Investigan una denuncia de acoso laboral de la jefa de seguridad del centro de menores de Sograndio

La Voz OVIEDO

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Centro de menores de Sograndio
Centro de menores de Sograndio tpa

Guillermo Peláez explica que la denuncia interna pone de manifiesto unos hechos de tal «gravedad» que la obligación del Principado es comprobar «inmediatamente» si se están produciendo

24 feb 2025 . Actualizado a las 13:28 h.

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha explicado que hay en marcha un expediente para investigar una denuncia por acoso laboral interpuesta por la jefa de seguridad del centro de menores de Sograndio el pasado 3 de febrero, que narra unos hechos de una «gravedad» tal, que ha obligado al Principado a investigar.

En una comparecencia en sede parlamentaria, y a preguntas de la diputada autonómica de Vox Sara Álvarez Rouco, Peláez ha reconocido la existencia de un procedimiento interno para esclarecer los hechos denunciados, pero ha rechazado ofrecer más explicaciones públicas a causa de las garantías de confidencialidad que el propio procedimiento exige. El consejero sí ha confirmado que la Consejería ha dado cauce a una denuncia interna que pone de manifiesto unos hechos de tal «gravedad» que la obligación del Principado es comprobar «inmediatamente» si se están produciendo.

A este respecto, Peláez ha invitado a la diputada de Vox a ejercer el derecho que «como diputada tiene» a informarse sobre este expediente mediante otros recursos que no impliquen su divulgación en una comparecencia pública, como, por ejemplo, el mecanismo de la pregunta escrita. Rouco ha revelado que la denuncia es contra la directora de este centro público, que es una funcionaria del Principado de Asturias, y ha preguntado por qué no se ha abierto antes dicho expediente si desde 2024 existía un «conflicto» con esta mujer que denunció, según ha afirmado, «tanto el comité de empresa como la jefa del servicio».

El consejero ha asegurado que ningún informe previo del Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal y el Juzgado de Menores, organismos auditores del centro, habían dado cuenta de estos problemas, pero ha asegurado que se están siguiendo todos los «procedimientos administrativos y todos los protocolos establecidos» para comprobar la veracidad de la denuncia.

El diputado del PP Manuel Cifuentes ha afirmado que las denuncias de los trabajadores del centro hablan de un «ambiente irrespirable» en el centro a causa de «decisiones arbitrarias, autoritarismo, falta de control de la seguridad, agresiones, intentos de fugas y de sucidios», algo en lo que también ha coincidido la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco.

Fuga de un menor

Con respecto a la fuga de un menor el pasado 4 de febrero, Peláez ha asegurado que se activaron «todos los protocolos» y que también se cumplimentaron los correspondientes informes que acreditan que dicho escape no se debió ni a una «insuficiencia de personal», ni a «protocolos defectuosos», ni al «aumento de la peligrosidad», si bien la debida «confidencilidad» del proceso le impide, ha afirmado, divulgar la causa exacta.

También ha reconocido que se ha producido un incremento de internos, cuya número alcanza actualmente los 44, y que la Consejería está trabajando para aumentar el personal de servicios socioeducativos y de seguridad, con la redacción de un nuevo contrato de vigilancia que estará vigente «después del verano».

A preguntas del diputado Cifuentes, Peláez ha explicado que es voluntad del Principado llevar a cabo una «reforma integral» del centro, pero que en la actualidad se está estudiando a través de una asesoría técnica si sería posible realizarla manteniendo su actividad y que, de no ser posible, se contempla la posibilidad de construir un nuevo edificio.

Proceso de funcionarización

Con respecto al proceso de funcionarización que está impulsando el Principado y que, en principio, excluye de la función socioeducativa a todos los trabajadores que no posean el título de educador social, Peláez ha afirmado que la Consejería está negociando con los representantes de los trabajadores para llegar a «una solución negociada» que sea «compatible con la ley».

A este respecto, ha asegurado que su departamento respeta «al máximo» la posición de los trabajadores y se ha mostrado convencido de que con «voluntad de diálogo» se llegará a una solución que «garantice el funcionamiento del centro de Sograndio», informa Efe.