El grupo europeo propone un retraso de dos años en el mecanismo para proteger el acero continental, los socialistas califican la propuesta de «extemporánea» y negativa para Asturias
23 ene 2025 . Actualizado a las 09:46 h.El nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó ya en el segundo día se su segundo mandato, su intención de imponer aranceles a productos de la UE. En las instituciones comunitarias, sus dirigentes han tratado de moverse con cautela y; sin embargo, lo esperable es que haya medidas de réplica semejante. O no. Lo cierto es que la UE ya tenía preparado su arancel ambiental (para proteger la producción de acero europea) que tiene un complejo despliegue que arrancó este mes de enero pero ahora el grupo popular europeo ha planteado retrasar dos años la implantación de esta medida.
A preguntas de este periódico, la eurodiputada del PP, Susana Solís, aseguró que su grupo aún defiende el arancel ambiental pero «debemos asegurar su eficacia al 100 % antes de su entrada en vigor en 2026». Solís añadió que «a partir de su introducción en 2026 se retirarán progresivamente las compensaciones de costes indirectos por CO2 y de asignaciones gratuitas de emisiones. Es decir, se eliminarán estas ayudas imprescindibles, lo que supondrá costes millonarios para nuestra industria».
En este sentido, la eurodiputada insistió en el que el sector del acero sufre graves problemas de deslocalización y que «terceros países productores están dirigiendo a Europa su pequeña parte de producción limpia, pero siguen manteniendo una enorme producción de acero altamente contaminante para el resto el mundo ». A lo que añadió que «debemos ser pragmáticos y actuar de la mano de la industria. La realidad es que las inversiones en descarbonización se han parado porque no son rentables. Lo hemos visto con la planta de DRI en Arcelor o la inversión de hidrógeno verde de Fertiberia porque no hay demanda de acero verde ni de hidrógeno verde. Y, por tanto, es clave dar a la industria la flexibilidad necesaria para adaptarse y para que tecnologías como el hidrógeno verde puedan llegar a ser viables a nivel industrial con precios competitivos».
Este anuncio cayó como jarro de agua fría en Asturias, dado que en su industria tienen un gran peso tanto el acero como el cemento (dos productos directamente afectados por el dumping extracomunitario) y el arancel ha sido defendido por partidos y agentes sociales (tanto sindicatos como patronal) para proteger empresas cruciales en la comunidad. El eurodiputado socialista Jonás Fernández indicó que puede encontrar comprensible que los conservadores quieran menos regulaciones pero también destacó su sorpresa al ver el documento del PP europeo; «ha sido muy sorpresivo, ir más allá de la regulación, y proponer un retraso. Es una propuesta totalmente extemporánea y desde el grupo socialista en la Comisión trabajaremos para que no sea así».
El arancel es un mecanismo muy complicado porque es muy difícil evaluar el carbón emitido por las compañías, por eso se ha desplegado por fases, en este enero de 2025 ha comenzado la transición para esa contabilización y el despliegue completo debería arrancar el año próximo. Desde Asturias se espera con mucho interés el arancel porque de forma reiterada ArcelorMittal ha llevado a parar la producción por la entrada de acero barato desde Turquía y China (sin cumplir normativas ambientales y a menudo haciendo dumping). En este sentido, Fernández apuntó que «retrasarlo lo único que hace es perjudicar la competitividad de nuestra industria, dificultar aún más las inversiones necesarias para garantizar una industria sostenible en Europa y además es una estrategia contraria a la que Europa debe seguir viendo lo que está pasando a nuestro alrededor».
¿Por qué el PP europeo ha hecho esto? Distintas fuentes pusieron el foco en el peso que haya podido tener el lobby de la industria del automóvil, que es compradora de acero, para tener material más barato. La industria automovilística europea pasa por momentos muy complicados y corre un riesgo muy serio de quedar completamente desfasada en el ámbito de los coches eléctricos. El documento del grupo popular europeo, al que ha tenido acceso este diario, considera que «la regulación y burocracia excesivas se han convertido en una razón clave para que la productividad de la UE siga quedando atrás respecto a EE. UU. y China» y en el listado de reformas señala explícitamente: «La regulación de la taxonomía y el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM) deberían suspenderse al menos dos años. Durante ese tiempo, una regulación general debería limitar el alcance de estas leyes a las empresas más grandes con más de 1000 empleados, eliminar el efecto indirecto sobre las pymes, alinear las superposiciones legislativas que actualmente conducen a reportes duplicados y reducir significativamente las obligaciones de reporte para las grandes empresas en al menos un 50 %».
Críticas de la patronal del acero y el cemento
Las reacciones no se hicieron esperar, y no sólo las políticas. CEMBUREAU, la asociación de la industria europea del cemento, emitió un comunicado en el que afirma que, pese a que ve con buenos ojos reformas y mejoras en el arancel, «un retraso de dos años en la implementación del mecanismo sólo generaría riesgos importantes para las inversiones en descarbonización en curso en la UE y para la competitividad general del sector cementero, que ha enfrentado un aumento en las importaciones en los últimos años».
El comunicado de la patronal del cemento añade que el arancel ambiental «no agrega cargas burocráticas para los productores europeos. Por el contrario, consiste en reflejar los requisitos del Régimen de Comercio de Emisiones de la UE, al que todos los productores europeos de bienes sujetos al CBAM están obligados hoy en día, con el fin de garantizar condiciones equitativas entre los bienes producidos dentro y fuera de la UE».
Por su parte, desde EUROFER, la unión de patronales del acero, se señaló en un comunicado que «los fabricantes de acero europeos han estado sujetos al Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS, por sus siglas en inglés) desde su inicio en 2005, lo que los expone a un precio del carbono unilateral que recientemente ha alcanzado aproximadamente 75 €/t CO2. Mientras tanto, se importan anualmente más de 25 millones de toneladas de acero (alrededor del 20 % de la producción de la UE) desde países terceros sin ningún costo de carbono. Por lo tanto, el lanzamiento planificado del Mecanismo de Ajuste en la Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) en 2026 es urgentemente necesario para prevenir la fuga de carbono y respaldar la inversión en descarbonización del acero en Europa anunciada en los últimos año».
En este sentido urgieron a no demorar más la aplicación del arancel ambiental, y que sin medidad evitar la elusión además de extender el mecanismo a consumidores del acero no se «proporcionará una protección adecuada contra la fuga de carbono e incluso incentivará aún más la reubicación de la producción hacia países terceros, afectando tanto al sector del acero como a los sectores relacionados. Lo más importante es que estos cambios deben implementarse este mismo año, mucho antes del inicio definitivo del período en 2026».
Y añade «retrasar su implementación o lanzarlo sin las mejoras necesarias erosionaría aún más la competitividad de la industria siderúrgica europea».