Anulan una sanción de 600 euros porque la Administración dejó parado el caso demasiado tiempo y la infracción prescribió
ASTURIAS
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias revoca la multa impuesta por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico
09 feb 2025 . Actualizado a las 05:00 h.En ocasiones la Administración española también es víctima del exceso de burocracia que sigue existiendo en este país. Al menos así parece que ha sido en el caso de una sanción de 600 euros que no llegará a cobrarse nunca porque el organismo que la impuso, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), tardó más de la cuenta en resolver el expediente infractor. El asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que en una reciente sentencia anula la multa de 600 euros porque la infracción ya había prescrito cuando la CHC resolvió el expediente sancionador.
Aunque los hechos tuvieron que motivaron la sanción tuvieron lugar en Navarra, el caso acaba en manos del Tribunal Superior de Justicia de Asturias porque es el que tiene jusridicción sobre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que tiene competencias sobre las cuencas hidrográficas de las comunidades del norte.
Trágico accidente de tráfico
El caso está relacionado con un accidente de tráfico en el que una persona fallecía al salirse de la vía y caer el vehículo que conducía a un río. El trágico siniestro tuvo lugar en julio de 2022. Casi dos semanas después, un ciudadano denunció en la Guardia Civil que el vehículo seguía en el río y que además del olor a gasoil, se observaban vertidos en el agua.
A los pocos días, cuando el Seprona y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico inspeccionaron la zona, el vehículo ya había sido retirado pero quedaban residuos de lo que transportaba el vehículo que podían constituir «riesgo de contaminación de las aguas».
Esto motivó que el Seprona presentara una denuncia ante la CHC contra la empresa propietaria del vehículo y la compañía aseguradora. En noviembre, la CHC abrió un expediente sancionador y en febrero de 2023 se propuso una sanción de 600 euros —la presencia de residuos en el cauce de un río incumple la Ley de Aguas— y la obligación de retirar los residuos contaminantes del río en 15 días. Dentro del plazo para presentar alegaciones, la compañía aseguradora del vehículo lo hizo el 10 de marzo de 2023.
La CHC dictó la resolución sancionadora el 27 de octubre. Fueron más de siete meses sin actividad por parte del organismo público y, cuando por fin se resolvió el caso, ya era demasiado tarde y la infracción había prescrito. Según la ley de Régimen Jurídico del Sector Público, si un procedimiento sancionador queda paralizado durante más de un mes, el plazo de prescripción se reinicia y empieza de cero.
En este caso, se trataba de una infracción leve que según esa misma ley tiene un plazo de prescripción de seis meses. La paralización fue de más de siete meses y cuando llegó la resolución sancionadora la infracción ya había prescrito. La compañía aseguradora la recurrió el noviembre de 2023 ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que en una larga sentencia anula la multa de 600 euros por prescribir la infracción pero mantiene la obligación de retirar los residuos contaminantes del vehículo siniestrado, que habían quedado en el río desde el verano de 2022, en un plazo de 15 días.
Esto último debido a que el tribunal considera que se debe cumplir con la obligación de restituir el estado original del dominio público hidráulico, que tiene un plazo de prescripción mucho más amplio que los procedimientos infractores, de 15 años.