Asturias clama por una agilización de los trámites, un problema en el que están de acuerdo todos los sectores sociales y que se pretende atajar con una nueva ley
01 ene 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Es una reclamación recurrente tanto de las empresas como de los ciudadanos de a pie: la burocracia es necesaria, pero funciona mal. Es lenta e ineficiente, gasta mucho y produce poco. Y como viene siendo un clamor, el presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, anunció este año que pondría en marcha (quizá en 2025) una norma para agilizar los trámites y atraer inversiones.
El Gobierno asturiano aprobó ya el proyecto de Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER), que debería aplicarse el próximo año y con la que se pretende captar empresas de más de 100 trabajadores o que vayan a invertir más de 30 millones de euros, requisitos que se rebajan a la mitad si optan por hacerlo en municipios en riesgo de despoblamiento.
Los empleos deberán ser directos e indefinidos y a jornada completa, pero también deberán mantenerse como mínimo durante tres años desde el inicio de la actividad empresarial para beneficiarse de la PIER, que especifica también que el monto de la inversión debe llevarse a cabo en menos de dos años. Esta ley acortará plazos y suprimirá burocracia en los proyectos que cumplan esos requisitos con el fin fortalecer la competitividad del Principado a la hora de captar iniciativas empresariales que se consideren claves.
El Ejecutivo autonómico será el encargado de declarar los PIER, que gozarán de un impulso preferente ante las administraciones y prioridad para acceder a todas las herramientas de apoyo económico y financiero del Principado. En concreto, el período máximo para resolver será de tres meses desde la presentación de la solicitud de iniciativas que deben encuadrarse en alguno de los siguientes criterios: que promuevan el desarrollo económico, social y territorial; generen o mantengan empleo estable y de calidad; produzcan un impulso territorial más sostenible, digital, descarbonizado, competitivo e integrador; o generen o amplíen cadenas de valor añadido.
La implantación de nuevas actividades económicas o refuerzo de las existentes que aporten valor añadido en sectores productivos, con alto potencial innovador y desarrollo tecnológico o las inversiones en cualificación del capital humano, orientada hacia perfiles profesionales en una industria sostenible, digital, competitiva, inclusiva y con perspectiva de género también serán tenidas en cuenta.