El eurodiputado socialista Jonás Fernández calificó de «nefasta» para la industria asturiana la iniciativa de los populares
30 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Finalmente, la Comisión Europa, y además en un fecha fundamental ya que este miércoles presentaba su 'Brújula competitiva' para el continente, ha rechazado la propuesta del Partido Popular Europeo de demorar por dos años el despliegue del Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM), el conocido como arancel ambiental, que fue diseñado para proteger la producción de acero en Europa frente a terceros países.
El arancel ambiental cuenta con un amplísimo y transversal apoyo en Asturias, y desde que el PP Europeo lanzara su propuesta de demorarlo, se han sucedido las críticas, no sólo de los partidos y sindicatos, sino de las patronales, que lo consideran una medida crucial para la economía regional. De hecho, María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), afirmó que «es necesario encontrar una solución urgente, como venimos reclamando desde hace tiempo, para evitar la competencia de productos foráneos que nos están afectados por costes ambientales». «De lo contrario, la industria pesada huirá de Europa»
El anuncio de la Comisión se ha producido en el marco de la presentación de su esperada Brújula Competitiva, un documento estratégico adelantado por la presidenta Ursula von der Leyen en su discurso de investidura. Este plan recoge las principales iniciativas del Ejecutivo comunitario para reforzar la productividad en la Unión Europea y subraya la importancia de garantizar un terreno de juego equilibrado para las empresas del continente, especialmente en el sector industrial.
En este contexto, Bruselas ha defendido el papel central del CBAM y ha propuesto incluso su fortalecimiento. «Es necesario reforzar este mecanismo para prevenir las fugas de carbono y asegurar un mayor impacto en la competencia internacional», ha señalado el vicepresidente de la Comisión responsable del plan, Stéphane Séjourné.
El eurodiputado asturiano Jonás Fernández ha valorado positivamente la decisión de la Comisión Europea de mantener el calendario de aplicación del Mecanismo de Ajuste por Carbono en Frontera (CBAM) y ha criticado la propuesta del Partido Popular de retrasarlo. Fernández, que en diciembre mantuvo una reunión con el vicepresidente de la Comisión, Stéphane Séjourné, para abordar este y otros asuntos, ha destacado el esfuerzo realizado en los últimos días para frenar el intento de aplazamiento.
«Durante los últimos días hemos estado trabajando intensamente para que la Comisión mantuviera el compromiso aprobado por los dos co-legisladores. Como he ido repitiendo desde que conocimos la propuesta del PP, es una nefasta idea para nuestra industria y celebro que la Comisión así lo considere también», ha manifestado el eurodiputado socialista a través de un comunicado.
Pese a la resolución favorable de la Comisión, Fernández ha alertado sobre las dificultades que pueden surgir durante el proceso de revisión del CBAM y la presión que podría ejercer el Partido Popular en el debate político europeo. «No somos ingenuos respecto a la postura que adoptará el PP de aquí en adelante y de su capacidad de presión en el contexto político actual. Por eso sigue siendo clave que todos aquellos que estamos involucrados en garantizar un futuro para la industria en Asturias continuemos trabajando juntos durante los próximos meses», ha señalado.
De este modo, la decisión del Ejecutivo comunitario se alinea con la postura de los agentes sociales, ya que la propuesta de retraso impulsada por el PP también había sido rechazada por sindicatos y organizaciones empresariales de los sectores afectados. En lugar de postergar su aplicación, la Comisión ha planteado una revisión del CBAM a lo largo de este año, con el objetivo de analizar la posible ampliación de su ámbito de aplicación a otros sectores y productos derivados, así como la introducción de medidas para mitigar el impacto en las exportaciones europeas.
En concreto, el anuncio del PP recibió fuertes criticas de las patronales del acero y del cemento, dos sectores además con un gran peso en la economía asturiana. Así, desde EUROFER, la unión de patronales del acero, urgió a no demorar más la aplicación del arancel ambiental a la par que reclamaban extender el mecanismo a consumidores del acero ya que, a su juicio, sin estas iniciativas no se «proporcionará una protección adecuada contra la fuga de carbono e incluso incentivará aún más la reubicación de la producción hacia países terceros, afectando tanto al sector del acero como a los sectores relacionados. Lo más importante es que estos cambios deben implementarse este mismo año, mucho antes del inicio definitivo del período en 2026».
Por su parte, CEMBUREAU, la asociación de la industria europea del cemento, emitió un comunicado en el que afirmó que, pese a que veían con buenos ojos reformas y mejoras en el arancel, «un retraso de dos años en la implementación del mecanismo sólo generaría riesgos importantes para las inversiones en descarbonización en curso en la UE y para la competitividad general del sector cementero, que ha enfrentado un aumento en las importaciones en los últimos años». El comunicado de la patronal del cemento añade que el arancel ambiental «no agrega cargas burocráticas para los productores europeos. Por el contrario, consiste en reflejar los requisitos del Régimen de Comercio de Emisiones de la UE, al que todos los productores europeos de bienes sujetos al CBAM están obligados hoy en día, con el fin de garantizar condiciones equitativas entre los bienes producidos dentro y fuera de la UE».
El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono tiene distintas fases, en la vigente hay una margen de maniobra amplio para las compañías a la hora de calcular las emisiones implícitas en las importaciones durante la fase transitoria, pero a partir del 1 de enero de 2025 ya sólo se acepta el método de la UE «y las estimaciones (incluidos los valores por defecto) solo podrán utilizarse para mercancías complejas si estas estimaciones representan menos del 20 % del total de las emisiones implícitas».
El arancel al CO2, diseñado para penalizar a los importadores de productos contaminantes, ha sido criticado por su complejidad administrativa. Aunque está en fase de recopilación de datos y se aplicará de pleno a partir de 2026, el Partido Popular Europe proponía limitar su alcance a las grandes empresas con más de 1.000 empleados, eximiendo a las pequeñas y medianas empresas y reduciendo las obligaciones informativas de las grandes compañías en un 50%