El gobierno de Foro y PP ha dado ahora marcha a atrás respecto a los casos de Cimadevilla y La Arena
22 feb 2025 . Actualizado a las 07:56 h.El proceso para empezar a declarar las primeras zonas tensionadas en Asturias ya está en marcha, en principio con la implicación de seis concejos y siendo los dos primeros distritos de Gijón, La Arena y Cimadevilla. Sin embargo, este mismo viernes el gobierno municipal de la villa, en manos de Foro y PP, daba marcha atrás y aseguraba que no asumiría medidas «regulatorias e intervencionistas» para actuar sobre el mercado de la vivienda.
La cuestión es que desde la Consejería de Vivienda se ha destacado por activa y por pasiva su intención de llevar a cabo el proceso de declaración de zonas tensionadas siempre con un consenso y acuerdo con los ayuntamientos, buscando evitar cualquier enfrentamiento, dado que la declaración de zona tensionada requiere que se ponga en marcha en el distrito señalado un plan de actuación de tres años, que puede ser un control de precios, pero también la cesión de suelo o edificios municipales para vivienda, por lo que la colaboración entre administraciones es muy relevante.
¿Qué hará ahora la Consejería de Vivienda? Fuentes del departamento explicaron a La Voz de Asturias que «la Consejería sigue con los trámites ya iniciados cuando recibió el acuerdo plenario. Ahora empezaremos con los informes que se harán en cada una de la zonas que de van a declarar, tal como establece la ley. Más adelante trabajaremos con los ayuntamientos para ir viendo las medidas correctoras que se detecten».
El departamento, en manos de IU-Convocatoria por Asturias, ha insistido mucho en que tratará de evitar los enfrentamientos con los consistorios en este punto, pero Gijón puede terminar por abocarles a un choque.
La declaración de las zonas tensionadas en Gijón es un episodio singular. La iniciativa partió de la oposición, de PSOE e IU, y salió adelante gracias a la abstención de los partidos que conforman el gobierno local (Foro, PP y al comienzo de la legislatura Vox, que luego fue expulsado) y sólo señalaba dos barrios: Cimadevilla (que acumula una de las mayores concentraciones de pisos turísticos de Asturias) y La Arena. Pero el informe en el que se basa el Principado para marcar qué barrios podrían entrar dentro de la definición de zona tensionada (fundamentalmente con el requisito de un alquiler supere en el 30% la renta media de los habitantes del barrio), concluía que toda la ciudad de Gijón, todo su casco urbano, ya cumplía los requisitos para ser declarada zona tensionada.
Lo que afirmó este viernes el portavoz del Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, es que la declaración de zonas tensionadas «requiere de la elaboración de numerosos informes» para tener un diagnóstico real de la situación, y esos informes «no están elaborados». En este sentido, calificó de «aventurado anunciar esa declaración» restando valor a «un informe inicial» del Principado que, a su juicio, «no es suficiente para declarar ninguna zona tensionada». Martínez Salvador añadió que el consistorio «está dispuesto» a negociar con la consejería, pero no a asumir «cualquier medida» e insistió en que imponer topes a los precios del alquiler o establecer «medidas regulatorias e intervencionistas» no está en los planes del gobierno de Gijón.
La oposición del gobierno de Foro y PP es la primera piedra en un camino que empezaba a tomar velocidad a comienzos de este mes de febrero, con el horizonte de tener aprobadas las primeras zonas tensionadas de Asturias antes de que acabe el año.
El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, explicó en el parlamento autonómico que los primeros distritos serían la Arena y Cimadevilla, en Gijón, La Felguera, en Langreo, el Quirinal, Valgranda, la Villa, Sabugo, las Meanas, el Carballedo y la Magdalena, en Avilés; en Llanes, Posada, Barro, San Roque, Poó, Celorio y Nueva. A ellas se suma ahora Luanco, en el Concejo de Gozón y Carreña, Poó y Arenas, en el Concejo de Cabrales.
Pero la declaración de una zona tensionada debe ir acompañada de un plan de acción a tres años que aborde las deficiencias detectadas en el mercado del alquiler. Es decir, los ayuntamientos que soliciten esta declaración deben presentar un plan detallado junto con un cronograma que establezca las fases de implementación de las medidas propuestas.
Desde la Consejería se explicó que ese plan debe orientarse a corregir los desequilibrios mediante acciones en distintos ámbitos. Entre ellos, se destacan la colaboración entre administraciones y el sector privado para impulsar la oferta de vivienda asequible, la implementación de ayudas específicas o medidas de financiación para contener o reducir los precios de alquiler y venta, así como la aplicación de incentivos fiscales.
Asimismo, se subrayó la importancia de la cooperación con los ayuntamientos, ya que algunas de las medidas podrían incluir la construcción de nuevas viviendas, lo que requeriría la cesión de suelo municipal. Del mismo modo, en caso de optar por la rehabilitación de propiedades municipales, sería imprescindible el respaldo de los consistorios para facilitar su desarrollo.