El despliegue del Ingreso Mínimo Vital estatal empeora los resultados del Salario Social asturiano
ASTURIAS
En el balance de la prestación se ha reducido tanto la cobertura como la cuantía que se concede en el Principado
08 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Los gobiernos de Asturias lucieron como una de sus joyas del estado del bienestar, el pionero lanzamiento del Salario Social, nada menos en 2007 cuando prestaciones de este tipo eran muy infrecuentes en las comunidades autónomas. De hecho, restando a las forales, País Vasco y Navarra, con unas prestaciones a años luz del resto de territorios tanto en cobertura (a cuántas personas en situación de pobreza llega) ya cuantía (el monto de la ayuda), Asturias fue durante más una década la comunidad del régimen común más destacada. Ya no lo es.
La pasada legislatura el ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidad Podemos lanzó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llamado a sustituir, o completar al menos, las prestaciones autonómicas, e igualar las situaciones de los distintos territorios. No lo hizo sin dificultades en Asturias (hubo de hecho roces con el Ministerio por la manera en el que el Principado trató de agilizar los trámites de esa transición) pero sobre todo el Ejecutivo regional vio con gran alivio la iniciativa contando descargar de sus arcas un cargo que rondaba los 100 millones de euros anuales y con la promesa de destinar así más partidas a reforzar las carencias de la Ley de Dependencia. Pero el último Informe de la Situación y evolución de las Rentas Mínimas de Inserción en España, dado a conocer este martes por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, revela que en Asturias han empeorado tanto la cobertura como la cuantía, si antes destacaba respecto al conjunto de comunidades, ahora roza la mediocre media estatal.
En el caso concreto de la cobertura, el desplome es relevante. Todavía en el 2022, Asturias se mantenía como la principal comunidad del régimen común, llegando al 22%, pero el año pasado sus porcentajes cayeron al 6%, apenas un décima por encima del 5,9% de la media estatal, una distancia residual.
En lo que atañe a la cuantía, la evolución también ha llevado a Asturias a coincidir con la media estatal aunque ha sido así por la mejora de las condiciones del IMV. De forma habitual a lo largo de los últimos años, la cuantía asturiana se encontraba unos dos o tres puntos por encima de la media estatal pero ahora prácticamente son iguales.
Por último, respecto a los fondos destinados a las prestaciones, en Asturias también ha habido un descenso, no es extraño porque este era el propósito declarado, o uno de los más relevantes de ellos al menos, cuando se aprobó la prestación estatal: aliviar las cargas presupuestarias de las comunidades. Desde luego ha sido así en el caso del Principado: el pico de gasto llegó con unos 120 millones de euros en 2018 y luego fue descendiendo hasta por debajo del 80 millones registrados en 2023, según este informe.
Los datos nacionales
El informe señala que en los tres últimos años -desde la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV)-, se han perdido casi uno de cada tres beneficiarios de las rentas mínimas (RMI) y que 13 comunidades han reducido su gasto en este apartado, entre ellas Asturias.
En cuanto al número de beneficiarios, en cinco comunidades ni siquiera alcanzan al 2 % de las personas bajo el umbral de la Pobreza: Castilla y León (1,7 %), Murcia (1,2 %), Madrid (0,8 %) Andalucía (0,7 %) y Castilla La Mancha (0,3 %); y en Aragón la cuantía media no llega al 1 % de la renta media de la comunidad.
Por el contrario, en País Vasco y Navarra la rentas de inserción llegan al 51,2 % y al 38,2 %, respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza.
Respecto al gasto, Aragón (-96,2 %) y Madrid (-91,1 %) lideran la reducción y les siguen Castilla-La Mancha (-82,2 %), Castilla y León (-69,7 %), Andalucía (-65,4 %) y La Rioja (-64,5 %), mientras en el otro extremo Canarias ha aumentado su presupuesto un 103 %, Baleares un 74,7 %, la Comunidad Valenciana un 18,6 % y País Vasco un 4 % (con datos de 2023).
La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 15,9 % de la renta media por hogar, pero en Baleares alcanza el 36,4 %; en Cataluña (18,3 %), Canarias (17,9 %), Asturias (16,5 %) y la Comunidad Valenciana (15,2 %) se sitúa alrededor de la media; Murcia (9 %) y Madrid (9,1 %) están claramente por debajo y el caso más extremo, como dice el informe, es el de Aragón, que se queda en el 0,7 %.
La reducción de los presupuestos de las RMI en la mayor parte de las Comunidades, supone que, en los tres años desde la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, se quiebre la tendencia al alza que se registraba desde 2011, con una pérdida global de 320 millones de euros.
Los directores y gerentes de servicios sociales argumentan que pobreza y exclusión social son conceptos diferentes y que la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) hubiera sido la oportunidad de destinar los recursos de las rentas mínimas de las comunidades a implementar políticas y actuaciones eficaces de inclusión social, más allá de la aportación de recursos económicos a personas con rentas bajas; según recogió EFE.