Bruselas propone movilizar «a corto plazo» más de 100.000 millones en inversiones para apoyar la transición energética

La Comisión Europea propuso este miércoles flexibilizar las normas sobre ayudas de Estado y conceder incentivos fiscales para favorecer las inversiones en descarbonización y en tecnologías limpias en la Unión Europea dentro de su plan para reflotar la industria comunitaria sin renunciar a sus metas climáticas. Además, plantea movilizar más de 100.000 millones en inversiones para apoyar la transición energética

El Ejecutivo comunitario presentó hoy su Pacto de Industria Limpia, una hoja de ruta para «acelerar» al mismo tiempo la reindustrialización y la descarbonización del continente que se centra en dar apoyo a dos sectores clave: las industrias de alto consumo energético y el sector de las tecnologías limpias. «El Pacto de Industria Limpia es el plan empresarial de Europa para atajar la crisis climática, impulsar la competitividad, asegurar la resiliencia económica y retener talento», dijo la vicepresidenta de la Comisión Teresa Ribera en la presentación del documento.

En el mismo, Bruselas advierte de que la industria europea afronta «desafíos existenciales» ligados sobre todo a los altos precios de la energía en el continente y a la competencia exterior y de que urge actuar para evitar que otras potencias adelanten a Europa en un contexto marcado, además, por el aumento de las tensiones geopolíticas.

Ayuda estatal e incentivos fiscales

La Comisión calcula que se necesitarán 480.000 millones más en inversiones cada año lograr la transición a una economía de cero emisiones y cree que las ayudas públicas y los incentivos fiscales jugarán un «papel crucial» para alcanzar este volumen, atrayendo además financiación privada. Por ello, instará a los Estados que adopten incentivos tributarios para las energías y tecnologías limpias, por ejemplo, permitiendo periodos de depreciación más cortos para las tecnologías limpias de modo que las empresas compensen antes las altas inversiones iniciales o con desgravaciones fiscales en sectores estratégicos.

Asimismo, prevé adoptar un nuevo marco de ayudas de estado para la industria limpia que permita apoyar la fabricación de tecnologías verdes, como las baterías, o acelere la aprobación de ayudas a proyectos de reducción de emisiones o energías limpias, a lo que se sumará una «simplificación» de las reglas generales sobre ayudas públicas, todo ello este mismo año.

«Unas reglas simplificadas y flexibles permitirán la aprobación rápida de ayudas de Estado para descarbonización (...) y de proyectos de tecnologías limpias», dice el documento.

Abaratar la energía

Bruselas ve también las ayudas estatales e incentivos fiscales esenciales para alcanzar uno de los objetivos clave del plan: abaratar la energía en Europa, que puede ser hasta cuatro veces más cara que en Estados Unidos, tanto para empresas como hogares. Para ello pedirá a los Gobiernos bajar los impuestos a la electricidad y eliminar gravámenes que financien políticas no relacionadas con la energía, entre otras medidas recogidas en un Plan de Energía Asequible que presentará también hoy.

Y pondrá en marcha junto al Banco Europeo de Inversiones (BEI) una línea de garantías para reducir el riesgo en los acuerdos de compras de energía a largo plazo con el fin de dar más certeza a las empresas sobre los precios que pagarán.

Más allá de la financiación nacional, Bruselas propone movilizar 100.000 millones de euros «a corto plazo» para la fabricación de productos limpios en Europa, aunque no ha precisado de dónde saldrá esta financiación ni qué forma tomará, así como crear un Banco de Descarbonización Industrial financiado con el Fondo de Innovación europeo y los ingresos del sistema de comercio de emisiones (ETS), con un objetivo de 100.000 millones.

Tecnología limpia hecha en Europa

También con el fin de aumentar la demanda de tecnologías limpias hechas en Europa, la Comisión propone incluir una «preferencia europea» en las licitaciones públicas en sectores estratégicos e introducir criterios no ligados al precio —de sostenibilidad o resiliencia— en estos procedimientos con el fin de potenciar la industria local. Asimismo propondrá acortar los plazos para la concesión de permisos a proyectos de reducción de emisiones o renovables o crear etiquetas voluntarias para distinguir los productos con baja huella de carbono, medidas que se recogerán en una Ley Acelerador de la Descarbonización a finales de 2025.

