El Colegio Profesional de la Educación Social afirma que «ni un solo trabajador fijo en puestos de educador será despedido» en Asturias
ASTURIAS
La entidad colegiada explica que la entrada de personas sin titulación específica a puestos de Educador Social, permitido hasta la fecha, «ha desplazado a muchos de estos profesionales» a otras categorías de la propia Administración asturiana, a los ayuntamientos y a entidades del Tercer Sector
14 ene 2025 . Actualizado a las 11:26 h.Educadores y auxiliares de centros de menores comenzaban el jueves 9 de enero una serie de protestas contra el plan del Gobierno autonómico para transformar plazas de empleados públicos de naturaleza laboral en plazas de funcionario en el cuerpo de educadores sociales en la oferta pública de empleo de 2024.
Asimismo, denuncian que el 80 por ciento de la plantilla que está trabajando ahora mismo en los centros de la región carece de la titulación de Educación Social, pero sí cuenta con otras afines como Psicología, Trabajo Social, Pedagogía y Magisterio, entre otras.
En esta oferta, aprobada el 31 de diciembre de 2024, el Principado convocaba 99 plazas de Educador Social y 74 de Trabajadora Social. El problema que denuncian los sindicatos es que se exige la titulación de Educador Social para ambas especialidades, por lo que un buen número de personas que llevan un año preparando dicho concurso (el cual fue convocado en diciembre de 2023) no pueden presentarse al no contar con una titulación que no se exigía en la primera convocatoria. Además, explican que el 80% de la plantilla que está trabajando ahora mismo en los centros de la región carece de la titulación de Educación Social, pero sí cuenta con otras afines como Psicología, Trabajo Social, Pedagogía y Magisterio, entre otras.
Ante estas denuncias, el Colegio Profesional de la Educación Social del Principado de Asturias (Copespa) publicaba recientemente un comunicado, ya que, a juicio del colectivo, los Comités de Empresa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y de la Consejería de Hacienda y Fondos Europeos «han realizado declaraciones alejadas de la realidad de los datos y la legislación vigente». Ante estos «graves hechos», se han referido a que los comités afirman «de manera continuada» que exigir la titulación de Educador Social dejará fuera al 80% de quienes trabajan en los centros de menores tutelados, dato que, a su juicio, «carece de rigor y es una mera conjetura de las organizaciones sindicales».
Copespa afirma que en las últimas dos décadas «ha habido un número creciente» de titulados en Educación Social entre los profesionales de la Administración del Principado, algunos de los cuales «ya están ocupando puestos de Educador/a en diversos centros» de la administración autonómica. Desde el colegio se apunta que la entrada de personas sin titulación de Educador Social a puestos de Educador o Educadora Social, permitido hasta la fecha, «ha desplazado a muchos de estos profesionales de la Educación Social a otras categorías de la propia Administración asturiana, a Ayuntamientos y a Entidades del Tercer Sector».
Asimismo, la entidad colegiada afea a los Comités de Empresa faltar a la verdad cuando aseveran que en los centros de menores dependientes de la Consejería de Derechos Sociales trabajan 700 profesionales. El colegio explica que la Resolución de 19 de noviembre de 2024, de Presidencia, por la que se inicia el procedimiento de concurso de traslados regulado en el artículo 40 del V Convenio Colectivo de la Administración del Principado de Asturias (BOPA 26/11/2024), figura la totalidad de puestos de Educador/a, tanto fijos como temporales. «Pues bien, la suma de todos ellos no alcanza los 400 efectivos, incluyendo Educadores/as a tiempo completo, los que están a tiempo parcial (sólo fines de semana y festivos) y los fijos periódicos discontinuos (64 puestos de FPD creados a finales del año 2023 que trabajan entre 3 y 6 meses al año). Y sumando el total de efectivos (fijos e interinos), rondan los 350 puestos de Educadores», afirma Copespa.
En esta línea se advierte de que muchos de los puestos fijos periódicos y en otras situaciones son contratados directamente a través del Servicio Público de Empleo y «son priorizados por los órganos de representación de los Comités de empresa y por los diversos sindicatos ante personas debidamente formadas con titulación universitaria en Educación Social y, por tanto, capacitadas para el mejor desempeño de la profesión».
Una «verdad a medias»
El Copespa señala que la presidenta del Comité de Empresa de la Consejería de Derechos Sociales, Elida Vázquez, dice una «verdad a medias» cuando asegura que «hasta ahora los Educadores que trabajan en menores, acceden con titulaciones como Psicología, Pedagogía, Magisterio o Trabajo Social, es decir, afines a las funciones que van a desempeñar», ya que «cualquier titulación universitaria» da acceso a ejercer como Educador/a en la Administración del Principado.
