreto, desde el colegio habían valorado en su momento como adecuada para dar un servicio ajustado a las necesidades de los centros una ratio «de un educador social por cada tres menores».
Invertir en prevención
La expresidenta del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Asturias estima que «hay que trabajar e invertir muchísimo más en prevención que en la intervención posterior, porque el gasto presupuestario que le supone a las administraciones dar una respuesta ajustada cuando ya la situación es muy complicada es mayor».
En este sentido, en muchos casos, en los centros tienen que asumir el cuidado de «chavales que ya tienen medidas judiciales o sanciones». Esta profesional considera que debería elaborarse «un plan a nivel estatal, en el que se trabajara desde el Ministerio en colaboración con las comunidades autónomas de cara a dar una respuesta de prevención y de detección precoz, con equipos de intervención socioeducativa y con las familias, de modo que se detecte desde los servicios municipales de base y se haga una intervención lo más temprana posible».
Indica que la situación es similar «a lo que ocurre en el ámbito sanitario, porque tampoco tiene tantas diferencias, ya que si esperamos a que todo el mundo enferme y acabe en el hospital con intervenciones médicas, sabemos que el coste es enorme y luego la posibilidad de recuperación también es menor». Y es que en «una intervención con un chaval cuando ya tiene 15 años y la situación familiar está totalmente descompensada es muchísimo mayor el número de recursos que la administración pone».
El ámbito comunitario «no es tan protector como era hace 25 o 30 años»
Flor González lamenta, por ejemplo, que, en lo que respecta a la presencia de educadores sociales en el ámbito municipal, «hay muchos ayuntamientos de Asturias que tienen uno o ninguno». Asimismo, recalca que «equipos de intervención técnica de apoyo a la familia en Asturias hay nueve para 78 municipios, formados por una psicóloga y una educadora social».
«Nos parecería muchísimo más optimizable que hubiera 80 o 100 equipos de dos personas, que al final estamos hablando de 150 personas, que tener servicios del sistema de acogimiento residencial, donde tienes que disponer de muchísimo personal», remarca. No en vano, afirma que en los centros de acogimiento residencial hay que estar atendiendo «7 días a la semana, 365 días al año y es un trabajo continuado en festivos, noches, mañanas, tardes...».
En esta línea, apunta que, en primer lugar por una cuestión de salud social, es necesario evitar «que el menor número de niños posibles y adolescentes pasen al sistema de protección y, por supuesto, que haya el menor número posible de ellos que tengan sanciones desde la Fiscalía de Menores».
«Si nosotros somos capaces de reducir ese estado último, es mucho más fácil que podamos tener resultados mejores», resalta. La expresidenta del Colegio Profesional de Educadores Sociales de Asturias considera que, respecto al comportamiento de estos menores, «lo que ha cambiado es el patrón social, ya que no hay más adicciones que en los años 80». A su juicio, «la juventud de los años 80 tenía consumos y adicciones muchísimo más destructivas que las que hay ahora y se producían muchísimas más muertes».
Sí se ha dado, sin embargo, una evolución en «todo lo que está vinculado a las adicciones con pantallas o al uso de pornografía desde edades muy tempranas». Asimismo, el ámbito comunitario «no es tan protector como era hace 25 o 30 años, no hay cultura de barrio, el trabajo comunitario ha perdido muchísima fuerza, la gente vive en un edificio y no tiene relación con los vecinos, los niños no juegan en la calle...».
En esta línea, había factores de protección social que se producían hace 30 o 40 años «y que no hemos sabido sustituir por otros que sean igualmente válidos para reconducir esas situaciones». «Cuando yo estudié la carrera, los contenidos académicos estaban muy vinculados a los niños o a los adolescentes de familias en situación de exclusión severa, y ahora mismo puede tener una situación de disrupción y violencia un adolescente de familias más normalizadas», concluye.
Menores «con un daño emocional que no se consigue controlar de un día para otro»
La presidenta del comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, Élida Vázquez, reconoce que el sucedido en Extremadura «resulta un episodio desgarrador» y «terrible» pero que, sin embargo y por desgracia, «se veía venir». Explica que, en Asturias, los educadores de centros de menores llevan «años y años reclamando que no se quede una persona sola en un turno». Comenta que esa situación «en el turno de noche es una constante», cuando lo ideal sería que «la dotación sea de tres personas por turno».
Considera que en este ámbito en la región «se trabaja siempre a mínimos y estamos trabajando con material humano especialmente sensible». Apunta que no es tan extraño que «uno de los dos trabajadores pueda tener una indisposición o faltar por un imprevisto». Comenta que «otro imprevisto muy habitual es tener que acudir a urgencias con uno de los menores que se nos pone malo. Otra incidencia bastante común con adolescentes que están fugados del centro, porque es una institución abierta, es que los localiza la policía, hay que ir a recogerlos a comisaría y entonces queda una persona sola», remarca.
Vázquez indica que Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar, «se comprometió en su primera reunión con nosotros a que no se volvería a producir eso de que quedara una persona sola». «Hoy, sin ir más lejos, traíamos al pleno del comité el caso de un centro, que ya está dotado por debajo de lo necesario, y en el que quedó 13 noches una persona sola», resalta.
Y es que considera que «en el momento en que hay más supervisión y más control los chavales están más tranquilos». La presidenta del comité de empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar apunta, asimismo, que «el patrón de comportamiento de los menores ha ido evolucionando a lo largo de los años a un perfil con más problemas de salud mental y con adicciones».
En este sentido, de acuerdo con lo expuesto en la última memoria de la consejería, «el mayor porcentaje de causas de ingreso en un centro de los menores es por violencia de filio-parental o por dificultad para controlar la conducta del menor». Estos jóvenes, en un elevado porcentaje, «vienen ya con un deterioro y con un daño emocional que no se consigue controlar de un día para otro».
Vázquez no duda en afirmar que «se han incrementado los episodios violentos y las intervenciones de urgencia» en los últimos años en los centros del Principado. Se trata «no solamente de la violencia hacia los trabajadores, sino también hacia los propios menores que están ingresados y conviviendo 24 horas con esos chavales».