El Pacto de Industria Limpia prevé, por último, reducir la dependencia europea de terceros para el suministro de materias primas críticas, para lo que apuesta por el reciclado y reutilización de las mismas, por las compras conjuntas entre países —como hizo con las vacunas durante la pandemia— para aumentar el poder negociador de los Veintisiete y por las asociaciones con terceros países afines.

La mayor parte de las ideas recogidas en esta estrategia deberán plasmarse a lo largo de los próximos meses en iniciativas legislativas concretas.

Jonás Fernández pide «concreción»

El eurodiputado asturiano, Jonás Fernández, ha valorado de manera muy diferente los dos importantes anuncios realizados por la Comisión Europea, que, por un lado, ha presentado su plan de reindustrialización, Pacto Industrial Limpio, y, en paralelo, la primera de sus propuestas legislativas «ómnibus» de simplificación que, entre otros textos legislativos en vigor, afectará al Mecanismo de Ajuste por Carbono en Frontera, o arancel ambiental. 

En primer lugar, Fernández ha acogido con «optimismo» el Pacto Industrial Limpio. «Lo que hemos conocido hoy recoge muchas de las preocupaciones de los socialistas, preocupaciones que hemos dejado claras a la Comisión durante las últimas semanas, referidas a la necesidad de mejorar la integración del mercado energético europeo, aumentar la inversión en energías renovables y mantener la ambición en el proceso de descarbonización como herramienta para asegurar precios energéticos más bajos», ha explicado. 

El Pacto Industrial Limpio plantea acciones en los ámbitos de los mercados energéticos, la financiación, la circularidad y acceso a materiales críticos en los mercados globales, la mejora de capacidades de la mano de obra y la simplificación legislativa, explica el eurodiputado. Dentro de dichos ámbitos se incluyen medidas tales como «la movilización de más de 100 billones de euros en inversiones para apoyar la transición energética». Asimismo, el plan se compromete a «fomentar la demanda de productos limpios fabricados en la UE mediante la introducción de criterios de sostenibilidad y preferencia europea en la contratación pública». 

Dentro de las medidas más destacadas del Pacto Industrial Limpio, Fernández destaca que se encuentra también un programa específico destinado a rebajar la factura eléctrica a corto plazo en hogares e industrias, en cifras estimadas por la propia Comisión de 45.000 millones de euros para este año y hasta 260.000 millones en 2040. También se anuncia un desarrollo específico de este plan centrado en la industria siderúrgica, que se iniciará el próximo 4 de marzo, subraya el eurodiputado asturiano. 

Con todo, Fernández ha advertido de que, por el momento, «se trata sólo de un plan», y ha señalado que «el grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo seguiremos con mucha atención cómo se concreta en las diferentes iniciativas legislativas que la Comisión deberá enviar a nuestra cámara». 

Simplificación del arancel ambiental

Frente al «razonable optimismo» ante el Pacto Industrial Limpio, Fernández ha mostrado su «inquietud» por el proyecto legislativo de simplificación también hecho público hoy y que afecta a diversos reglamentos ya en vigor, como el del arancel ambiental. 

Fernández ha advertido de los riesgos que entraña la propuesta legislativa realizada por la Comisión «en la ambición y el buen funcionamiento del arancel ambiental». Para el eurodiputado asturiano, dicha revisión «recoge buena parte de la postura defendida por el Partido Popular en las últimas semanas que diluye la eficacia de esta herramienta», incluida la previsión de exenciones masivas a pequeños importadores. Para Fernández, esto «podría crear incentivos para que grandes empresas desviaran sus importaciones a través de otras más pequeñas, de manera que eviten el pago del arancel». 

De igual manera, Fernández ha anticipado su rechazo a cualquier intento de utilizar el trámite legislativo de esta propuesta para promover un retraso en la aplicación del arancel, tal y como promovía el PP, señalando que «nos tendrán enfrente. Trabajaré con sindicatos y patronal para que eso no ocurra», asegura. 

Fernández explica que el trabajo comenzará a desarrollarse de inmediato, toda vez que la propuesta de simplificación pasa ya al debate en co-legisladores (Parlamento y Consejo), quienes podrán enmendar en el sentido que consideren la iniciativa presentada. La Comisión, por su parte, completará la actual propuesta de simplificación del arancel ambiental durante los 12 próximos meses, con la presentación tras el verano de un informe de revisión exhaustiva que servirá como base de una propuesta legislativa anunciada para comienzos de 2026. A lo largo de todo ese proceso y mientras no se apruebe una modificación, el arancel ambiental continuará rigiéndose por la legislación ya en vigor.

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