En esta línea, hay actualmente trabajando en la administración pública, en la categoría Educador/a, «licenciados en Derecho, Ingenieros, Economistas o Graduados Sociales, entre muchos otros perfiles». El colegio considera «paradójico y, por tanto, absurdo e incompatible con la lógica y con el sentido común», que esas y otras titulaciones den acceso a un puesto de Educador/a, «pero un Educador Social titulado no pueda acceder a otros puestos del ámbito social, terapéutico o educativo, como son los puestos de Trabajo Social, Psicología o Magisterio, cuyas funciones se ajustan a los respectivos ámbitos de intervención».
Desde esta entidad colegiada se afirma que la «reciprocidad nunca ha sido una realidad, ya que algunas decisiones han llevado a que, en el Principado de Asturias, la Educación Social pueda ser ejercida sin las garantías que merece». En este contexto consideran «urgente» adaptar la situación a la legalidad vigente, y «procurar la mejor atención a la infancia y adolescencia del sistema de protección y del de justicia juvenil. Los tiempos avanzan y hay que adaptar el sistema a las nuevas necesidades».
El Copespa afirma que ni este órgano colegial ni la Administración del Principado minusvalora a todos esos profesionales, «que en su gran mayoría han demostrado y siguen demostrando su valía», así como su capacidad «de adaptarse a los nuevos tiempos», en el sentido de que «muchos, teniendo plaza fija han realizado estudios para obtener su título en Educación Social», pese a tener ya otro título universitario. Es por eso que «ni esos profesionales ni los que no tienen titulación específica verán peligrar su puesto fijo; no vemos objetivo en la Administración de llevar a cabo esta acción; ni tan siquiera las 50 personas que acaban de estabilizar sin requisito específico de titulación, y que en pocas semanas tomarán posesión de su plaza».
Un imperativo legal
El colegio explica que la Ley de Empleo del Principado de Asturias 2/2023 no es «un capricho de la Administración», sino un imperativo legal en el que el momento presente marca el momento «menos lesivo para introducir la titulación», ya que tras la incorporación a finales del año 2022 de 48 nuevos Educadores/as resultantes del último proceso selectivo para el acceso y tras la estabilización de otros 50 más «sin más criterio de peso que la antigüedad, el número de interinos en la Administración cuando el último grupo formalice contrato en los próximos meses, será la cifra más baja de toda la historia».
Acusa, asimismo, al Comité de Derechos Sociales y Bienestar de «faltar a la verdad» al hablar del despido masivo de personal interino, ya que «ni un solo trabajador fijo en puestos de Educador/a será despedido», algo que «tampoco va a suceder» con el personal interino, ya que la propia naturaleza del contrato establece una duración determinada, por lo que «cesarán en sus respectivos puestos como siempre ha sucedido hasta ahora, es decir, cuando finalice la causa que los motivó o cuando se produzca la provisión definitiva del puesto», algo que tampoco sucederá simultáneamente, «sino de manera escalonada».
El colegio estima que Elida Vázquez «vuelve a faltar a la verdad cuando expresa que el personal fijo que queda a extinguir no podrá prácticamente tener movilidad y el personal temporal «se va a la calle». En este sentido, según el Comité, el 80% de los Educadores fijos no tienen la titulación de Educador Social que les permitiría funcionarizarse. El Copespa afirma no entender estas afirmaciones «porque de los más de trescientos efectivos, sólo accederían el 20%, luego el problema de movilidad lo tendrán los titulados». La entidad colegiada apunta que existen en la Administración del Principado otros colectivos «muy por debajo» en cifras que los Educadores, tales como Psicólogos y Trabajadores Sociales, cuyos efectivos están divididos en funcionarios y laborales «y nunca ha supuesto un problema la movilidad».
Afirma que este proceso de regulación el Principado tampoco ha tenido en cuenta a los Auxiliares, que seguirán siendo personal laboral «y que no tendrán posibilidad de acceder a una categoría superior ni a una promoción interna». Los y las Auxiliares Educadores laborales, «como cualquier otro colectivo profesional al amparo del vigente V Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la Administración del Principado de Asturias, puede y va a seguir pudiendo promocionar al grupo de titulación inmediatamente superior». Explica que lo que no será posible es dar un salto de 2 categorías sin la titulación requerida. La entidad concluye considerando «un acto poco responsable» por parte de algunos sindicatos que conforman el Comité de Bienestar, «que hace más de un año que dicen defender los intereses de los trabajadores hayan ofertado cursos de formación para las oposiciones de Educador/a a todo tipo de perfiles formativos, ignorando que la Ley de Empleo 2/2023 es imperativo legal».