El eurodiputado socialista Jonás Fernández denuncia que se trata de la «peor idea para la competitividad de nuestro sector industrial»
21 ene 2025 . Actualizado a las 19:54 h.El Partido Popular Europeo (PPE), el grupo mayoritario en el Parlamento Europeo, ha solicitado la eliminación de los objetivos comunitarios en energías renovables y la suspensión de las normas sobre información en la cadena de suministro. La propuesta, según aseguran, busca estimular la economía de la Unión Europea, que atraviesa un período de estancamiento. En esa iniciativa está un retraso por dos años del arancel ambiental, una medida destinada a proteger la producción de acero en el continente y que cuenta con un amplio respaldo, tanto entre sindicatos como patronal, en Asturias.
De hecho el eurodiputado socialista Jonás Fernández, ha denunciado que se opondrá a esta iniciativa de los populares afirmando que «no puede haber peor idea para la competitividad de nuestro sector industrial».
Los líderes conservadores del PPE, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y destacados dirigentes como Friedrich Merz (CDU/CSU), Kyriakos Mitsotakis (primer ministro de Grecia), Petteri Orpo (primer ministro de Finlandia) y Alberto Núñez Feijóo (líder del Partido Popular español), se reunieron el pasado fin de semana en Berlín. En el encuentro, consolidaron alianzas estratégicas y mostraron un respaldo firme a Merz, favorito para las elecciones alemanas de febrero.
En su declaración conjunta, el PPE defendió una «agenda ambiciosa de desregulación y simplificación burocrática». Entre sus propuestas más destacadas está suspender durante al menos dos años las normativas que obligan a las empresas a rastrear y eliminar prácticas como el trabajo infantil en sus cadenas de suministro, además de suavizar la taxonomía de finanzas verdes y el nuevo arancel al carbono en la importación de productos como acero y cemento, conocido como CBAM.
El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono tiene distintas fases, en la vigente hay una margen de maniobra amplio para las compañías a la hora de calcular las emisiones implícitas en las importaciones durante la fase transitoria, pero a partir del 1 de enero de 2025 solo se aceptará el método de la UE «y las estimaciones (incluidos los valores por defecto) solo podrán utilizarse para mercancías complejas si estas estimaciones representan menos del 20 % del total de las emisiones implícitas».
El arancel al CO2, diseñado para penalizar a los importadores de productos contaminantes, ha sido criticado por su complejidad administrativa. Aunque está en fase de recopilación de datos y se aplicará de pleno a partir de 2026, el PPE propone limitar su alcance a las grandes empresas con más de 1.000 empleados, eximiendo a las pequeñas y medianas empresas y reduciendo las obligaciones informativas de las grandes compañías en un 50%.
Aunque el PPE asegura mantener su compromiso con los objetivos climáticos de la UE y el sistema de comercio de emisiones (ETS), apuesta por eliminar los objetivos obligatorios de energía renovable, establecidos en la «ola verde» de 2019. Según el grupo, es necesario replantear las prioridades europeas para favorecer el crecimiento económico y aliviar la carga regulatoria sobre el sector empresarial.