Aumenta la tensión por la mina de oro de Salave: EMC valora «opciones legales» tras el informe negativo de Tapia
ASTURIAS
Exploraciones Mineras del Cantábrico lamenta que el Ayuntamiento «no haya tenido en cuenta el interés público de un proyecto valorado en 3.000 millones de euros»
13 ene 2025 . Actualizado a las 14:06 h.Continúan los roces por la tramitación del proyecto de la mina de oro de Salave. La dirección de Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), empresa española que promueve el desarrollo del proyecto industrial minero de Salave, tras analizar el informe emitido por el Ayuntamiento de Tapia, por el que se deniega la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de suelo agrario a minero, se muestra «muy sorprendida de que no haya ningún fundamento legal en el mismo». A través de un comunicado, la compañía ha lamenado que el informe no contenga «ni valoración socio-económica del interés público ni valoración ambiental, que respalde la resolución, adoptada por mayoría en el Pleno, celebrado el pasado 29 de noviembre en el Ayuntamiento». Además, han anunciado que estarán «obligados» a «considerar todas las opciones legales a su disposición».
Conviene recordar que el suelo para el que se pide la nueva calificación de uso minero está situado detrás del polígono industrial del Cortaficio, limita con una gasolinera, con un Karting y con la autopista A-8. Es ahí donde la filial española de Black Dragon Gold propone situar las naves industriales que albergarán las instalaciones de la mina y la bocamina para explotar el yacimiento Salave. Se trata, según incide la compañía en su comunicado, de «unas concesiones mineras adjudicadas a EMC desde hace más de 40 años y que no fueron incorporadas al PGOU en 2016, cuando fue aprobado». «Es importante resaltar que todos los terrenos que requieren una modificación puntual para llevar a cabo el proyecto son susceptibles de ser modificados y clasificados para uso minero, de acuerdo con el PGOU vigente actualmente, como así se reconoce en una sentencia del Supremo del 20 de enero de 2017, que sienta jurisprudencia», añaden.
La tensión respecto a la tramitación es creciente y en en este contexto desde EMC añaden que se trata de «una situación atípica legalmente en el ordenamiento jurídico», señalando además que «el oro es considerado, por Real Decreto, mineral prioritario para el Estado español y que la UE presiona a los países miembros para potenciar la minería europea para no depender de terceros, que además no cumplen los estandartes medioambientales exigidos en la Unión».
«Indiferencia ante el interés público» del proyecto
Una de las principales quejas de EMC pasa por el interés público de la mina de oro de Salave. En su comunicado, la compañía explica que «sorprende además que, más allá de las opiniones personales, los servidores públicos que valoraron y tomaron esta decisión no hayan tenido en cuenta el interés público de un proyecto valorado en 3.000 millones de euros, que va a crear más de 1.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en un concejo con 3.579 habitantes que ha perdido un 17% de la población en los últimos 20 años (746 habitantes), según los datos del Instituto Nacional de Estadística, con fecha de noviembre de 2024.»
De acuerdo a los mismos datos, EMC argumenta que «un 71% de los habitantes se mueve en la franja de edad de los 40 a los 85 años y un 40% son mayores de 60 años. De los 1.002 vecinos afiliados a la Seguridad Social: 13 están en el régimen agrario, 31 en el de la mar, el resto de cotizantes o están en el régimen general (532) o son autónomos (387)». «Todas estas actividades, obviamente, no solo no son perfectamente compatibles con el trabajo que generará el proyecto, sino que puede complementarlas y ser un tractor para ayudar a asentar población fija, no ocasional como la que crea el turismo estacional, que se concentra los dos meses en verano», explican en su comunicado, donde aseguran que «el alcalde de Tapia se haya negado a reunirse con la empresa y a comenzar la tramitación del proyecto».